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2026-2027: Tiempo nublado Para la educación

Los Precriterios de Política Económica 2027 anticipan un escenario complejo para el sector educativo en México, con un crecimiento económico débil, presión inflacionaria y menor margen presupuestal. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los recursos para educación superior, investigación y cultura enfrentarán ajustes que limitan su expansión real, lo que plantea retos importantes para el desarrollo del sistema educativo nacional en los próximos años
El plan presupuestal sólo permitirá, en el mejor de los casos, salvar el obstáculo de la inflación, pero no un desarrollo consistente.

2026 será, está siendo, un año difícil para el sector educativo en lo que se refiere al ejercicio de recursos en muchos de los programas que conforman el Sistema Educativo Nacional. Adicional a esto, para 2027 la situación no tiene trazas de componerse. Este es el juicio que emerge al consultar uno de los instrumentos de la SHCP, presentado al Congreso de la Unión el pasado día primero. Se trata de los Precriterios de Política Económica 2027. Este constituye el inicio de todo el proceso que desemboca en la presentación, por parte del Ejecutivo Federal, de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el siguiente año fiscal. En los Precriterios coexisten cifras y proporciones en torno a la economía y las finanzas del país, pero también pronósticos sobre las principales variables macroeconómicas y los “montos deseables” que serían asignados a los diferentes programas presupuestales.

En estas líneas, el propósito es describir de dónde provienen dichas dificultades, así como referir la situación de algunos de los programas que, impactando directa o indirectamente a la educación, permiten detectar que dicha calificación está también presente. Por lo que se refiere a la primera cuestión, el origen de las dificultades se presenta en varios de los indicadores en ese documento de la SHCP. Entre los más significativos están: a) la fijación de un crecimiento económico de 2.3 por ciento para el presente año, así como un 2.4 por ciento para 2027; b) de igual manera, en lo tocante a la inflación, esta se calcula en 3.7 por ciento para 2026 y 3 por ciento para el próximo año.

Por lo que toca al crecimiento económico (0.8 por ciento en 2025), no hay un sólo pronóstico serio, ni nacional ni internacional, que convalide lo expresado en los Pre-Criterios. Un dato valioso al respecto se desprende de los resultados ya obtenidos en el primer trimestre de 2026 (proyectados a un año). Dicho crecimiento económico, anualizado, indicaría que el PIB sería de un ¡0.5 por ciento!, de acuerdo con lo presentado por el Inegi el pasado lunes (datos del Indicador General de Actividad Económica, los cuales muestran “la evolución del sector real de la economía a corto plazo”); parece extremo, pero ese es el dato del Instituto. El propio Banco de México, así como el Fondo Monetario Internacional lo han situado en 1.6 por ciento.

Por lo que corresponde a la inflación (3.69 por ciento en 2025), en el primer trimestre de este 2026 ya se ha llegado a un 4.59 por ciento, casi un 50 por ciento de desfase respecto al pronóstico oficial. Para el próximo año, el documento de Hacienda sitúa dicho índice en 3 por ciento, algo nunca alcanzado en años pasados. Quedan nueve meses en los cuales podría corregirse ese indicador; sin embargo, no parece haber condiciones propicias para ello.

Dentro del “origen de las dificultades” están otros indicadores adversos que apuntan en una dirección similar, entre ellos:
•Los ingresos presupuestarios aprobados por el Congreso para 2026 tuvieron un monto de 8.7 billones, siendo el estimado de la Secretaría para 2027 de 8.6 billones, ¡un 2 por ciento menor!, mismo que condiciona muchos más indicadores.
•En función de lo anterior, el llamado gasto programable pasa de 7 billones en este año, descendiendo a 6.9 billones para el próximo.
•Dentro del gasto federal están varios compromisos ineludibles, los mismos que significan cada vez más una porción mayor del gasto gubernamental, alrededor de las tres cuartas partes del total. Tal es el caso de los programas sociales (1.7 billones, ahora inscritos en la Constitución), las participaciones y aportaciones a las entidades federativas (2.8 billones), las pensiones (1.7 billones, contributivas y distributivas), el costo anual de la deuda, o requerimientos fiscales del sector público (1.3 billones). Cada vez se estrecha más el margen financiero para el resto de programas.

