La Ley Orgánica de 1945, considerada por algunos actualmente obsoleta, fue en su momento la solución idónea para un grave conflicto universitario.
Este jueves se habrá cubierto la segunda etapa del proceso de designación del nuevo rector (a) para el periodo 2023-2027. De los 17 aspirantes al cargo, la Junta de Gobierno habrá de seleccionar a aquellos que estime con mayores merecimientos. En función de ello, los 15 integrantes de ese cuerpo colegiado examinarán con detalle el programa de trabajo presentado por cada uno de ellos y les realizarán una entrevista. A más tardar el 15 de noviembre deberá efectuarse dicha designación a partir de la votación de las dos terceras partes de sus integrantes.
En el proceso de este año, por desconocimiento o intención, se reitera una crítica a dicho proceso: “no es democrático”, “ya tiene 78 años y está rebasado por el tiempo”, “no toma en cuenta las nuevas situaciones sociales e institucionales”, y otras más. Pero también resulta oportuno recordarlo: la Ley Orgánica de 1945 fue, en su momento, la solución para el conflicto más grave que haya vivido la Universidad Nacional en sus 113 años de existencia. La circunstancia era tan delicada que, Alfonso Caso, quien fue llamado para resolver ese conflicto, en calidad de rector, y quien propuso el texto de la Ley como la llave maestra para tal propósito, declaró al inicio de su mandato que aceptaba el cargo por un año, ya que ningún hombre sensato lo haría por un tiempo mayor. La Ley entró en vigor en enero de 1945 y se constituyó de inmediato, hasta 1974 (cuando se crea la Universidad Autónoma Metropolitana), en el modelo que fuera adoptado por las universidades públicas de las entidades federativas.
El “secreto” o perdurabilidad de la Ley radicó en establecer dos cuerpos de gobierno para lo que había sido la principal fuente de problemas en las tres décadas anteriores: la designación de autoridades y los dineros. Para lo primero, lo político (como lo denominó el propio Caso), fue la creación de la Junta de Gobierno, quitándole la atribución de nombramiento y designaciones al presidente de la República, a los gremios (profesorado y estudiantes) y a autoridades intermedias (consejos técnicos). En lo segundo, lo técnico, se estableció el Patronato, órgano colegiado al que le correspondió el manejo y vigilancia de los recursos financieros a través de dos dependencias: la Tesorería y la Contraloría.
Los argumentos que descalifican ese proceso poco o nada se refieren a la historia de las otras formas de designación hasta entonces utilizadas. Aquí se presenta un resumen de lo acontecido en la Universidad Nacional hasta 1945 (H. Musacchio, en su valioso libro La Universidad de México, 1551-2001, Fondo de Cultura Económica, 2022):
Entre 1910 (cuando se crea la Universidad Nacional por Porfirio Díaz) y 1929 (cuando el presidente Portes Gil otorga la llamada “primera autonomía”) fueron nombrados 17 rectores (dos repitieron el cargo). Entre conflictos, renuncias o defenestraciones, el promedio de la gestión de cada uno de ellos alcanzó un año y tres meses.
Entre 1929 y 1933 (el otorgamiento de la “segunda autonomía” por el presidente Portes Gil) hubo cuatro rectores. Su promedio de gestión fue de alrededor de un año.
Entre1933 y 1944 (cuando estalla el conflicto ya referido) se suceden 10 rectores, aunque sólo ocho efectivos (dos fueron nombrados dentro del conflicto de ese último año al margen de la legislación correspondiente). El promedio de gestión supera el año, fue de 13 meses.
Entre 1945 y 2023 fueron designados 18; de ellos 15 efectivos (dos por los estudiantes y otro que no tomó posesión). El promedio de gestión se extiende a casi cinco años y cuarto (un poco más de 62 meses).
Conclusión: bajo la vigencia de la Ley Orgánica de 1945, la UNAM ha mantenido una estabilidad que no se tuvo en las tres décadas y media precedentes. No obstante los problemas confrontados –algunos muy intensos–, en 78 años la Universidad se ha desarrollado enormemente en términos de cantidad y calidad. En lo primero, pasó de los 20 mil estudiantes de matrícula total de aquella fecha, a los 380 mil del actual ciclo escolar; para ello multiplicó las estructuras académicas y administrativas, así como sus instalaciones. Por lo que toca a calidad, un indicador que resume esa característica se sitúa en el reconocimiento obtenido a escala internacional; el rector Graue deja situada a la máxima casa de estudios en el lugar 93 del orbe (sitio 160, ocho años atrás), según uno de los rankings más prestigiados (el del Times Higher Education). La Junta de Gobierno de este 2023, heredera de aquella otra que defendió al rector Barros Sierra en 1968, sabrá honrar su compromiso institucional.
