Disparidades y asincronías en Educación Superior

Bajo el título “Educación superior: crece matrícula, pero cae presupuesto”, El Universal del domingo 30 presentó un amplio y documentado reportaje sobre ese tipo o nivel del Sistema Educativo Nacional. Con la pluma —descripción y análisis— de María Cabada se pasa revista a varios de los temas que componen los estudios de licenciatura y posgrado en el país. Aquí se resume y comenta lo ahí abordado.

Presupuesto: como se ha expuesto ampliamente en este espacio, el bajo crecimiento de la economía nacional desde los ‘80s, en torno al 2 por ciento de promedio anual, juzgado como insuficiente, se estancó en una proporción que no alcanza siquiera el 1 por ciento de ese mismo indicador en los últimos siete años. Situación difícil que, como lo resalta la autora, ha sufrido en ese lapso disminuciones nominales de un año a otro. Así aconteció en los dos últimos: lo fijado en el Presupuesto Programable (la porción más amplia del Presupuesto de Egresos de la Federación / PEF) de 2025 (7.9 billones de pesos) se redujo en 2026 (6.52) en un 2.4 por ciento. Situación contrastante, toda vez que el propio PEF tuvo en su conjunto un incremento de 5.7 por ciento, pasando de 9.63 billones a 10.1 en ese lapso. Esa realidad de las finanzas públicas nacionales se ha reflejado en términos similares y aún más severos en los terrenos de la educación superior del país.

Matrícula: En ese mismo bienio, el subsistema de educación superior contó con una matrícula total (licenciatura y posgrado) de 5.75 millones de alumnos. 3.57 millones en la esfera pública y 2.18 millones en la privada, dando proporciones de 62 y 38 por ciento, respectivamente. En el transcurso de 2025 a 2026, el incremento en cada uno de estos fue de 157 mil y 84 mil alumnos, destacando en la parte pública los casos del Tecnológico Nacional y la Universidad Rosario Castellanos, instituciones que tuvieron un incremento de 34 mil y 56 mil respectivamente. Con números como estos, el compromiso presidencial, de llegar a 300 mil alumnos adicionales al final del sexenio, parecería estar al alcance de la mano. Todo este conjunto de datos se transforma en una cobertura de 46.8 por ciento. Proporción muy alejada de la meta de 55 por ciento. prevista en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Nacional de Educación Superior.

Costo por alumno: entre 2024 y 2025, el costo por alumno se redujo, a precios corrientes, de 34,500 a 32,200 pesos, una disminución de 6.7 por ciento. Aunque con números sorprendentemente distintos, pero tendencias semejantes, la propia OCDE había difundido datos similares en los siguientes rubros: a) en 2022, el costo por alumno en México se situó en $4,460 dólares, mientras el promedio por parte de los 38 países que forman parte de esa organización alcanzó los 15 mil 100 dólares (un múltiplo de 3.4; b) el financiamiento público para este tipo educativo llegó al 60 por ciento en nuestro país, mientras que el promedio en aquella organización se situó en 72 por ciento; c) en gasto educativo, México aplica un 4.3 por ciento del PIB, mientras que en la OCDE se eleva a 4.7 por ciento.

Comentarios
El financiamiento de dependencias y programas federales sigue siendo una materia polémica año tras año. En la presentación del Paquete Económico 2027, el secretario de Hacienda, Dr. Edgar Amador, afirmó a ese respecto: “El paquete que presentamos es responsable, creíble, realista, y reduce paulatinamente el déficit y ayuda a crecer la economía” (C.H. Domínguez, Reforma, 10 de septiembre). Cierto… pero parcial. Faltaría un elemento para que todo lo anterior quedase completo: Suficiente. En algunos casos, pocos, de la Administración Pública Federal se cumple con ese rasgo; pero, en muchos otros, no. Tal es el caso de la educación superior pública, la cual acumula desde siete años atrás una disminución real de asignación de recursos de alrededor del 30 por ciento.

La Anuies ha emitido a lo largo del año tres pronunciamientos dirigidos a la SHCP y al Congreso de la Unión. El último, sobre la situación que guardan las universidades públicas del país, en palabras del Secretario General Ejecutivo de esa organización, Dr. Luis González Plascencia, expresa: “no podemos seguir ampliando responsabilidades sin contar con los recursos necesarios. La educación superior pública requiere un financiamiento correspondiente a su importancia estratégica para el desarrollo nacional” (C. Gómez Mena, La Jornada, 23 de septiembre).

Lo antes afirmado remite, inevitablemente, a la Reforma Constitucional de 2019 y a la Ley General de Educación Superior de 2021. En ambos ordenamientos se incluye la trascendental decisión de considerar a la educación superior como un derecho protegido por la Carta Magna, de tal modo que su costo sea sufragado por el Estado. Es decir, por los tres órdenes de gobierno, y que su monto sea suficiente para que resulte gratuito para el estudiantado. Desde luego, todo esto desde un régimen de concurrencia que, como tal, distribuya responsabilidades entre esos actores. Sin embargo, nada ha sucedido desde aquellas fechas y se corre el peligro de que quede como una “asignatura pendiente” para el 2030. Una vez más, como ha sucedido en sexenios anteriores, la oposición entre mandatos constitucionales y políticas sexenales, con la prevalencia de estas últimas.

Es muy importante resaltar el crecimiento habido en la matrícula en el último medio siglo. En 1970 había una matrícula de 210 mil estudiantes, llegando a 2.1 millones en el 2000; para el 2010 se alcanzaban 2.9 millones para quedar en este año en 5.75 millones de estudiantes. Como puede observarse, ese crecimiento resulta, en algunos momentos, explosivo. Como tal, requiere de los apoyos económicos que lo respalden y que les permitan a las instituciones un crecimiento más armónico. Sin embargo, un crecimiento tan dinámico no convierte a México en un líder a escala regional. Si bien con esa matrícula México ocupa un segundo lugar absoluto con la cantidad antes anotada, Brasil lo supera casi por el doble (10 millones de estudiantes). Pero si se acude al indicador de cobertura, la posición de nuestro país resulta secundaria, superada por varios más.

Como lo resalta el secretario general de Anuies, pero también el reportaje: en ambos casos se enfatiza que esa disminución de presupuesto para la educación superior en este año (2.4 por ciento) contrasta con la del crecimiento de matrícula en las instituciones públicas (157 mil nuevos estudiantes). En síntesis, esas disparidades o asincronías han provocado que muchas instituciones hayan pasado de una situación de austeridad a otra de penuria. ¿Habrá una posible corrección?