El viernes 12 de septiembre el titular de la SEP fue convocado a la “Mañanera del Pueblo”, para atemperar cuestionamientos al proyecto de presupuesto para el sector educativo incluido en el Paquete Económico 2026. Como ya se está haciendo costumbre, lo verdaderamente relevante fue lo que no dijo. Son de destacar las siguientes omisiones:
• En 2026 la política educativa continuará operando en el marco del agotamiento del modelo de financiamiento y planeación del sector educativo, situación que limita la posibilidad real de garantizar el derecho humano a la educación que establece la Constitución y la Ley General de Educación. Así lo confirman los resultados del Informe de Medición Multidimensional de la Pobreza 2024, recién presentado por el INEGI, que estima en 24.3 millones los mexicanos en condición de carencia educativa, es decir, que no saben leer ni escribir y no cuentan con educación básica concluida.
• El Proyecto PEF 2026 estima que el monto del presupuesto educativo total alcanzará un monto de 1,179 billones de pesos, medido a precios corrientes. Sin embargo, como porcentaje del PIB previsto para 2026, será de 2.89 por ciento, el nivel más bajo de los últimos siete años. Ello confirma el estancamiento en la inversión educativa registrado en la última década. De acuerdo con el “Panorama de la Educación 2025”, presentado por la OCDE, México ocupa el penúltimo lugar de inversión nacional por estudiante, entre los países miembros de la OCDE.
• En el Proyecto PEF 2026 el único programa del sector educativo que registra incremento es el programa de becas Rita Cetina. Dicho incremento se realizó a costa de aplicar recortes a la mayoría de programas del sector.
• El presupuesto para educación superior proyectado para 2026 es 4.7 por ciento menor al de 2025; de tal forma, en el periodo 2019-2026 el presupuesto federal para educación superior acumulará una dramática reducción de 32 por ciento en términos reales (considerando en el cálculo las cifras del deflactor implícito del PIB).
• El proyecto PEF 2026 plantea reducciones para la totalidad de IES públicas, tanto federales como estatales. Los mayores ajustes se registran en los casos de las Universidades Públicas estatales (-8.2 por ciento); el Tecnológico Nacional de México (-5 por ciento) y el Instituto Politécnico Nacional (-3 por ciento).
• El Paquete Económico para 2026 anticipa que nuevamente el Estado mexicano incumplirá el mandato del artículo 3º de la Constitución de crear, “en el presupuesto del ejercicio 2022” (sic), el Fondo Federal Especial para la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior. El sistemático incumplimiento de la Constitución limita la posibilidad de contar con instrumentos presupuestarios para revertir dos procesos interconectados: el lento crecimiento de la matrícula en las IES públicas y el acelerado crecimiento de la matrícula en las IES particulares, ambos observados en los últimos seis años, en todas las entidades federativas. Actualmente, las IES particulares atienden al 36 de la matrícula nacional en programas de licenciatura y 66 por ciento de la matrícula de posgrado.
• El titular de la SEP informó que a través del programa de becas para educación superior “Jóvenes Escribiendo el Futuro”, en 2026 el Ejecutivo Federal apoyará a cerca de 410 mil estudiantes, cifra que representa a sólo al 12 por ciento de la matrícula en programas de formación profesional en IES públicas (ciclo 2024-2025). Es urgente revisar los impactos de la desconexión entre la política de “universalización” de becas de educación media superior y la política de “focalización” de becas en educación superior. Los datos de la SEP muestran que a nivel nacional la tasa de abandono escolar en el primer año de la formación profesional alcanza niveles promedio del 30 por ciento.
• En suma, en 2026 la política de educación superior enfrentará severas restricciones derivadas no sólo de la política de austeridad fiscal, obligada por los elevados niveles de endeudamiento y el estancamiento de la economía y los ingresos fiscales, sino por la prolongada crisis del modelo de financiamiento educativo, ampliamente documentada, desde hace varias décadas, por diversos actores de la educación superior. De persistir las inercias, se ven remotas las posibilidades de cumplir el compromiso presidencial de alcanzar la meta de 55 por ciento de cobertura en educación superior, planteada en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Ante tal panorama, para la mayoría de los mexicanos el derecho humano a la educación superior seguirá siendo una aspiración para el largo plazo, con elevado costo social y económico.
Roberto Rodríguez Gómez
