Las Universidades Estatales y su Odisea Presupuestal

En vísperas de la presentación del Paquete Económico 2027 (8 de septiembre), por parte de la SHCP, el sector educativo, y especialmente las instituciones de educación superior (UPES), tienen pocas posibilidades de que se revierta la situación anómala que ha prevalecido en materia presupuestal en los últimos siete años. El Paquete contendrá los presupuestos de Ingresos y Egresos de la Federación (PEF). Este último, aunque tuvo un crecimiento positivo en ese lapso de 15 por ciento (gasto programable), y el educativo de 5 por ciento, el de educación superior, específicamente el de las universidades autónomas estatales, se redujo en términos reales en ¡casi una tercera parte! (C. Murayama, “Hechos son amores. . .” El Financiero, 19 de agosto).

Con un dato como ese, el pasado 26 de agosto la Anuies, con sus 35 universidades estatales afiliadas, concurrió a la Auditoría Superior de la Federación. Se trataba, al igual que todos los años desde hace 20, de entregar los estados financieros auditados, como muestra del manejo adecuado de los recursos provenientes de la Federación. El nuevo auditor, Aureliano Hernández Palacios, recibió dichos documentos en nombre de la Cámara de Diputados, pero, además, se constituyó en el testigo de las peticiones que la Asociación hace a la Federación para que se corrija aquella situación anómala, ante el riesgo de reiterarse en el PEF del próximo año.

De esa manera, el secretario general de dicha organización, Dr. Luis Armando González Placencia, presentó dos peticiones específicas: a) las universidades estatales tienen un déficit de operación que se eleva a 50 mil millones en ese lapso transcurrido, elcual es urgente atender; b) lo absolutamente indispensable es un incremento al subsidio ordinario en montos que representen un 8 por ciento adicional a los números del presente año. En la reunión, dos titulares de estas universidades refrendaron en específico dicha petición. Por un lado, la Dra. Natalia Fiorentini, rectora de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, indicó que: “el déficit presupuestal que viven las universidades públicas, las ha obligado a operar con infraestructura cada vez más rezagada, laboratorios desactualizados y bibliotecas con acervo limitado”. Por otro, el rector de la Universidad Autónoma de Baja California, Dr. Luis Enrique Palafox, complementó con el dato relativo a que el 97 por ciento de los recursos otorgados a las universidades son destinados al pago de nómina, dejando, por tanto, un margen mínimo para los aspectos ya mencionados por la Dra. Fiorentini (M. Martínez, Reforma, 27 de agosto).

Estas posiciones de la Anuies derivan principalmente de lo que fueron las asignaciones presupuestales de 2026. El PEF destinó 1.2 billones de pesos para todo el sector educativo, el cual contenía un incremento en su conjunto, pero, sin embargo, una reducción en educación superior respecto a 2025. Situación no nueva, que está en consonancia con lo acontecido en los últimos siete años (reducción de casi una tercera parte en términos reales).

Las asignaciones del PEF en 2026, motivo de alarma para los rectores, fueron retomadas por el Consejo Nacional de Anuies, instancia que publicó un desplegado (enero, 2026) dirigido a la SHCP y a la opinión pública. En este se resalta lo siguiente: a) la profunda preocupación por “el complejo panorama financiero que enfrentan las universidades públicas del país”; b) la diferencia existente entre lo asignado a las instituciones federales y estatales: 3 y 1.8 por ciento, respectivamente. Estas proporciones, contrastadas con la inflación habida en ese año, 3.7 por ciento; c) el déficit de 50 mil millones ocasionado por la falta oportuna de financiamiento; d) el “llamado urgente” para que se “busquen los mecanismos necesarios que permitan asignar recursos adicionales extraordinarios en este 2026…”; e) el llamado para que el Gobierno Federal pueda encontrar “alternativas viables y sostenibles… que permitan cumplir con los preceptos constitucionales legales en la asignación del presupuesto para la educación superior con miras a 2027”; f) hacer notar a todas esas instancias el incremento en materia de matrícula habido en ese mismo lapso (16 por ciento), no obstante las limitaciones presupuestales.

