Aunque ciertas instituciones de educación superior (IES) sufren por no contar con las partidas o las autorizaciones requeridas para abrir plazas (o, sencillamente, asignarles nuevos titulares), en junio 2026, los centros públicos de investigación fueron invitados a candidatear al programa de plazas de la Secihti. Bien por ellos. Ojalá el principio de la sustitución se vuelva una regla irrevocable de funcionamiento. Quienes se van, por la razón que sea, son reemplazados expeditamente para asegurar la sobrevivencia institucional y no acumular plazas desocupadas, cuyo financiamiento utilizan para cumplir otros fines. Al extremo opuesto al de la contratación, la UAM y la UNAM publicaron, casi simultáneamente a la Secihti, sus enésimas ofertas de programas de retiro, en condiciones más dignas que las que suelen proponer habitualmente. Ojalá puedan sostenerlos.
La dinámica de las plazas, de todas maneras, merece ser examinada con cuidado. Primero, porque los criterios de selección de los programas revelan las exigencias incrementales atadas a la obtención de puestos escasos. Segundo, porque justifican el manido argumento de que la edad es la causa principal de que el Sistema de Educación Superior (SES) no incorpore a suficientes doctores o postdoctores. Tercero, porque, pese a que las autoridades se ufanen de cuidar a su personal y a respetar irrestrictamente los lineamientos antidiscriminatorios, recurren directa o indirectamente a la edad como a un criterio que filtra el acceso a funciones institucionales y la permanencia en el campo universitario, so pretexto de la observancia de normas internas, aun cuando esas contravienen disposiciones constitucionales.
En paralelo a esas restricciones e independientemente de que muchas IES proponen condiciones insatisfactorias de retribución a los recién reclutados o de retiro, los cuerpos directivos han intensificado las presiones sobre los potenciales jubilados, ateniéndose a una falsedad que, no por ser repetida sin pausa, alcanza estatuto de verdad: es porque los “viejos” se quedan que los “jóvenes” no entran. Mal haríamos en sólo contraponer dos situaciones complejas, las de los doctores titulados recientemente que no encuentran cabida en las universidades, por requerimientos contradictorios e incompatibles con su situación, y la de los que, pese a estar en condiciones de finalizar su recorrido profesional, lo aplazan, debido a las pésimas condiciones de vida con las que lidiarán si no trabajan. Eso tiene consecuencias innegables: la edad de muchos académicos mexicanos hoy rebasa la de la jubilación y valiosos candidatos a la academia se quedan fueran, por ser demasiado viejos o jóvenes.
Muchos, en efecto, han sobrepasado la fatídica línea de corte para ganar las plazas propuestas por concurso. Aplicada de manera solapada o abierta, esa suele ser de 38 y 40 años, en función del género. Quienes alargan su formación hasta el postdoctorado alcanzan esos límites con suma facilidad, motivo por el que, independientemente de su productividad intrínseca, aspirantes valiosos, aunque atípicos, se encuentran fuera de los rangos etarios autorizados o candidatean en condición de desigualdad con sus pares más jóvenes. Finalmente, los egresados·”baby” no cumplen con exigencias de publicación en revistas indexadas, desorbitadas dadas las dificultades para acceder a esos medios.
Independientemente de cómo esas condiciones de imposibilidad para todos erosionan el bienestar familiar y la autoestima individual, el criterio “edad”, aplicado en la juventud o en la senectud, obstaculiza más de lo que reordena la inserción en la academia y la separación de ella. Homogeneiza las etapas del recorrido en torno a exigencias estrictas, sin una justificación de lo percibido como una presión arbitraria en pro de una estandarización forzosa. Ayuda a normalizar pésimas condiciones salariales al principio de la carrera académica y después de finalizarla. Naturaliza que todos debamos hacer lo mismo, no para ser mejores, sino para facilitar la comprobación de indicadores y el llenado de un papeleo insignificante. La academia se vuelve así previsible y “manejable”, aunque en una perspectiva reductivista.
Mientras esos problemas no se resuelvan, el escenario ideal de un mundo académico regido por un conjunto de profesores dinámicos y creativos se quedará como utopía en contexto distópico. Los disfuncionamientos empeoraran si se sigue ignorando las dinámicas de reconfiguración profesional, la distribución de las plazas por sector (burocrático/académico) o las condiciones diversas de jubilación, en IES segmentadas y desiguales.
La falta de una información sintética que sirva de referente para idear estrategias de salida de crisis es susceptible de desencadenar carreras de lémures hacia el abismo. Urge abrir plazas en número suficiente y propiciar oportunidades de retiro decoroso, para dar seguridad a todos. ¿Cómo lo haremos? Requiere de debates colectivos, de estadísticas y de información fidedigna sobre recursos. No tenemos ni unos, ni otras. Recordemos, sin embargo, el memento mori de los camposantos y el «Como me veo, te verás, como te ves, me vi”. La jubilación no es un asunto generacional, sino de interés general. También lo es la supervivencia del sistema académico. Aferrarse a una ceguera pertinaz puede tener costos ocultos que superen a mediano plazo los de supuestamente “carísimas” acciones correctivas.