A todo lo anterior debe agregarse una segunda cuestión, la concerniente a los programas que impactan, directa o indirectamente a la educación superior. Aquí se mencionan algunos de los que, formando parte de los 123 programas prioritarios, se supone que tienen precisamente ese carácter de preferente o principal, entre ellos:
•Educación superior y posgrado. De los 69 mil millones de pesos destinados en 2025 se pasó a los 72 mil del presente año, para llegar a 74.4 mil millones como deseable al 2027. Los incrementos en los dos momentos son de 4.34 por ciento y 3.3 por ciento, respectivamente.
•Servicios de educación media superior. Dotados de 53.6 mil millones de pesos se pasó a 51.4 en 2026, para que al próximo año se fijen en 53.1 por ciento. Las proporciones de reducción son de 4.1 por ciento y 3.7 por ciento. Todo esto en un momento en que, contradictoriamente, se afirma un un gran impulso a este subsistema
•Sistema Nacional de Investigadores. De 8.8 mil millones de pesos en 2025, se pasa a 9.1 millones aprobados en 2026, para una eventual asignación de 9.53 millones para el próximo año. Los incrementos son de 6.5 y 4.9 por ciento, respectivamente.
•Investigación en Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Con esta nomenclatura aparece el programa en 2027, aunque es posible, por los montos implicados, que se trate de una inclusión de subprogramas no contemplados el año anterior. Así, los números son los siguientes: en 2025 fueron aprobados 19.8 mil millones, con el término de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, proyectándose un incremento deseable para el 2026 que llegaría a 20.5 mil millones. Este aumento en 900 millones significaría un 3.3 por ciento. Empero, y ya con aquella primera denominación, aparece aprobada una cantidad de 27 mil millones en 2026, fijándose un incremento deseable de 27.9 mil millones en 2027. Aunque con la duda de la composición de subprogramas y proyectos, los incrementos correspondientes se situarían en 3.3 por ciento para el presente año y 3.3 por ciento para 2027.
•Desarrollo Cultural. La calificación del programa como prioritario desapareció desde el año pasado. Así, los 4.2 mil millones destinados en 2025 se incrementaron a 4.3 mil en 2026 para una diferencia de 102 millones que significaron un 2.4 por ciento de incremento. Los datos para el 2027 sólo se localizan en un programa titulado “apoyos a la cultura” (que también estaba calificado como prioritario desde 2025), asignándose 212 millones para 2026 y 221 millones para 2027. Como puede constatarse, la cultura, en su parte esencial, dejó de ser programa prioritario.

Comentario: De acuerdo con lo antes expuesto, las perspectivas para 2026 y 2027 no son positivas para el sector educativo y para varios de los programas aquí expuestos. El bajísimo crecimiento del PIB se convierte en el condicionante principal para que la inmensa mayoría de los sectores de la Administración Pública Federal tengan un desempeño acorde con lo ya previsto en el Plan Nacional de Desarrollo y en los Programas Sectoriales.

La disminución del PEF para 2027, y su reflejo en el gasto programable, ratifica la circunstancia de un año más con dificultades. Salvo los incrementos al programa del Sistema Nacional de Investigadores, en el resto de los aquí incluidos, las asignaciones de 2026 y las eventuales de 2027, en el mejor de los casos sólo permiten salvar el obstáculo de la inflación, pero no el de un desarrollo consistente.

Si bien se reconoce un importante aumento en la recaudación fiscal en los tres últimos años, este es insuficiente para cubrir rezagos históricos y necesidades actuales. Especialmente en la educación superior, la cual tendrá que esperar dos años más (según las cifras y proporciones de Hacienda) para que la histórica Reforma Constitucional al Artículo Tercero de 2019 tenga un mejor momento.

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