A menos de una semana de la presentación del Paquete 2027, el panorama para un financiamiento diferente a las universidades públicas estatales pareciera poco halagüeño debido a sus limitaciones. Entre estas: a) un bajo crecimiento económico, el cual, en el mejor de los casos, sería de 1.5 por ciento del PIB (igual que el Banco de México), frente al 2.3 por ciento previsto en dicho Paquete; e) la disminución del dato de consolidación fiscal para reducir el déficit público, el mismo que, visto con optimismo, será por lo menos igual al del presente año (4.3 por ciento); c) el monto tan alto de cuatro factores: pensiones (2.3 billones), pago de la deuda (1.5), participaciones a los estados (1.5) y programas sociales (casi un billón), todo lo cual suma en este año 6.2 billones (de los 10.1 presupuestados), dejando un margen muy estrecho para financiar los programas del sector público, entre ellos los de educación superior.

Comentarios
La reducción al financiamiento de las universidades se gestó en los dos últimos años del presidente Peña y se “institucionalizó” con las reformas constitucionales al Artículo Tercero en 2019. Si bien para la educación superior fue una reforma trascendental en muchos aspectos, no resultó así en lo referente al financiamiento. La fórmula de obligatoriedad para el Estado y gratuidad para los estudiantes, quedó supeditada a una frase: “Disponibilidad presupuestaria” o “suficiencia presupuestaria”, reiterada en la Ley General de Educación Superior. Dicha frase ha sido utilizada como excusa para que el nivel superior haya llegado a ese extremo: un tercio de descenso real en el financiamiento en un lapso de siete años. Cualquier debate al respecto llega siempre a un callejón sin salida: ¿qué debe prevalecer, el mandato constitucional o la política sexenal?

El efecto de todo lo anterior ha sido una excesiva astringencia en el gasto de las UPES. De ahí sus presupuestos con reducciones reales cuando se contrastan los “incrementos del subsidio” con la inflación acumulada en siete años. Esta última siempre es la ganadora; de ahí que el propio rector Lomelí tenga que solicitar para la UNAM un incremento de 1 por ciento para 2027. O que, ante el déficit acumulado por las 35 universidades públicas estatales en los últimos siete años, sean obligadas a solicitar un incremento de 8 por ciento, además de 50 mil millones para afrontar los déficits acumulados. Por supuesto, la solicitud del Consejo Nacional sobre recursos extraordinarios para 2026, solicitados en enero, no ha sido resuelta por la SHCP.

La parte de incremento de matrícula se ha dado “a pesar de los pesares”. La petición de la presidenta de la República para que las universida‪d‬es incrementen su matrícula, por supuesto que requiere de los gobiernos federal y estatales, así como de las propias instituciones, pero ¿será suficiente? El rector de la UAM, Dr. Gustavo Pacheco, recién ha anunciado la apertura histórica de un tercer periodo de primer ingreso con 755 nuevos alumnos, recordando, a quien corresponda: “Podemos contribuir de manera significativa a ampliar la matrícula, pero tambi‪é‬n es necesario decirlo, no lo podemos hacer sin aumento de presupuesto” (N. Rosales. “Anuncia UAM tercer proceso de admisión” Reforma , 1º. de septiembre).

El sector educativo, y especialmente el nivel superior, no es el único que padece la falta de recursos para su debido desarrollo. Este último, junto con ciencia y tecnología, son pilares básicos si, como se postula en la promesa presidencial y en el Plan Nacional de Desarrollo, se quiere que México sea una “potencia científica y de innovación”, así como que pase a ser la décima economía del mundo, entre otros ¿deseos u objetivos?

La responsabilidad de una educación superior, como quedó inscrita en la reforma constitucional de 2019, es del Estado. Como tal, se requiere de los esfuerzos de los gobiernos federal y estatales, pero también de las propias instituciones. El problema del financiamiento se inscribe en un ámbito más amplio, en un contexto diferente: el económico. Las políticas públicas de ambos órdenes de gobierno no mejorarán si el PIB, la economía del país, sigue con un promedio anual que no alcanza el 1 por ciento en siete años. La multiplicación de los panes y los peces (incluyendo la educación) no se logra con “palabras divinas”, sino con políticas que pongan al país en la ruta de un incremento económico sostenido. Ahí está el detalle.

La promesa de “instrumentar un nuevo modelo de financiamiento para el desarrollo de la educación superior, la ciencia, tecnología e innovación, que dé certeza y certidumbre …” está ya entrando en su tercer año.