La disponibilidad de personal médico es uno de los principales desafíos del sistema público de salud en México. En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hay alrededor de dos médicos por cada mil usuarios, mientras que en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) la proporción es de 3.6 y en el IMSS-Bienestar, de 2.1, de acuerdo con la Dra. Gabriela Luna Ruiz, del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana (IBERO).
Estas diferencias reflejan las dificultades para garantizar una atención oportuna a millones de personas, particularmente cuando la demanda de servicios crece sin que aumenten al mismo ritmo los recursos humanos, la infraestructura y los insumos disponibles.
El problema puede observarse en los tiempos de espera para realizar estudios clínicos, conseguir una fecha para cirugía o recibir atención en urgencias. Cuando el personal resulta insuficiente, los servicios enfrentan mayores presiones y disminuye su capacidad para responder a las necesidades de la población.
La especialista también advierte que las diferencias entre instituciones se extienden al personal de enfermería, el abasto de medicamentos, los reactivos de laboratorio y la disponibilidad de camas hospitalarias.
Atención médica para millones: más demanda y recursos insuficientes
El crecimiento de la población que requiere atención representa un desafío para las instituciones públicas, especialmente cuando no cuentan con capacidad suficiente para atender oportunamente a sus usuarios.
A la insuficiencia de médicos se suma la falta de abasto completo de medicamentos, material médico y reactivos de laboratorio. En el caso de IMSS-Bienestar, señala que también hay menos camas de las previstas para su población objetivo.
Por ello, advierte que ampliar la cobertura no garantiza, por sí misma, una mejor atención. Si aumenta el número de personas que pueden acudir a los servicios, pero no se fortalecen la infraestructura y el personal, pueden incrementarse los tiempos de espera y las dificultades para obtener consultas, estudios y tratamientos.
La capacidad de respuesta debe ser una prioridad, pues recuperar un hospital o incorporarlo a una nueva estructura administrativa no significa necesariamente que pueda resolver las necesidades médicas de quienes acuden a él.
Una instalación rehabilitada requiere médicos, enfermeras, equipamiento, medicamentos e insumos suficientes para ofrecer servicios efectivos.
Jubilaciones y salud: separar los recursos para conocer el gasto real
Otro de los problemas señalados por la Dra. Luna Ruiz es el peso que tienen las jubilaciones y las pensiones dentro de los presupuestos de las instituciones de seguridad social.
De acuerdo con la académica, 73 por ciento de los recursos destinados al ISSSTE se dirige a pensiones, mientras que en el IMSS la proporción alcanza 64 por ciento.
Además plantea que, para los próximos ejercicios presupuestarios, sería conveniente separar con mayor claridad los recursos destinados a jubilaciones y pensiones de aquellos que financian directamente los servicios de salud.
Esta distinción permitiría conocer cuánto dinero se destina efectivamente a consultas, personal médico, medicamentos, equipamiento e infraestructura, además de facilitar la evaluación de los recursos disponibles para la atención de los pacientes.
La propuesta busca hacer más transparente la distribución presupuestaria y distinguir las obligaciones pensionarias de las necesidades operativas de los servicios médicos.
IMSS-Bienestar: más presupuesto no significa mayor capacidad de atención
La transición del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y, posteriormente, a IMSS-Bienestar modificó la estructura administrativa y presupuestaria de los servicios dirigidos a la población sin seguridad social.
Según la especialista, el aumento del presupuesto de IMSS-Bienestar no debe interpretarse automáticamente como un crecimiento equivalente de hospitales, personal o infraestructura.
Antes, parte de esos recursos se encontraba registrada en los presupuestos de los gobiernos estatales. Con la federalización, hospitales, trabajadores y otros componentes de los servicios pasaron a formar parte de la estructura presupuestaria del sistema.
La Dra. Luna Ruiz menciona que el presupuesto pasó de alrededor de 11 mil 900 millones de pesos a 264 mil millones. Sin embargo, advierte que estas cifras no son directamente comparables, pues el presupuesto actual incorpora recursos que anteriormente estaban registrados en otras instituciones y administraciones.
También señala que una parte del gasto se destina a rehabilitar instalaciones y reorganizar administrativamente los servicios, por lo que no todo representa inversión nueva en la atención directa de los pacientes.
El desafío consiste en asegurar que los recursos se traduzcan en más capacidad resolutiva, mejor abasto y servicios oportunos, además de fortalecer los mecanismos de supervisión del gasto.
La brecha entre IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar
El sistema público de salud mexicano está integrado por subsistemas con diferentes mecanismos de financiamiento, infraestructura y disponibilidad de recursos. Estas diferencias influyen en las condiciones de atención que recibe la población.
Asimismo, sostiene que el gasto público por persona en el IMSS y el ISSSTE es aproximadamente 2.3 veces mayor que en IMSS-Bienestar.
Una parte de esta diferencia se relaciona con el financiamiento de cada institución. El IMSS recibe aportaciones del Estado, de los empleadores y de las personas trabajadoras, mientras que la atención de la población sin seguridad social depende fundamentalmente de los recursos públicos.
Para avanzar hacia una mayor igualdad, considera necesario reducir las brechas presupuestarias y fortalecer los recursos destinados a las personas que no cuentan con seguridad social.
La meta de IMSS-Bienestar contempla una población de 41.6 millones de personas. Sin embargo, garantizar una atención equivalente a la de otros subsistemas requiere más que ampliar la cobertura: implica contar con personal suficiente, infraestructura funcional, medicamentos disponibles y capacidad para resolver los problemas de salud.
También, indica que la universalización de los servicios no puede alcanzarse únicamente mediante cambios administrativos. Se necesita una inversión que responda a las necesidades reales de la población y que reduzca las diferencias entre instituciones.
El gasto debe traducirse en mejores resultados de salud
La especialista también alerta sobre el aumento del gasto de bolsillo de los hogares, cuando las personas recurren a consultorios adyacentes a farmacias y pagan consultas o medicamentos ante las dificultades para obtener atención en los servicios públicos.
Esta situación puede representar una carga económica adicional, incluso para quienes necesitan atención por padecimientos que inicialmente no son graves.
A ello se suma un sistema que concentra esfuerzos en la atención curativa y requiere fortalecer la prevención, las campañas de vacunación y la detección oportuna de enfermedades.
Menciona que el gasto público en salud equivale a 2.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), por debajo de la referencia de 6 por ciento atribuida a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estas cifras requieren cotejarse con la fuente presupuestaria correspondiente antes de su publicación.
Para la especialista, la evaluación del sistema no debe limitarse a cuánto dinero se asigna, qué productos se compran o cuántos hospitales se incorporan a una nueva administración.
La pregunta principal es si los recursos mejoran efectivamente la atención, reducen los tiempos de espera y permiten que las personas reciban consultas, medicamentos y estudios oportunamente.
Garantizar el acceso universal a la salud exige fortalecer la capacidad de las instituciones, transparentar el ejercicio del presupuesto y asegurar que el gasto se refleje en mejores condiciones de atención para las y los mexicanos.
Luis Reyes
