Finalmente, y después de cuatro días de intenso debate, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) fue aprobado en la Cámara de Diputados el 14 de este mes. En ese lapso, el diferendo cameral llevó a procesar y votar, increíblemente, 2,500 “reservas” (propuestas u objeciones al proyecto con la finalidad de algunas modificaciones) de las cuales, y a diferencia de lo que sucedió entre 1998 y 2018, sólo cuatro de ellas prosperaron, las presentadas por la coalición gubernamental. El monto del PEF asciende a 8.29 billones de pesos, el más alto en la historia, un 11.5 por ciento de crecimiento real (descartada la inflación). El objetivo marcado por la SHCP, de que se trataría de un presupuesto “equilibrado, realista y prudente”, queda en duda para cualquier analista serio y en entredicho como se mostró en la mayor parte de las 2 mil 500 “reservas” interpuestas en esos cuatro días.

Un muy apretado resumen de las objeciones presentadas por analistas y legisladores indicaría lo siguiente: a) no es equilibrado, los programas prioritarios o presidenciales acaparan la mayor parte de los recursos aprobados, de ahí que el gasto social llegue a 865 mil millones de pesos (mmp), y que por primera vez el de la Secretaría del Bienestar supere al de la SEP; b) realista, se diseñó con supuestos que parecen muy difíciles de cumplir, entre ellos los dos relativos a que el próximo año la economía tenga un crecimiento de 2.4 por ciento y que la inflación se sitúe en 3.2 por ciento. Aún los pronósticos independientes más optimistas no se aproximan siquiera a dicha proporción; c) prudente, aunque la proporción de la deuda pública se sitúe en torno al 50 por ciento del PIB (positiva y mesurada en una comparación internacional), resulta preocupante en dos de los rubros contenidos en el PEF: el déficit previsto (1.1 billones) y el pago por el servicio de la deuda (1.2 billones). En ambos casos, la elevación de las tasas de interés, como ha venido sucediendo en el mundo y en México, augura que aquellas cifras puedan resultar fácilmente superables.

Entre los cambios habidos desde la presentación inicial y hasta la aprobación final del PEF sobresalen la reducción de 6 mil 437 millones para organismos autónomos, así como para los poderes legislativo y judicial. De ellos, ‘la parte del león’ le correspondió al Instituto Nacional Electoral, al cual le redujeron 4,475 mdp, un 18 por ciento de lo originalmente presupuestado.

Asignación insuficiente
La entidad con un mayor incremento, o beneficio, en este proceso fue la Secretaría del Bienestar, a la cual se le reasignaron 6 mil 342 millones. La nota positiva en estos cambios (una de las cuatro reservas ya mencionadas, propuesta por una diputada Morenista) fue la relativa a restituir el programa La Escuela es Nuestra, otorgándosele 27 mil millones, mismos que se destinarán a tres subprogramas: infraestructura y equipamiento, horario extendido y servicio de alimentación. Se trata de una dotación insuficiente, pero que restablece, por lo menos, los dos aspectos más indispensables de dicho programa.

Contrastante con el incremento del PEF 2023, de 8.29 billones, los sectores de educación, ciencia-tecnología y cultura tuvieron un crecimiento de 4.8, 2.7 y 0.8 por ciento, respectivamente. Dentro del sector educativo la SEP llega a un presupuesto de 402 mil millones de pesos (mmp), un crecimiento de 5.1 por ciento. Dentro del segundo sector, al Conacyt se le han asignado 31.6 mmp, Un aumento de 4.3 por ciento. El sector cultura se queda con 22.7 mmp, un incremento de 0.8 por ciento, correspondiéndole a la Secretaría la cantidad de 15.9 mmp.

El gasto total para educación superior (incluye posgrado) será de 163 mmp, un aumento de 0.4 por ciento. Aunque organizaciones y autoridades del subsector tocaron puertas con los diputados y en la SHCP, el proyecto no se modificó, resultando por tanto insuficiente y contradictorio. Lo primero, porque significa un decremento en términos reales respecto a lo que se tuvo hasta antes de 2018. Contradictorio, ya que el proyecto del PEF no contempló, por segundo año consecutivo, los compromisos que se derivan de la trascendental reforma al Artículo 3º Constitucional en 2019, y lo previsto en la Ley General de Educación Superior de 2021, en materia de obligatoriedad del Estado en ese ámbito y la gratuidad en la prestación del servicio para el estudiantado.

A ese respecto, desde el primero de noviembre la Anuies dio conocer a la Cámara de Diputados y a la Opinión Pública una petición que alude a buena parte de lo ya asentado antes. Los principales puntos de esa declaración son los siguientes: a) manifestar la preocupación por el deterioro sistemático del presupuesto destinado a ese subsector; b) existen efectos acumulados a lo largo del tiempo, ejemplificados por lo sucedido en el periodo 2015-2022: la matrícula tuvo un incremento de 19.9 mientras el subsidio federal ordinario pasó por un decrecimiento de 13.5. El costo por alumno se redujo en ese periodo en un 24 por ciento; c) los llamados fondos extraordinarios (estratégicos en algunas materias, como en tratándose de las pensiones para el personal académico y administrativo) prácticamente han desaparecido en ese mismo lapso: de casi 10 mil millones en 2005 se llegó a 888 en 2022.

Conclusión
Por lo que se refiere a los tres subsectores ya mencionados (educación, y específicamente educación superior, ciencia-tecnología y cultura tienen rezagos que se remontan hasta siete años atrás. Al inicio del actual sexenio se tuvo la expectativa de que se corregirían rumbos y se generarían avances. La pandemia y sus efectos en la economía y en las finanzas públicas fueron un valladar inicial, pero también algunas de las posiciones asumidas por la administración pública federal han contribuido a cancelar el avance en esos mismos terrenos. Algo podría hacerse para corregir esas tendencias en los próximos 18 meses, pero siempre y cuando la economía nacional diese un salto relevante y las circunstancias que le rodean estuviesen en correspondencia. Aún así ¿las decisiones fundamentales se modificarían?