El fin de año representa un momento crítico para las instituciones de educación superior, siendo el tema económico el que más resalta en algunas de ellas, llevándolas incluso a las nada deseables escenas de paros, marchas y diversas manifestaciones.

La generación perdida es una etiqueta asignada a las cohortes de estudiantes que vivieron la fase más aguda de la epidemia de covid-19, la cual se prolongó desde el segundo cuarto de 2020 a los primeros meses de 2022. Las organizaciones internacionales y los especialistas en educación han publicado sendos estudios que aspiran demostrar que, la suspensión de clases, acompañada de la inexistencia o debilidad de la infraestructura de telecomunicaciones en vastas regiones suburbanas y remotas (particularmente las más pobres), causaron una pérdida de por lo menos dos años de escolaridad, los cuales “nunca podrán recuperarse”. Ello tendrá un impacto en la innovación, la productividad, y un decremento en los ingresos de esas generaciones. (Banco Mundial, 2020). Aquí nos proponemos plantear que resulta insuficiente orientar los esfuerzos para ‘mitigar’ las llamadas pérdidas de aprendizaje, al simplemente reinstaurar la educación convencional.