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APF: ¿Pies de barro para planear?

El dilema que tienen enfrente los servidores públicos no es nada, pero nada sencillo. O se resignan a seguir la inercia y principios generales del movimiento de la Administración Pública Federal (APF) o improvisan metas, estrategias y acciones sistemáticas en sus programas institucionales.

En un caso o en otro serán incumplidos. Porque no cuentan con la carta de navegación que supone un Plan Nacional de Desarrollo (PND) y, sobre todo, no tienen un programa sectorial que desdoble los contenidos del Plan y les marque los lineamientos que deben observar.

No es que el PND y los programas sectoriales quedaran hechos añicos con la epidemia del Covid-19 en curso. No los había antes y no los hay ahora. El Plan divulgado el 12 de julio de 2019 no era plan, según lo dijo públicamente Carlos Urzúa, responsable de armar ese documento programático y primer secretario de Hacienda de la actual administración.

A su vez, los programas sectoriales son documentos de planeación elaborados por las propias dependencias de la administración, considerando la participación social pero sujetos a los ejes, objetivos y previsiones del PND.

Oficialmente, nada de eso existe en las secretarías de Estado ni en las entidades paraestatales. Según los plazos de la Ley de Planeación, los programas sectoriales debieron aparecer a los seis meses de publicado el Plan, esto es, el 12 de enero de este año. Sin embargo, ni en esa fecha ni después fueron presentados y así hasta hoy.

¿Habría diferencia si el Plan y los programas sectoriales hubieran existido antes de la epidemia? Sin duda. Si la segunda alternancia en el poder ejecutivo federal quería marcar una diferencia total respecto de administraciones anteriores, esos documentos de planeación habrían establecido claramente no solamente los objetivos específicos que busca alcanzar, cosa que sí ha hecho, lo más importante es que también habrían estado las estrategias para ejecutar las acciones, los indicadores de desempeño y sus metas, la estimación de recursos, la programación de lineamientos, entre otros aspectos. Después de la epidemia podrían ajustarse.

¿Administraciones anteriores han cumplido con planes y programas? No. Hasta antes de los años 2000 los planes y programas estaban hechos de una florida retórica elocuente y más bien carecían de indicadores. Después, incluyeron metas cuantificables, pero tampoco se cumplieron, siempre había imponderables que impedían alcanzar los grandes objetivos, a pesar del esfuerzo realizado, decían.

Tal vez por las graves fallas y el incumplimiento de periodos anteriores, las expectativas se desataron hacia el ejercicio de la actual administración. No obstante, ahora mismo, parece desempeñarse entre objetivos inasibles, fuertes limitaciones de presupuesto, presiones de tiempo e improvisación de acciones. Algunos dirán que lo importante está a salvo, lo demás es prescindible. El conjunto, sin embargo, puede estar a la deriva.

La buena noticia es que, después del Plan y los programas sectoriales, todavía hay un tercer nivel de planeación: los programas institucionales. Casi el último eslabón que conecta a las entidades de la administración pública y a los ciudadanos. La mala noticia es que esos mismos programas debieran estar perfectamente alineados, precisamente, con las previsiones del Plan y de los programas sectoriales. Si no lo están, su asidero es inestable y endeble; tienen una base de barro.

A este respecto, resulta ilustrativo lo que ocurre en el sector científico y tecnológico. Tampoco tiene un programa sectorial. Aunque, en realidad, no es sectorial, la ley correspondiente señala que es “especial” (Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, Peciti).

Lo destacable es que, la semana pasada, el Conacyt ingresó su Programa de Desarrollo Institucional 2020-2024 a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer). Un mecanismo utilizado para someter a consulta pública normas administrativas antes de ser dictaminadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Hasta el día de ayer se podía consultar el programa y opinar sobre el mismo en la página electrónica de la Comisión.

Independientemente del contenido del programa institucional, lo que llama la atención es que ahora podría marcar la ruta de las acciones en el sector, pero sin contar oficialmente con el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Eso será un detalle menor para la Conamer? No debería.

Incluso el primer párrafo del mismo Programa de Desarrollo Institucional 2020-2024 tiene un error en el fundamento normativo del estatuto orgánico del Conacyt (refiere a artículos y párrafos que son incorrectos). Un equívoco menor, provocado por las continuas modificaciones en las normas, pero que ilustra la improvisación e inestabilidad de buena parte de la APF. Así, todo resulta difícil, muy difícil.

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Pie de página: Por cierto, el Estatuto Orgánico del Conacyt va por su tercera reforma en menos de seis meses, la semana pasada fue publicada una nueva versión en el Diario Oficial de la Federación.

¿Qué ocurrirá con los resultados del parlamento abierto sobre los fideicomisos públicos? Los legisladores tienen la palabra y el voto.

Acerca del autor

Alejandro Canales
Acelerador de partículas en UNAM-IISUE/SES | canalesa@unam.mx

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