Leí el documento producido por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del gobierno mexicano, en abril 2026, titulado Plan Nacional de Inteligencia Artificial. Me interesaba cuanto más que me había enterado de que los estudiantes utilizaban la IA en exceso y que me topaba constantemente con artículos de colegas, nacionales y del extranjero, alertando sobre sus peligros y contrabalanceando las valoraciones eminentemente laudatorias de las que ha sido y es todavía objeto en México.
Cuando advertí a mis alumnos que recurrir intensamente a la IA me parecía impropio y no les servía para mejorar sus habilidades expresivas y sus competencias de argumentación y razonamiento lógico, me dijeron que sólo la aplicaban para corregir redacción o puntuación y estandarizar bibliografías. No entré en polémicas al respecto, pero temo, por la factura de los textos así elaborados, que esa supuesta revisión de estilo desemboque, tarde o temprano, en una suplantación de autoría. Me inquietó que proveedores privados y comerciales hayan encontrado un nicho más de negocios en la IA; me preocuparon las incidencias que pudiese tener esa en las misiones atribuidas a los docentes, además de auspiciar “simulacros de aprendizaje” entre los alumnos.
En la misma mañana del día en que recibí el Plan Nacional, había, además, respondido un cuestionario enviado por la Unesco a los titulares de Cátedras, sobre las repercusiones de la IA en la enseñanza. En una segunda ronda de diseminación de dicho instrumento, el organismo internacional buscaba recopilar información sobre las regulaciones nacionales respecto de ella, recoger sugerencias sobre prioridades y concertar un documento de referencia de amplio alcance.
Pese a las diferencias entre un programa enfocado en el actuar gubernamental y una encuesta sobre la educación, me llamó la atención el énfasis puesto por ambos documentos en las consecuencias positivas de la IA (simplificación de los procedimientos administrativos, recorte de los plazos de respuestas a solicitudes, etc.). La IA parecía asociarse con el sueño de lograr un buen gobierno, sin que supusiera esa expectativa reformas ni diagnósticos basados en una estimación sistemática de obstáculos. Los documentos tampoco ponderaban las afectaciones a la sustentabilidad ambiental o los costos incrementales de la tecnología: eso, aun cuando sus opositores habían resaltado prolijamente riesgos implícitos de descontrol y numerosos efectos potencialmente perversos. El plan nacional, por su parte, evocaba la necesidad de formar recursos humanos altamente calificados en la IA, sin precisar suficientemente indicadores (cuántos, dónde, cómo).
No soy, ni mucho menos, una especialista en la IA. Ni siquiera entiendo con claridad sus ventajas y desventajas. Sólo leí una pequeña parte de los innumerables artículos de opinión que la conciernen, conforme con una sobreexposición mediática. Pero, quisiera formular, por experiencia propia, reflexiones sobre algunas de sus repercusiones en la academia, respecto de las obligaciones docentes o de la legislación indispensable para sortear los escollos de una reconfiguración “salvaje” de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Pese a la omnipresencia de la IA en los pronunciamientos políticos, en efecto, muchas IES todavía carecen de orientaciones claras y de instrumentos para encauzar su adopción, mediante normas restrictivas o compromisos de buen comportamiento. Aunque manifiesten preocupaciones ante posibles desvíos, no disponen de herramientas para detectar usos y abusos en las entregas hechas por estudiantes y académicos. Ante esa indefinición, cómo deben situarse docentes e investigadores es una pregunta a la que cada uno responde a su real saber y entender, conforme con inclinaciones a controles punitivos o al diálogo. En ambos casos, se ignora si de algo sirven las estrategias de contención o de racionalización.
Mientras, quedan en pie dos preguntas interconectadas: ¿qué aprenden los estudiantes en su paso por una IES, si delegan el cumplimiento de sus responsabilidades a terceros en vez de esforzarse en entregar textos bien escritos y mejor pensados? Y ¿cuáles son las atribuciones de tutores y científicos? Me niego a creer que consisten en apoyar a la IA a “aprender”, hasta que sus aportes devengan indetectables, eso a costa de renunciar las IES a formar personas y ciudadanos.
Quisiera finalmente compartir unas dudas, de tipo ético, que no sé, bien a bien, cómo resolver: una concierne la redefinición de los compromisos de los integrantes de la profesión académica, otra la distinción entre lo autorizado y lo prohibido. ¿Es lícito otorgar un grado o aceptar un producto hecho en su casi totalidad mediante la IA? ¿Supone ese asentimiento validar comportamientos inmorales que infringen las reglas académicas? ¿Es correcto recurrir a la IA para disimular carencias de formación so pretexto de ahorrar tiempo o bien para mayor comodidad?
Los interrogantes son pertinentes, por desgracia, en relación con otros acontecimientos como el fraude al que dio lugar el examen virtual de ingreso a la UNAM. El tratamiento de ambas problemáticas y las dilaciones en tomar posiciones al respecto ilustran una renuencia extensa en asignar responsabilidades a quienes las tuvieron, en un entorno de permisividad exacerbada y de transformación sin brújula.
