La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) presentó su Informe del Resultado de la Fiscalización 2025. Para el sector educativo y la prensa, lo relevante fue un monto de casi 600 millones de pesos cuyo destino no está claro en tres programas de becas. La cifra no es nada insignificante. Pero lo sobresaliente tendría que ser la evaluación integral de tales programas.
El Informe indica que auditó los siguientes programas de becas: en básica, las de Bienestar Benito Juárez (2024) y la Rita Cetina (2025); la Universal de Educación Media Superior Benito Juárez; y la de Jóvenes Escribiendo el Futuro (30.09.2026). Por cierto, los nombres y años distintos en las becas de básica se deben al cambio de denominación a partir de la actual administración.
Los señalamientos de la auditoría precisan que hay claves de centros de trabajo que no aparecen en los registros de la SEP; escuelas a las que otorgaron becas y no son prioritarias; y tarjetas bancarias que no se entregaron a sus destinatarios, pero que están activas e incluyen 8.6 millones de pesos.
Sin embargo, la mayor irregularidad es que: “Se identificaron 67 mil 142 beneficiarios inscritos en escuelas de educación básica, media y superior que tenían dictamen negativo derivado de la confronta con el Registro Nacional de Población, con pago de beca por un monto de 592.3 mdp” (p.15).
Además, sobre las becas de posgrado, la auditoría identificó que se renovaron seis becas que no cumplían con los criterios de elegibilidad por un monto de 2.6 millones de pesos. También detectó posibles pagos en exceso a 484 beneficiarios del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores por más de 18 millones de pesos.
La prensa hizo notar las irregularidades, especialmente la entrega indebida y millonaria de becas, e incluso algunos medios cabecearon sus notas como fraude y corrupción en las instituciones implicadas. Y, sí, es grave la desviación indebida de recursos públicos; cuando se acredita, es un delito.
Los calificativos no pasaron desapercibidos en las redes sociales, amplificaron su resonancia e hicieron mella en las dependencias gubernamentales. La SEP, que parece refractaria a las apreciaciones públicas, emitió un boletín para puntualizar que la auditoría estaba en proceso y que la institución continuaba “trabajando para proporcionar la información y realizar las aclaraciones necesarias que permitan solventar todas las observaciones” (Boletín 324).
No fue suficiente. La misma Secretaría de Anticorrupción tuvo que emitir un boletín adicional para explicar los alcances de las auditorías y cómo se determinan las responsabilidades administrativas. En el caso de las becas, puntualiza el boletín, el proceso apenas se encuentra en su primera etapa, la de visitas de inspección y auditorías. Falta la de investigación, antes de fincar responsabilidades.
Por si hubiera dudas, el boletín agrega: “del 100 por ciento de los hallazgos con los cuales inician las auditorías, el porcentaje que llega hasta que se acredita una responsabilidad es mínimo; además, cabe precisar que no todas las faltas administrativas derivan en daño patrimonial o en afectaciones económicas para el Gobierno Federal”.
En fin, ciertamente las auditorías se centran en el detalle administrativo, en la vigilancia de las normas para la distribución de los recursos y la operación de los programas públicos. Un control necesario para detectar posibles actos de corrupción de los funcionarios, pero insuficiente para la valoración de los programas.
Las observaciones de la auditoría a los programas de becas seguramente serán solventadas por las dependencias implicadas y ahí se cerrará el tema. Sin embargo, al final, aunque las becas constituyen un pilar de la política social, no conoceremos sus dificultades ni el impacto que tienen.
Vale la pena ponderar de qué cantidad de recursos estamos hablando. Según las cifras del presupuesto de este año, el mayor volumen de recursos es para el programa Rita Cetina, con poco más de 36 mil millones de pesos; después, el de media superior, con alrededor de 4 mil millones de pesos, y el de Jóvenes Escribiendo el Futuro, que sobrepasa los mil millones de pesos. En conjunto suman casi 42 mil millones de pesos.
Los 600 millones que tienen presuntas irregularidades son muchos pesos, pero representan alrededor del 1.4 por ciento del presupuesto conjunto de los tres programas mencionados. El manejo del presupuesto público tendría que ser pulcro; hasta el destino de un peso debería estar claro. No obstante, la fiscalización de los recursos, aunque indispensable, no basta para determinar si los programas cumplen sus finalidades ni qué efectos producen.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) coordinaba la evaluación de las políticas y los programas de desarrollo social. Era un consejo que no era autónomo, sino un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, pero, de todas formas, fue extinguido en 2025.
Ahí se perdió la posibilidad de valorar el funcionamiento y los resultados de los programas sociales. Una de las últimas publicaciones del Coneval fue, precisamente, una evaluación de impacto del Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez.
Hoy no tenemos, desde el ámbito gubernamental, una evaluación confiable de sus programas sociales. Deberíamos exigirla.
Alejandro Canales
Columna Campus: Acelerador de Partículas
