En la actualidad, el acceso y la permanencia en la educación superior constituyen las piedras angulares de la movilidad social, el desarrollo del capital humano y la reducción de la brecha económica. En México, entre el año 2000 y 2026, la matrícula universitaria creció de 3.5 a 5.7 millones de estudiantes. Sin embargo, esta expansión dista de ser justa: lejos de nivelar el terreno, los mecanismos de admisión de nuestras instituciones de educación superior (IES) suelen reproducir la estratificación social, cerrando la puerta a los sectores más desfavorecidos.
Cuando la demanda supera con creces la oferta de las universidades públicas, las políticas de selección enfrentan una tensión inevitable entre dos prioridades: eficacia y equidad. La primera busca elegir a los aspirantes con mayor preparación previa para garantizar su éxito escolar; la segunda exige abrir espacio a jóvenes con alto potencial provenientes de entornos vulnerables, evitando que su origen socioeconómico determine su destino.
Históricamente, nuestras IES han apostado por una visión unidimensional del mérito, depositando todo el peso de la selección en exámenes estandarizados de conocimientos y habilidades. No obstante, la evidencia psicométrica y sociológica demuestra que estos instrumentos arrastran un sesgo estructural: los sustentantes de zonas urbanas y estratos acomodados obtienen sistemáticamente mejores puntajes que quienes provienen de comunidades rurales, pertenecen a pueblos originarios o viven con alguna discapacidad. Este filtro penaliza el talento oculto de miles de jóvenes capaces de convertirse en excelentes profesionistas, pero que no tuvieron las mismas oportunidades de preparación.
Esta encrucijada es global y diversos sistemas educativos buscan cómo resolverla. En Estados Unidos, con procesos flexibles e individualizados, varias instituciones aplican políticas de acción afirmativa —pese a los recientes reveses legales— para reservar lugares a minorías subrepresentadas, valorando su trayectoria integral por encima de una prueba única. En Europa, donde el ingreso suele depender del promedio del bachillerato o de exámenes nacionales de egreso, cobran fuerza rutas de inclusión institucionalizada, como el programa HEAR en Irlanda o las cuotas para zonas marginadas de Sciences Po en Francia. Incluso en Asia, bastión histórico de los exámenes nacionales ultracompetitivos como el Gaokao chino, comienzan a introducirse reformas híbridas que incorporan habilidades socioemocionales y criterios contextuales para mitigar la rigidez del sistema.
Momento de oportunidad
En México, el panorama es desigual. Mientras algunas universidades combinan el examen de admisión con el promedio del bachillerato o añaden pruebas psicométricas y sorteos, otras mantienen esquemas rígidos. Hoy, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se encuentra en una coyuntura histórica: tras la vulneración masiva de su reciente evaluación en línea, sus autoridades están obligadas a rediseñar el proceso de admisión. Esta crisis representa una oportunidad inmejorable para ir más allá de blindar la seguridad informática del examen y repensar, de fondo, a quiénes y cómo se selecciona.
El futuro del ingreso universitario en México no puede seguir dependiendo de una sola prueba de gran escala que ignore el contexto de origen de los aspirantes, sacrificando la equidad en nombre de una supuesta objetividad. En mi próxima entrega analizaré los mecanismos internacionales más prometedores para lograr una admisión equitativa sin comprometer la excelencia académica, así como su viabilidad para nuestras universidades públicas.

Eduardo Backhoff Escudero
- Eduardo Backhoff Escudero
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