La UNAM deployó sin reglas; ahora corre sin opciones

Hace una semana diagnosticamos aquí que la UNAM deployó sin gobernanza. La UNAM ya respondió. Y esa respuesta revela exactamente qué significa no tener gobernanza cuando llega una crisis. La institución tiene hasta el 31 de agosto para que 191,000 aspirantes sepan en qué universidad estudiarán los próximos años. Eso no es una cifra arbitraria. Es la línea de quiebre del calendario escolar 2026-2027/1. Esta semana la UNAM cambió el inicio de clases de nuevo ingreso del 17 al 31 de agosto. Un retraso de dos semanas que se siente como un lujo cuando en realidad es un apretón. La presión es real. Las decisiones que la UNAM está tomando ahora —examen presencial, nuevas sedes, cronograma comprimido— tienen un propósito legítimo: resolver rápido.

Pero aquí está lo incómodo: la UNAM no está corriendo rápido porque sea la mejor manera de gobernar la admisión. La UNAM está corriendo porque no tiene opciones. Y no tiene opciones porque hace meses, cuando todavía había tiempo, eligió deployar un examen de supervisión remota con inteligencia artificial sin haber construido antes la gobernanza institucional que permitiera hacerlo responsablemente.

El error no está en julio. Está en abril. En algún momento de esa primavera, alguien en la rectoría decidió: «Vamos a aplicar un examen remoto con supervisión de la IA a casi 200,000 aspirantes.» Y mientras tanto, 8 de cada 10 integrantes de la UNAM no sabían qué marco ético operaba esa decisión. No había protocolo claro sobre cuáles decisiones podía soportar la IA. No había comunicación previa a estudiantes. No había tercero independiente para impugnar resultados. No había auditoría pública. Simplemente: deployamos y vemos qué pasa.

Lo que pasó es conocido. Anomalías estadísticas. Puntajes anormalmente altos. Estudiantes denunciando cancelaciones injustas. La UNAM suspendió inscripciones, formó una comisión técnica, la cual recomendó un examen presencial de «control» para verificar resultados. El rector Lomelí aceptó. Ahora la UNAM corre. Pero aquí está la parte que importa: mientras corre presencial para resolver una crisis que es legítima resolver, está perdiendo la oportunidad de construir la gobernanza que debería haber existido antes. Porque cuando tu calendario te deja solo 3 semanas, no tienes tiempo de hacer ambas cosas. Tienes que elegir. Y la UNAM eligió velocidad sobre estructura.

Pregunta concreta: ¿Qué debería haber pasado cuando ocurrieron anomalías en el examen? Con gobernanza: distinguir entre categorías. Un estudiante con ruido de fondo en la casa γ protocolo de ruido legítimo. Un estudiante cuya conexión se cae γ protocolo de desconexión técnica. Un estudiante usando audífonos prohibidos γ protocolo de fraude confirmado. Cada uno tiene respuesta diferente documentada: reprogramación, apelación, investigación. Sin gobernanza: una alerta de IA cancela todo igual, sin distinción, sin protocolo, el estudiante entra en pánico. La gobernanza no elimina ni ruido ni trampas. Pero significa que cuando ocurran, existe un protocolo claro que distingue entre fallo técnico legítimo, comportamiento sospechoso que requiere investigación y fraude confirmado.

Eso es precisamente lo que la UNAM no tenía construido antes de deployar. La decisión de la UNAM de irse por la ruta rápida es comprensible. Pero otras instituciones de educación superior en el país están observando esta película. Y la mayoría está sacando la conclusión equivocada y quizás pensando: «Mejor hacemos exámenes presenciales, no remotos.» O: «La culpa es de la tecnología, no de nuestras decisiones.» Y lo que están perdiendo es el punto real: que si hubieran construido gobernanza antes de desplegar cualquier tecnología —remota, presencial o la que sea—, ahora tendrían margen de maniobra para responder a la crisis sin sacrificar legitimidad. Tendrían protocolos. Tendrían comunicación. Tendrían un tercero independiente que validara decisiones. Tendrían tiempo.

La UNAM está pagando hoy el costo de lo que no hizo en abril. Y ese costo se mide en ciclos escolares retrasados, estudiantes ansiosos y una institución corriendo sin opciones. Pero el diagnóstico para las otras IES mexicanas no es «eviten los exámenes remotos.» Es: «Construyan gobernanza primero, después desplieguen.» Porque la gobernanza no es un lujo. Es lo que te deja con opciones cuando una crisis inevitable llega.

Eso es exactamente lo que el Índice Campus de Gobernanza Universitaria (ICGU) está ofreciendo al ecosistema: una brújula. No un ranking que compare IES entre sí. Sino un espejo que cada institución sostiene ante sí misma y pregunta: ¿Tenemos protocolos antes de desplegar? ¿Sabe nuestra comunidad qué decisiones automatizadas operan? ¿Existe un tercero independiente que valide resultados? ¿Hemos comunicado todo esto antes, o nos enteraremos junto con el público? Porque si la respuesta a la mayoría de estas preguntas es «no», entonces no es una cuestión de tecnología. Es una cuestión de tiempo que se está acabando.

La UNAM aún tiene hasta el 31 de agosto. Pero ese no es el tiempo que importa. El tiempo que importaba era abril. Y ese ya pasó