UNAM: Ética y política

Como era previsible, la decisión de la Comisión Técnica para abordar el problema de los exámenes de ingreso a licenciatura resultó polémica. Era —es— de tal complejidad que resultaba difícil abarcar el conjunto de posibles soluciones. Al cabo de cuatro días de haber sido instalada, la Comisión emitió un resultado con el carácter de recomendación al rector Lomelí, misma que él aceptó en todos sus términos.

La encomienda dada a la Comisión tuvo cuatro objetivos claramente definidos: a) esclarecer los hechos; b) explicarlos con claridad; c) garantizar el acceso equitativo a la institución; d) extraer lecciones útiles que prevengan situaciones similares. El plazo del que se dispuso y lo enmarañado de la situación llevaron a que los 16 integrantes de aquella se abocaran a un punto específico: qué hacer, de inmediato, como respuesta a ese problema que, como bola de nieve, crecía su grosor al paso de los días. Como lo resume uno de sus integrantes: “la Comisión reconoce que aún no puede establecer con certeza qué ocurrió, quiénes fueron los responsables ni cuándo fue el origen preciso de las irregularidades detectadas”. Así, dicha Comisión tiene todavía trabajo, y mucho por delante, si en verdad quiere cumplir con los cuatro objetivos marcados.

Como se ha difundido ampliamente, la decisión final de la Comisión fue la relativa a aplicar un nuevo examen, calificado “de control”, a la totalidad de aspirantes cuya aceptación ya había sido notificada, así como para quienes quedaron cercanos a la línea de corte para cada una de las carreras (“aquellos que alcanzaron puntajes equivalentes o superiores a los mínimos históricos de ingreso entre 2021 y 2026”). En total, dicho examen se aplicará a casi 60 mil jóvenes.

Cuando se alude a “la complejidad del problema”, me refiero al sinnúmero de elementos que convergieron como parte de las anomalías de dicho examen. Sin pretender abarcar el universo, aquí van unos cuantos: a) falló la tecnología (inteligencia artificial); b) el comportamiento indebido de muchos sustentantes (un 2% del total, ya documentado); c) un probable servicio deficiente de la empresa contratada; d) el poco cuidado de los funcionarios responsables; e) el haber acudido a medidas prohibidas (uso de celulares, apoyo externo, suplantación de identidad).

Esa catarata de causas se vio acompañada también de “soluciones”: a) no mover los resultados; b) rechazar la aplicación de un nuevo examen, a todos o sólo a los “sospechosos”; c) utilizar una plataforma más adecuada; d) volver presencial el examen de control. Todo ese conjunto de causas y “soluciones” ha tenido un efecto inmediato: confundir a la opinión pública y, particularmente, angustiar a los sustentantes y sus familias. No obstante lo complejo del problema, la decisión adoptada es sencilla y plenamente comprensible para quien ‘no tenga vela en el entierro’. En palabras del rector: “no se trata de un nuevo examen de admisión, sino de una prueba para verificar que quienes obtuvieron un lugar lo hicieron sin recibir ayuda que los pusiera en ventaja”. La ética como principio esencial, no obstante las dificultades de orden político que ya están presentes.

La situación de los casi 60 mil nuevos sustentantes del examen de control (22 mil que ya habían aprobado y 38 mil que cumplen con el criterio de haber quedado cercanos) esquemáticamente se agrupa en tres posiciones: a) los que aprobaron debido sólo a su esfuerzo, y que ahora quedan desalentados o temerosos por fallar, pero también por ser señalados como “tramposos” si fracasan en esta ocasión; b) los que hicieron “trampa” en las múltiples posibilidades para ello; c) los que se beneficiaron por quedar cercanos al puntaje de corte y a los que ahora se les brinda una segunda oportunidad.

En el caso de a) y b), indistinguibles, aunque con motivaciones y merecimientos diferentes, muchos de ellos engrosarán la lista de quienes acudirán a solicitar amparo en los Juzgados de Distrito. Dura prueba también para el nuevo poder judicial. Nuevamente, cualquiera que sea el resultado de lo anterior, es probable que la Suprema Corte de Justicia tenga que resolver si atrae las sentencias de los juzgados y tribunales correspondientes, abordando y resolviendo el litigio.

Lo resuelto por la Comisión ha abierto una disyuntiva para todos los actores involucrados: ¿qué deberá prevalecer? ¿la política o la ética? Frente a ello, Javier Martín Reyes (prestigiado constitucionalista) resume lo valioso de aquella decisión: “representa una solución socialmente sensata, empíricamente informada y jurídicamente razonable” (M. Suzuki, Reforma, 1 de agosto).