Universidades españolas: lo público y lo privado

Con el llamativo título “La ola imparable de la universidad privada arrolla a la pública”, El País publicó la semana pasada un amplio reportaje sobre la situación actual de la educación superior en España, enfatizando de qué manera la parte pública ha venido perdiendo espacio en las matrículas, tanto de grado (licenciatura) como en el posgrado, másters (maestrías). Una situación aún más intensa se da en lo que se refiere al número de instituciones. El texto (a cargo de Elisa Silió) puede resumirse en tres apartados: la situación, los problemas y la posición gubernamental.

Por lo que se refiere a lo primero, la situación, en el momento actual España tiene 96 instituciones de educación superior, 50 de ellas públicas. De las 46 privadas, 15 pertenecen al sector eclesiástico en sus distintos credos y 20 a empresas privadas. Además, se están tramitando once autorizaciones más, de ahí el calificativo de “ola incontenible”, toda vez que esta situación se ha dado en un plazo breve (31 instituciones en 26 años).

La números de matrícula son todavía favorables al sector público. Así, en grado, los privados tienen inscritos a 300 mil estudiantes frente al 1.1 millones de lo público. Sin embargo, en máster, los privados han rebasado ya a los públicos: 145 mil matrículas frente a 144 mil.

La tendencia de las privadas es ampliar rápidamente esa ventaja por tres razones: a) la idea, o el imaginario social, del papel de la educación superior como un canal de ascenso social y, por tanto, matricularse en el sector privado si el público no abre sus puertas; b) la transformación digital y tecnológica que demanda nuevos saberes y habilidades para la economía formal; c) la creciente inversión de capitales privados dispuestos a colocar recursos no sólo para nuevas instituciones, sino también en formación profesional e, inclusive, en programas de educación continua.

Las universidades privadas, sean obra social o empresas, viven básicamente del pago de las colegiaturas y, desde luego, éstas son asequibles de las clases medias en adelante (sólo el 6 por ciento de la matrícula accede a algún tipo de beca). Las fluctuaciones en el pago son enormes entre un sector y el otro. Por ejemplo, un año de medicina, veterinaria, u odontología, cuesta alrededor de 22 mil euros al año, frente a un promedio de mil 200 de una buena universidad pública.

En lo tocante a problemas, el principal es la situación económica de las universidades públicas. Sin recibir asignaciones mayores de los gobiernos, nacional o autonómico, y la muy limitada capacidad para el incremento en las colegiaturas, los precios por estas últimas se han quedado estacionados en números de varios años atrás.

La “calidad”, esa etérea característica de cualquier institución educativa constituye un segundo problema, no obstante las condiciones impuestas por el gobierno nacional para autorizar su funcionamiento. El Ministerio de Educación, en 2021, impuso varias condiciones relacionadas con este tema. Entre otras que cada universidad privada debe tener una matrícula de 50 por ciento en el grado, así como ofrecer un número de 10 carreras y 6 másters.

Por lo que corresponde a la posición gubernamental, dos son las preocupaciones fundamentales: por un lado la de “calidad”, ya mencionada arriba, y la libre e indiscriminada oferta de titulaciones para un mercado de trabajo no demandante de varias de ellas y su efecto de desocupación en el empleo, o de personal sobrecalificado para la demanda de puestos de trabajo (p. e. profesores de secundaria y psicología clínica que cursan en línea esos “posgrados habilitantes” para concursar en el empleo público).

La otra preocupación, con posibles consecuencias trascendentales, tiene que ver con el choque entre partidos políticos. El Ministerio de Educación promovió ante la Cámara de Diputados, la semana pasada, la propuesta de una nueva medida educativa (el informe de la Conferencia General de Política Universitaria), que hasta ahora no era vinculante para las universidades privadas, pasase a ser obligatorio, so pena de aplicar sanciones por incumplimiento. En la votación, el gobierno perdió ante la oposición tradicional (PP y Vox), pero sorprendentemente se contó con los siete votos en contra de Junts, el partido de Puidgemont, que hizo la mayoría para la investidura del presidente Sánchez y que lo ha venido salvando en cuestiones esenciales para la gobernabilidad del país. Un aviso o una señal para lo que podría pasar en otras materias.