Ciencia y tecnología: ¿celebración de realizaciones y pendientes?

Campus celebra un aniversario más y coincide con el final de los primeros dos tercios de la presente administración. A pesar de que todavía falta el tramo final, las mismas autoridades han hecho notar que lo realizado hasta ahora ya constituye una transformación y logros sin precedente. Vale la pena destacar un par de iniciativas sobresalientes en el sector de ciencia y tecnología y también algunos pendientes.

La transformación, lo ha reiterado la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, casi desde que tomó posesión del cargo en diciembre del 2018, fue detener las transferencias millonarias hacia empresas privadas. Según su apreciación, esas transferencias, muchas de ellas directas y para transnacionales, impedían el desarrollo científico y tecnológico. Lo predominante en administraciones anteriores, ha dicho, era una ciencia neoliberal y una tendencia favorecedora a la privatización de los posgrados. Ahora ya no.

¿Por qué no? Uno de los cambios, lo repite una y otra vez la titular del Conacyt, fue la eliminación de los 91 fideicomisos que operaban en el sector, unos desde el periodo del expresidente Vicente Fox y los más en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sí, en el sector estaba la mayor cantidad de esos instrumentos, aunque ni de lejos concentraban el volumen más grande de recursos.

El monto recuperado de los fideicomisos, dijo Álvarez Buylla en una reciente conferencia de prensa con el presidente, fue de más de 14 mil millones de pesos y añadió que también se encontró con una gran cantidad convenios insolventes que sumaban más siete mil millones de pesos. “Y en total, entonces, el retorno a la Tesofe fue de casi 22 mil millones de pesos” (versión estenográfica 09.08.2022). Así que ahora, completó la titular, hay mayor ahorro, eficiencia y resultados de innovación.

La extinción de los fideicomisos, sin embargo, no fue una decisión del sector, fue una política el gobierno federal que eliminó esos instrumentos de toda la administración pública, excepto algunos para Salud, Energía y la Secretaría de la Defensa. Aunque a la fecha no se ha presentado el informe público que mostraría la corrupción y el manejo opaco de los fideicomisos, a pesar de que el presidente López Obrador prometió que esa información estaría a los tres meses, o sea, en enero del año 2021. Ni entonces ni ahora.

En cambio, la eliminación de los fideicomisos provocó dificultades y parálisis en el sector, especialmente en los Centros Públicos de Investigación, porque la administración y operación de esas instituciones, y de múltiples proyectos en marcha, dependían de esos instrumentos.

El ahorro de recursos ha sido notorio, los lineamientos de austeridad se aplicaron sí o sí a las instituciones y también está el registro del presupuesto anual para el sector. En términos nominales, apenas este año y el próximo, el Conacyt recibió una cantidad superior a la asignada al inicio del periodo: en 2018 recibió poco más de 27 mil millones de pesos y este año tuvo 29.5 mil millones de pesos y para el próximo tendrá 31.6 mil millones de pesos. Un incremento de poco más de 4 mil millones de pesos que, como se podrá entender, no compensa la inflación acumulada.

El fin del PNPC
Sobre la privatización del posgrado. Álvarez Buylla ha dicho que al inicio del actual periodo encontraron que 64 por ciento de la matrícula de posgrado estaba privatizada y 36 por ciento no. O sea, la mayoría de alumnos de ese nivel estaban inscritos en instituciones particulares. ¿Qué hizo el Conacyt? Eliminó el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), un programa que otorgaba becas solamente a los alumnos matriculados en instituciones pertenecientes a ese padrón, fueran públicas o privadas.

¿Cómo estaban los números del PNPC? De los más de 11 mil programas de posgrado a nivel nacional, poco más del 20 por ciento pertenecían a ese padrón y, de este último porcentaje, el 75 por ciento estaban orientados a la investigación y el 90 por ciento correspondían a instituciones públicas. Sin embargo, la autoridad dejó en claro que entregará las becas de posgrado directamente y, según sus cálculos, habrá para todos los alumnos matriculados en instituciones públicas.

No obstante, las cifras del cuarto informe de este gobierno, de septiembre de este año, muestran que al inicio del sexenio se entregaban 52 mil 649 becas de posgrado nacionales y la estimación para este año es de 49 mil 406. O sea, casi tres mil becas menos. Las becas de posgrado al extranjero, para el mismo periodo, pasaron de 3 mil 313 a 1 mil 650 (pág. 638). Estas últimas se redujeron a la mitad.

Tal vez al cierre del año las cifras de becas mejoren, pero tampoco serán sobresalientes. El único programa que se ha expandido a tasas crecientes es el Sistema Nacional de Investigadores (SIN): en el 2018 tenía 28 mil 633 integrantes y la estimación para este año es de 36 mil 624. Es decir, se han agregado casi ocho mil nuevos miembros en los últimos cuatro años; casi dos mil por año.

Un crecimiento importante del SNI pero no todo es miel sobre hojuelas. Como también se sabe, la presión financiera ha sido mucha, así que cambió su reglamento para retrasar el ascenso en el programa de los jóvenes investigadores y concentrarse en IES públicas. Ahora, en la convocatoria más reciente, está por resolverse si todos los que recibieron el nombramiento de investigador, también recibirán el incentivo económico correspondiente.

En fin, en este panorama, quedan al menos tres pendientes insoslayables. Uno de los más sobresalientes es la expedición de la ley general para el sector que debió hacerse desde diciembre del 2020. No menos importante es una asignación presupuestal creciente, los recursos han sumamente limitados y ahora estamos más lejos de cumplir con un piso básico de 1 por ciento del PIB para ciencia y tecnología (pasamos del 0.45 al 0.33). Y, finalmente, la descentralización de la actividad, porque al eliminarse los fondos mixtos y la operación de la instancia de encuentro entre el Conacyt y las autoridades de las entidades federativas, el fomento del sector en los estados ya no se ve como un objetivo.

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