La Comisión de Auscultación del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) lanzó una convocatoria, a finales de septiembre, para elegir un(a) director(a) general. Conforme al procedimiento 2026, invitó a la comunidad científica a expresar a quiénes prefieren entre los aspirantes al cargo.
Las opiniones, recabadas mediante ronda de votación, no serán definitorias: sólo serán un referente en una dinámica de designación cuya responsabilidad incumbe a la Secretaría de Educación Pública (SEP). Sus funcionarios examinarán los antecedentes y perfiles de los candidatos que integran la terna, sometida a su consideración por el presidente de la Junta Directiva de la institución. Experiencias previas y similares de cambio de dirección revelan que la balanza suele inclinarse a favor de un integrante de esa terna, cuando no del aspirante más popular entre los investigadores. No obstante, no siempre ocurre así.
El Cinvestav no es, ni mucho menos, la única IES que, en vísperas de un nombramiento de esa relevancia o por otra razón, elabora autodiagnósticos y reflexiona sobre su situación y sus recursos para sobrellevar la incertidumbre generada por transformaciones tecnológicas y recomposiciones internas de envergadura (siendo otro caso emblemático la UNAM en su 475 aniversario). Por ello, será importante escuchar con atención los programas de trabajo que presentarán los postulantes y las preguntas que se les dirigirán. Es probable que quepan entre esas algunas asociadas con focos rojos, insoslayables en la coyuntura actual.
La primera es sistémica. Tiene que ver con la desintegración del sistema de educación superior. Una consecuencia de la masificación del sector público fue la segmentación de sus componentes. Hoy, esa desarticulación hace crisis, al situar en una coexistencia artificial a establecimientos desiguales, sean presenciales o virtuales, vinculados con entornos inmediatos o con sistemas científicos mundializados, prestigiados o criticados. La incompatibilidad entre sus funciones acarreó una diferenciación en sus tareas y estatutos, llevándolos a privilegiar la inclusión solidaria de grupos estudiantiles subrepresentados en la matrícula o bien a proyectarse internacionalmente. Más que llevar de frente esas responsabilidades, cada institución se acuarteló en el cumplimiento de una misión específica, lo que agravó la desvinculación interinstitucional.
La segunda cuestión es histórica. Todo porvenir se arraiga en un pasado. Ante esa constatación de sentido común, los aspirantes a la Dirección General del Cinvestav deberán retomar críticamente el relato fundacional, matizándolo con propuestas prácticas y factibles para resolver problemas conocidos, por ejemplo, la pertinencia de la adscripción sectorial a la SEP y el rol de la Secretaría de Hacienda en la definición de lo autorizado y de lo prohibido, aún en detrimento de los usos y costumbres de un centro dedicado a la investigación. Al igual, habrán de precisar estrategias respecto de temas desalentadores como la involución de la plantilla académica, la obsolescencia de los equipos informáticos, la falta de insumos y condiciones para el trabajo disciplinario y la escasez de estadísticas institucionales confiables. Más allá, urge que propongan estrategias para reconstruir lo “común”, garantizando condiciones equitativas para su desempeño a los actores e interesados en la educación superior y revisando sus obligaciones recíprocas. Otro asunto candente consiste en cómo aligerar la tramitología burocrática. De las respuestas aportadas dependerá la probabilidad de que las comunidades estudiantiles, académicas y administrativas recuperen márgenes de libertad de cátedra o de acción, redescubriendo el gusto de trabajar, por pasión y disposición propia, en lugar de hacerlo por coacción y lineamientos impuestos.
Una tercera cuestión es coyuntural. Abundan las declaratorias sobre la necesidad de que las IES sean empáticas, sensibles a cuestiones de sociedad y contributivas al bienestar. Conseguirlo implica promulgar normas e instalar dispositivos que faciliten alcanzar los objetivos. Por ejemplo, si bien el Cinvestav progresó en materia de igualdad de género, mediante la suscripción de protocolos, la puesta en marcha de espacios dedicados (Código C) y la constitución de redes, los porcentajes de investigadoras en algunos centros disciplinarios permanecieron reducidísimos. Son frecuentes, además, las renuencias ante la eventualidad de que alguna colega ocupe una posición alta (en una única ocasión, en varias décadas de existencia, la institución tuvo una directora general). Lo anterior indica que los cambios encapsulados no bastan para conformar un eje de política con amplia legitimidad, por lo que es indispensable generar circuitos de apoyo a unas cuantas prioridades para lograr implementarlas.
El punteo anterior no agota el conjunto de los problemas confrontados por los establecimientos de educación superior e investigación. Ese abarca otras muchas cuestiones, por ejemplo, la preservación de la salud física y mental de los actores universitarios, la ausencia de condiciones dignas de jubilación, la puesta al día de las normativas, la superación de la “austeridad” y la erradicación de discriminaciones “naturalizadas”. Frente a la urgencia de que intervenciones concretas sustituyan las consabidas promesas de campaña, es intrascendente que los electores, cualquiera que sea el proceso, sepan quiénes son los grupos de poder y de apoyo con los que los candidatos planeen interactuar. Importa que estén informados de los resultados a los que se comprometen, más allá de momentos proselitistas. No existen mujeres ni hombres providenciales. En cambio, sí, han surgido reivindicaciones de participación y de fiscalización colectivas, como reacción a la extensión de liderazgos opacos y jerárquicos. ¿Alguien las responderá o, por lo menos, lo intentará?
