Autonomías universitarias: historia y política

El principal logro institucional de las universidades públicas mexicanas en el siglo XX fue la conquista de su autonomía. En tanto idea rectora traducida como derecho, facultad o atribución legal reconocida por el Estado, la autonomía fue una decisión política que ha tenido efectos en las políticas de educación superior diseñadas e implementadas a lo largo de más de un siglo, tanto a nivel federal como en los ámbitos estatales.

Conviene enfatizar que la idea de la autonomía es una noción estrechamente vinculada a la idea de la libertad de enseñanza e investigación. No obstante, las fórmulas de vinculación varían de acuerdo con las “traducciones institucionales” que ocurren en cada caso. La autonomía tiene que ver con el autogobierno universitario; la libertad académica, con las prácticas que caracterizan el desempeño de profesores e investigadores en sus relaciones con las comunidades estudiantiles en los diversos campos y disciplinas del conocimiento y la formación profesional. Autonomías y libertades tienen límites difusos, pero distinguibles: una es de carácter político-institucional, ejercida por los órganos colegiados de gobierno; otra es de carácter académico, ejercida por individuos y grupos que cristalizan las prácticas de docencia, investigación y difusión.

Tipos de autonomía
No obstante, en el caso mexicano, los orígenes, significados e interpretaciones de las fronteras de la autonomía no son homogéneos en las 36 universidades públicas federales y estatales que hoy existen en el país. Por sus historias y contextos específicos, pueden distinguirse diversos tipos de autonomías en las trayectorias sociohistóricas de cada universidad. Bajo esta premisa, pueden identificarse tres tipos de autonomías: la política, la académica y la organizacional. Esta distinción se basa no solo en los enunciados normativos de cada universidad (leyes orgánicas) y sus diversas reformas a lo largo del tiempo, sino sobre todo en la configuración sociológica (relaciones entre actores, estructuras, procesos) de las prácticas institucionales de gestión de las autonomías.

Los tres tipos autonómicos enunciados configuran dimensiones o esferas de las diversas autonomías universitarias. Pueden existir casos de autonomías de organización y académica basadas en el principio de la libertad de cátedra y de investigación que no requieren necesariamente de la autonomía política institucional, es decir, del autogobierno. Pero el autogobierno supone un grado mayor de libertades y atribuciones universitarias para su autoorganización administrativa y académica, pues ello implica procesos decisionales vinculados a la participación de las comunidades estudiantiles y académicas en la deliberación de diversos asuntos universitarios a través de los órganos colegiados de gobierno distribuidos a lo largo y ancho de las estructuras de las universidades públicas.

Son los cambios en los entornos universitarios los factores causales que se constituyen en la fuerza motriz de las reformas en las autonomías universitarias observadas en los últimos cien años. Los movimientos estudiantiles de comienzos del siglo XX, los procesos de sindicalización del profesorado universitario de los años setenta y ochenta, los cambios introducidos por las políticas de modernización, evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de los programas académicos universitarios, o las reglas del financiamiento público ordinario y extraordinario hacia las universidades ocurridas a finales del siglo pasado y durante el primer cuarto del siglo XXI, constituyen algunos de los principales factores de causalidad de las transformaciones de las prácticas de la autonomía universitaria que dieron origen a reformas discretas o amplias en los comportamientos institucionales del gobierno, la gobernanza y la gestión de las autonomías.

Las primeras universidades de carácter público del siglo XX mexicano fueron diseñadas como instituciones con autonomía académica y organizativa, pero no con autonomía política, es decir, con la capacidad de autogobernarse, cuya decisión más importante es el nombramiento de sus rectores y directivos. Es el caso de la propia Universidad Nacional de México (1910), la Universidad Michoacana (1917), la Universidad de San Luis Potosí (1923) o la Universidad de Guadalajara (1925). Estas universidades conquistaron la autonomía política varios años después, mediante movilizaciones estudiantiles (como en el caso de la Nacional en 1929, 1933 y 1945), o por la negociación entre las comunidades universitarias con gobiernos locales, como la Universidad de San Luis Potosí (1934), la Michoacana (1920) y, de manera mucho más tardía, la UdeG (1994).

Una segunda ola de universidades públicas estatales representa con claridad los modelos autonómicos universitarios. Entre 1930 y 1950 se crean tres universidades públicas estatales con autonomía académica y organizativa, pero sin autonomía política. Son los casos de las universidades de Sonora (1938), Veracruz (1944) y Guanajuato (1945). En ese lapso, se crea también el Instituto Politécnico Nacional en 1937, como institución federal no autónoma y proyecto emblemático del gobierno cardenista en la educación tecnológica no universitaria.

Un tercer ciclo o etapa cubre el período 1950-1970, donde se crean la mayor parte de las universidades públicas contemporáneas del país. En ese lapso, se establecen 16 universidades estatales, algunas con autonomía política desde el principio y otras de manera fáctica o tardía. Durante la primera década (1950-1960) se incluyen las Autónomas de Puebla, Oaxaca, Baja California, Chihuahua, Tabasco, Estado de México, Tamaulipas y Durango. En la década siguiente (1960-1970), se establecen otras 7 universidades públicas en Guerrero, Sinaloa, Zacatecas, Campeche, Hidalgo, Morelos y Colima.

Entre 1970 y 1980, se fundan diez universidades más en el territorio nacional. Siete son universidades estatales en Tlaxcala, Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Ciudad Juárez, Coahuila y Nayarit, y tres universidades federales: las Universidades Agrarias Antonio Narro en Coahuila y Chapingo en el Estado de México (ambas con el importante antecedente de la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar, fundada en 1906 y clausurada en 1993 en Ciudad Juárez, Chihuahua), y la Universidad Autónoma Metropolitana en la capital del país. En la década siguiente y hasta el cierre del siglo, sólo se crearán dos universidades estatales más en Yucatán (1984) y en Quintana Roo (1991). Con ello se configuró la actual estructura republicana de universidades públicas distribuidas en todo el país.