Al pasar las elecciones, es razonable preguntarse qué pasara con las universidades y la investigación científica
La suerte está echada. Los conteos preliminares de las elecciones del 2 de junio de 2024 para la Presidencia de México arrojan que ganó, con una ventaja significativa respecto de sus contrincantes, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum. Probablemente, ese voto a favor del partido electo en 2018 implicará que haya continuidad en las políticas públicas. Sin embargo, la futura presidenta, en varias entrevistas, expresó un interés propio por atender ciertas cuestiones, entre ellas la sostenibilidad de la educación superior y la investigación científica. Ojalá esa preocupación se traduzca en hechos.
Es de señalar que superar los estragos y la irritación causados por los dispositivos punitivos, que afectaron el desempeño de ambos sectores en los pasados años, no será tarea fácil. Supondrá un aumento de recursos financieros y, asimismo, un esfuerzo permanente para conjuntar voluntades en torno a un proyecto de interés común y reemplazar un sistema impositivo y persecutorio de control por uno de confianza mutua, sin favoritismos.
¿Cómo pueden los especialistas en ciencias de la educación abonar a una apuesta a perspectivas y mentalidades más generosas? Una respuesta evidente es produciendo diagnósticos problematizados de situación. No obstante, en vísperas de finalizar su periodo como Presidente Andrés Manuel López Obrador, se carece todavía de datos esenciales para estructurar balances. Esas carencias afectan incluso programas que fueron cardinales durante la administración saliente: lo corroboran las quejas sobre los alcances del programa de becas Jóvenes Escribiendo el Futuro o sobre las 203 Universidades Benito Juárez para el Bienestar. Es posible que prontamente se cuente con información adicional sobre los beneficiarios y sus trayectorias en el primer caso, los académicos, docentes y alumnos en el segundo, cuando las distintas dependencias de la administración federal publiquen los anexos estadísticos de sus informes de actividades. Pero, dado el ejercicio opaco de los recursos y el resguardo de números fidedignos, tampoco es descabellado dudarlo.
Más allá de esos ejercicios, que dependerán de las “otras” y, tal vez, nuevas cifras que se publiquen en los próximos meses, se debería reflexionar sobre cómo relanzar dinámicas virtuosas para consolidar la educación superior y la ciencia, dejando atrás barreras políticas, coyunturales y estructurales. A manera de punteo general y a reservas de abundar ulteriormente sobre cómo encarrilar su repunte, señalaré la urgencia de:
• Remover las condiciones de austeridad financiera y rendición de cuentas, conforme con indicadores y lineamientos que han asfixiado, en distinta medida, los principales sectores que conforman los sistemas públicos de educación superior e investigación.
• Realizar un balance consistente e imparcial del papel desempeñado por dependencias como los órganos internos de control y los auditores en la regulación y gobernabilidad institucionales y en las relaciones de los académicos y científicos con otros sectores.
• Responder a las solicitudes, expresadas continuamente, pero en vano, de pasar de un sistema presupuestal por año fiscal (cuya duración es cada vez más absurdamente corta) a uno plurianual para garantizar un ejercicio conveniente de los recursos en función de las necesidades académicas.
• Mejorar efectivamente las modalidades de gestión administrativa de los establecimientos, en irrestricto respecto del rol de los académicos como productores de conocimientos y de valores tales la autonomía institucional y la libertad de cátedra.
• Apoyar a equipos multidisciplinarios sobre cuestiones emergentes como lo son, entre otras, las repercusiones de la pandemia en los conocimientos y en la salud emocional de los actores o las consecuencias de la Inteligencia artificial en el suministro de servicios.
• Atender problemas cuya resolución es fundamental para asegurar condiciones de bienestar a la población.
• Emprender la reconfiguración ordenada de las profesiones académicas, en torno a la detección de sus necesidades de formación inicial y de capacitación continua en subsistemas, segmentados en sus misiones, condiciones, matrícula o plantilla y desiguales en sus recursos y medios.
• Evaluar los avances logrados en materia de equidad, inclusión, aseguramiento de
calidad, diferenciación institucional, enseñanza virtual, internacionalización y, en forma general, respecto de los ejes cruciales de intervención planteados por el gobierno saliente.
• Construir un sistema integral y confiable de información cuyos componentes no dupliquen contenidos y abarquen todos los establecimientos de educación superior y de ciencia, sin excepciones.
¿Serán irrealizables esas aspiraciones o constituirán hitos para el futuro próximo? Es temprano para saberlo, no para decirlo (o repetirlo).
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