En la primera parte de este artículo se justificó la importancia que representan las evaluaciones de gran escala para conocer y monitorear los resultados de aprendizaje de los estudiantes de un país o de una región, con el objetivo de tomar decisiones de política educativa y rendir cuentas a la sociedad. Esta opinión se basa, entre otros documentos, en la declaración de Incheon “Educación 2030: Hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje a lo largo de toda la vida”, (Foro mundial de la Unesco, 2015). Desgraciadamente, el gobierno que encabeza el presidente López Obrador no coincide con la idea de la Unesco de evaluar a los estudiantes con instrumentos de gran escala, toda vez que los considera dañinos para el sistema educativo. Una muestra de lo anterior es que la Secretaría de Educación Pública (SEP) se ha rehusado a evaluar la pérdida de aprendizajes de los estudiantes, como consecuencia del cierre de las escuelas, para conocer el tamaño del déficit de los estudiantes en cada grado y asignatura escolar y, con base en los resultados, diseñar programas de recuperación de aprendizajes. Otro ejemplo de la desconfianza que el gobierno le tiene a las evaluaciones estandarizadas es el hecho de que el Mejoredu rehusó administrar la prueba PISA (2022), por lo que la SEP le pasó esta responsabilidad al Ceneval (organización civil que, por su naturaleza, es privada).

Son diversas las descalificaciones que el gobierno lopezobradorista ha esgrimido en contra de las evaluaciones del aprendizaje de gran escala. En la primera parte de este texto expliqué por qué algunas de estas críticas son infundadas. Específicamente me referí a los temas de que son estandarizadas, descontextualizadas y cuantitativas. Ahora me referiré a otras críticas: son externas a la escuela, no consideran la opinión de los docentes, permiten el ordenamiento de los países, han obedecido a intereses internacionales y han incentivado la competencia entre los docentes.

Las evaluaciones de gran escala para evaluar la calidad educativa de un país tienen propósitos y características muy distintas a aquellas que el docente realiza en el aula con propósitos formativos o de certificación. Por tratarse de evaluaciones masivas en las que participan miles de estudiantes de distintas regiones y escuelas deben ser desarrolladas, administradas, analizadas e interpretadas por profesionales de la evaluación educativa (pedagogos, psicólogos, estadísticos, docentes y especialistas en la enseñanza de diversos contenidos curriculares). Estas evaluaciones se diseñan y administran de manera muy cuidadosa con el objetivo de que sus resultados sean comparables transversal y longitudinalmente.

El desarrollo de los instrumentos de evaluación de gran escala implica un proceso complejo donde intervienen diversos grupos de especialistas que trabajan de manera colegiada. En los grupos de expertos que desarrollan las evaluaciones de gran escala, siempre se consideran docentes en ejercicio de los grados escolares y asignaturas que se vayan a evaluar. Su opinión es esencial para el buen diseño de una evaluación e indispensable para validar la pertinencia de su contenido. Sin embargo, sería imposible que participaran los docentes de todas las escuelas y asignaturas que se imparten en el país.

Aunque las evaluaciones nacionales e internacionales no tienen el propósito de hacer ordenamiento de países y regiones, sino el de conocer las fortalezas y debilidades de los sistemas o subsistemas educativos, es una práctica muy generalizada y desafortunada que los medios de comunicación, las autoridades educativas y la sociedad en general pongan tanta atención a los ordenamientos de los resultados. No obstante, los beneficios de estos estudios son mayores que sus limitaciones. Por ello, la gran mayoría de los países desarrollados siguen conservando los programas que evalúan el aprendizaje de sus estudiantes a través del tiempo y siguen participando en diversos estudios internacionales. Tales son los casos de los programas NAEP (Estados Unidos), CITO (Holanda) o
PISA (OCDE).

Algunas instituciones y organismos internacionales, como la Unesco, han fomentado el uso de las evaluaciones de gran escala para conocer la calidad de los servicios educativos de los países en todas las regiones del mundo, así como para identificar las mejores prácticas educativas que utilizan las naciones más exitosas en la materia, con el objetivo de compartirlas y mejorar el nivel educativo de todas las naciones. México forma parte de estos organismos y como tal, se ha comprometido a realizar evaluaciones del aprendizaje, tanto nacionales como internacionales. Por lo que es incorrecto afirmar que el país se ha sometido a la voluntad de intereses extranjeros.

Finalmente, si bien es cierto que en México y en otros países (ej.: Estados Unidos) se han utilizado los resultados de las evaluaciones de aprendizaje de gran escala como una medida para estimar e incentivar las competencias pedagógicas de los docentes, también es cierto que esta práctica la deciden los gobiernos en turno. Es decir, el problema no radica en el instrumento en sí, sino en el uso que le den las autoridades gubernamentales que, en muchos casos, es debatible.

Termino afirmando que prescindir voluntariamente del uso de un instrumento educativo que ha sido útil mundialmente para generar información, tomar decisiones de política y rendir cuentas a la sociedad muestra que el gobierno toma malas decisiones por desconocimiento. Paradójicamente, la única evaluación de gran escala que se utiliza en México es la de PISA (cuyos últimos resultados se darán a conocer en 2023). Sin embargo, todo pareciera que el gobierno no tiene interés en seguir siendo parte de este proyecto mundial (por considerarlo neoliberal), lo que significaría no tener información confiable sobre los resultados de aprendizaje de los estudiantes mexicanos.