UNAM y examen de control: ¿proceso concluido?

Los resultados del examen de control a los 37 mil aspirantes para ingresar a la licenciatura en la UNAM se darán a conocer el próximo fin de semana. Su aplicación derivó de la difícil, pero finalmente más justa decisión que la Comisión Técnica adoptó y que fue aceptada, en todos sus términos, por el rector Lomelí. Se resuelve con ello la parte principal del enorme problema suscitado —que involucró a casi 160 mil aspirantes—, quedando pendientes asuntos que podrían prolongar el conflicto, ahora en vías de solución. Dos textos permiten asomarse a ese potencial problema. De ahí la importancia para que la UNAM los considere.

El primer texto, de Ciro Murayama (“El Derecho de Acceder a la UNAM”, El Financiero, agosto 5), fue una primicia, prácticamente no retomada por comentarista alguno que, de validarse por la Comisión Técnica, resultará explosiva. Tal como se resume en el inicio del artículo: “la evidencia indica que nueve de cada diez aspirantes, originalmente aceptados, se valieron de ayudas indebidas y existen 22 mil plazas disponibles. . . . Eso quiere decir que 20 mil pudieron incurrir en prácticas fraudulentas para entrar a la universidad”. financiero

Tal conclusión deriva de dos fuentes calificadas, Raúl Rojas y Arturo Ederly. El primero, un politécnico muy prestigiado, con varios años como investigador en la Universidad Libre de Berlín, afirma contundentemente: “El porcentaje de los aceptados que recibió ayuda es del 91 por ciento”. El segundo, un reconocido actuario, miembro del personal académico de la FES Acatlán, realizó un análisis comparativo entre el examen de 2025 (presencial) y el de este año (en línea), obteniendo, entre otros, dos resultados convalidatorios: a) el puntaje de 110 aciertos (el máximo es 120) fue obtenido en la primera fecha por el 0.9 por ciento de los aspirantes; en la segunda, la proporción subió a 5.5 por ciento, un factor multiplicador de seis veces; b) en el caso específico de la carrera de medicina, el 98 por ciento de los sustentantes tuvo resultados calificados con el eufemismo de “atípicos”.

En pocas palabras, tales números y proporciones indicarían que ese examen de casi 160 mil aspirantes, en la parte de los aceptados (22 mil), resultó una “fiesta” en que la trampa, el fraude o lo indebido fue la regla. De acuerdo con ello, una gran parte de los aspirantes que originalmente fueron aceptados habrían infringido las normas establecidas por la Máxima Casa de Estudios.

El segundo texto, de Ernesto Villanueva (“El examen de la UNAM y la IA”, Proceso, 30 de julio), un conocido integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la propia UNAM. Su idea central es la relativa a que “el problema no fue la IA en sí”. Este provino de tres factores: la deficiente administración, contratación y supervisión de la plataforma tecnológica utilizada. Una idea subordinada, de enorme peso, es la relativa a que durante todo el proceso que se inició con la publicación de los primeros resultados (17 de julio) se realizaron también un conjunto de acciones institucionales que, de no corregirse, pueden conducir a que ciertas demandas de amparo procedan y reciban la protección de la Justicia de la Unión. Advierte con ello, además, que en el caso de que dichas demandas sean presentadas, o ya estén en trámite, los juzgados de distrito no puedan esperar indefinidamente los tiempos en que la Comisión Técnica, o el rector, resuelvan lo conducente. Esta situación se extiende también a si la decisión final de la UNAM es “insatisfactoria”.

De acuerdo con todo lo expresado, y en función de los objetivos encomendados a la Comisión Técnica (esclarecer y explicar los hechos, garantizar un acceso equitativo, extraer lecciones útiles), el proceso de revisión y rectificación de los resultados dados a conocer aquel 17 de julio parece dejar cabos sueltos, cuyo potencial peligro aún no es posible determinar, pero sí imaginarlo (uno de ellos: la dimensión de “la trampa”, nueve de cada diez aspirantes que han vulnerado los valores preconizados en el Artículo Tercero Constitucional). O cuántos amparos serán presentados, atendiendo a ideas como las ya aquí expuestas.

De ahí la importancia, y urgencia, para que la Comisión Técnica presente su decisión final sobre cuestiones como estas. El propio Murayama y el rector están conscientes de ello. El primero afirma: “queda mucho por indagar y corregir”. El rector coincide con ello, indicando: “que se mantiene atento al informe y recomendación que, a principios de septiembre, espera que realice la Comisión Técnica…”