Una vez formulada la propuesta de la comisión técnica sobre el examen de la UNAM, conocida la renuncia de la secretaria general de la institución y sabido que el rector se siente agraviado, no hay mucho más. No es poco. Pero todavía falta lo esencial: qué ocurrió, por qué ocurrió y cómo se vincula con la renuncia y el agravio.
Por ahora, la atención pública se ha concentrado, y con razón, en la UNAM y la empresa contratada. Sin embargo, tal vez no sea la dimensión más importante del problema. Hay otra dimensión y la destacó la presidenta Claudia Sheinbaum.
En Santo Domingo Tonalá, Oaxaca, en referencia al examen de admisión, apuntó: “yo creo que lo de fondo, lo importante es que todas y todos los jóvenes que quieren estudiar la universidad puedan estudiar la universidad” (01.08.2026).
Y prometió: “si hay un estudiante rechazado en ese examen, le vamos a abrir la puerta en la Universidad Nacional Rosario Castellanos para que pueda estudiar de manera gratuita”. Y añadió que ya le solicitó al secretario de Educación y a la rectora de la institución que atendieran el caso. La política nacional en acción, nada menos.
Por si hiciera falta, el mismo lunes 3 de agosto la jefa de gobierno de CdMx, Clara Brugada, informó en redes sociales que su gobierno ya está trabajando para abrir espacios en la Rosario Castellanos para los jóvenes y precisó: “para que tengan una buena universidad, de calidad y gratuita para todas y todos” (https://x.com/ClaraBrugadaM).
¿Qué significa lo dicho por las mandatarias? Antes, dos precisiones. Una, el conflicto en la UNAM, con lo importante que es y la amplia resonancia mediática que tiene, para efectos de espacios educativos y opciones profesionales, está acotado principalmente a CdMx y zona metropolitana. Dos, la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) es un proyecto educativo en ciernes que se originó en la Ciudad de México y que esta administración, en diciembre de 2024, la llevó a nivel nacional.
Tal parece que la solución es abrir espacios en la UNRC. Lo notable de lo anunciado por la mandataria capitalina es que la UNRC ya no depende del gobierno de la Ciudad, tampoco de la SEP, está sectorizada en la Secretaría de Ciencia federal y, por cierto, esta no se ha pronunciado al respecto.
Sin embargo, el asunto sí muestra la relación entre lo local y lo nacional y la respuesta no tendría que limitarse a la UNRC. No solamente porque las decisiones del gobierno federal tienen eco en el nivel estatal. También porque el gobierno capitalino tiene bajo su responsabilidad a la Universidad de la Salud (Unisa) y ofrece una de las carreras más demandadas por los aspirantes en el examen de admisión de la UNAM.
En el concurso de selección de la Universidad Nacional, uno de cada 100 aspirantes a cursar Medicina logra un lugar. Tal vez a algunos de los 99 restantes les resultaría atractivo inclinarse por la Unisa si abriera más espacios.
Por cierto, Ciudad de México es, por mucho, la entidad que tiene la mayor cobertura en educación superior en el país. Cubre a alrededor de 70 por ciento de su población residente y más del 100 por ciento si se considera el efecto de los estudiantes de otras entidades que están en la capital (SEP, 2023). A diferencia de Chiapas, Oaxaca, Guerrero o Michoacán, que tienen, en porcentajes redondos, 20, 24, 25 y 30 por ciento, respectivamente.
El problema principal no es la cobertura en la entidad capitalina, sino la concentración de la demanda en pocas universidades y el tipo de opciones profesionales que buscan los jóvenes. Aunque las preferencias vocacionales e institucionales son otra dimensión del problema que dejaremos pendiente.
Sin embargo, las soluciones sobre el acceso a la educación superior se han extraviado: unas, en la improvisación; otras, en los números del presupuesto público; unas más, en proyectos educativos impresentables o en los discursos ampulosos. Las menos han tenido logros parciales y graduales.
¿Esto es una novedad? No. Al menos llevamos tres décadas tratando de ampliar las oportunidades educativas de nivel superior. Pero las opciones ofrecidas no son las que buscan los jóvenes ni son alternativas de formación para quienes más la necesitan.
La reforma del artículo 3° constitucional de 2019 incluyó la gratuidad de la educación superior y estableció el derecho a la educación de todas las personas. La ley reglamentaria previó la creación del fondo federal correspondiente y se suponía que el fondo quedaría instaurado a partir del ciclo escolar 2022-2023. A la fecha, no se ha creado.
En fin, lo que ocurrió con el examen de admisión de la UNAM tiene relevancia por sus implicaciones institucionales, pero sobre todo porque es una ventana a la política sobre el sistema de educación superior. No se trata de un problema exclusivamente institucional, ni siquiera local; es un asunto de política nacional.
Pie de página: Sin mayor resistencia fueron desalojados los estudiantes del IPN que tenían tomadas las instalaciones de Canal Once. Pero el conflicto no está resuelto. // En marcha el Proyecto de Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Innovación entre la Secihti y el Banco Mundial. Atentos.
Alejandro Canales
Columna Campus: Acelerador de Partículas
