El 28 de abril de 2026, C. Cortes, estudiante del doctorado en Ciencias, con especialidad en ciencias de la educación, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), obtuvo su grado con una tesis titulada Movilidad estudiantil como punto de inflexión en contextos de marginación social, bajo la dirección de A. Maldonado, académica del Departamento de Investigaciones Educativas. El debate que siguió a su defensa corroboró el interés suscitado por la lectura, entre los sinodales, no sólo por su factura cuidada, sino porque expuso un tema insuficientemente explorado, aunque de suma relevancia a escala global, el de la relación entre la inclusión de estudiantes procedentes de colectivos en situación de precariedad y la movilidad internacional.
En efecto, la movilidad internacional saliente, sus pautas de crecimiento y su direccionalidad, contrariamente a las expectativas manifestadas durante la pandemia (2020-2022), no fueron sustancialmente distintas antes y después de ella. En 2026, la estudiantil, lejos de obedecer a un modelo distinto de movilidad, había recuperado muchos rasgos pre covid-19, a saber, un escaso grado de diversificación social de los beneficiarios, una estrecha dependencia de financiamientos externos (del gobierno federal o de agencias de cooperación), un elevado costo y una matrícula reducida. El número de programas de intercambios para las personas vulnerables no había repuntado significativamente. En la coyuntura de crisis financiera atravesada por la educación superior en el país, varias acciones compensatorias tardaron en reactivarse o habían sido acotadas, al punto de ser irreconocibles.
Aun cuando el autor de la tesis seleccionó un abordaje biográfico, al entrevistar a egresados de un programa de movilidad asistida y regulada, en un marco de cooperación bilateral, mostró cómo la mayoría de sus informantes capitalizó sus experiencias internacionales (de mediana duración, es decir, superior a 6 meses) para optimizar sus trayectorias profesionales, varios años después de concluida su estancia afuera. Con base en ello, el doctorante identificó pistas de indagación respecto de las repercusiones positivas de los intercambios en la resiliencia individual, en los parámetros de ascenso socioprofesional y en la agencia de los individuos.
Al igual, identificó deficiencias en los datos disponibles, las mismas que dificultaban transitar de una perspectiva cualitativa a una cuantitativa. La información pública no basta, en efecto, para estimar cuántos estudiantes por nivel proceden de grupos considerados constitucionalmente como vulnerables. Ese desconocimiento inhibe la posibilidad de pasar de un acercamiento al caso por caso a uno grupal, para establecer la composición de la matrícula en movilidad saliente y mejorar la eficiencia de las intervenciones destinadas a los más modestos. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), la fuente de mayor utilidad al respecto, sólo registra cuántos estudiantes portadores de discapacidades, hablantes de lengua indígena (HLI) o mujeres están cursando carreras, por disciplina, institución, nivel y etapas (ingreso, total y egreso). Tampoco provee datos sobre otras categorías, por lo que se desconocen los perfiles de los estudiantes que, contra viento y marea, se desplazan a otro país durante su trayecto formativo.
Tres cuestionamientos
Las oportunidades, brindadas con ese afán por establecimientos con responsabilidades de igualación de oportunidades, serían indicadores valiosos para monitorear en qué medida México está cumpliendo el Objetivo de Desarrollo Sustentable 4 de la Unesco. Desgraciadamente, la supervisión de las pocas intervenciones de esa índole ha sido inconstante. En lo personal, apuntaré tres interrogantes centrales sobre la inserción institucional de los programas de movilidad destinados a poblaciones en situación de precariedad:
El primero versa sobre el bajo grado de prioridad atribuido a los experimentos de movilidad justa en entornos de insuficiencia de recursos económicos. Los establecimientos, ante recursos exiguos, preservan sus roles sustantivos (enseñanza e indagación) en detrimento de servicios, percibidos como prescindibles. El segundo concierne a las capacidades de los personales, asentados en las oficinas de asuntos internacionales y en otras dependencias, para inducir a los estudiantes vulnerables a que candidateen a las oportunidades de intercambio y les saquen provecho. En mi opinión, el apoyo a los actores improbables de la internacionalización no se agota en registrar burocráticamente cuántos son. Consiste en lograr que académicos y administrativos adquieran habilidades mínimas para que los alumnos que carecen del privilegio de ser herederos no apuesten a la inmovilidad, por ansiedad anticipatoria y autodescarte.
El tercer reto es aclarar lo que aprendieron las instituciones al promover medidas incluyentes de movilidad hacia afuera. Salvo excepciones, lo ignoramos. Es esencial superar esa falla de conocimiento si se pretende que, realmente y no solo retóricamente, las estancias afuera maticen sesgos de oportunidades que abonen a la relegación social y dejen de impulsar una reproducción de “élites doradas” de tipo cupular.
