En el proceso de configuración de la Ley General de Educación Superior (DOF 20-04-2001), uno de los temas en que los rectores universitarios insistieron y lograron acordar con los legisladores se refiere al procedimiento para modificar las leyes orgánicas de las instituciones autónomas por ley. El texto plasmado en el artículo segundo de la norma indica que “Cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas referidas en este artículo deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, a los órganos de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga autonomía, y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado”. Por cierto, la idea de agregar en la consulta referida a la comunidad universitaria no formaba parte de la iniciativa original, sino que fue añadida, mediante una reserva presentada por el senador Rubén Rocha Moya, el día de su deliberación en el Senado (9 de diciembre de 2020).
Tomando en cuenta las disposiciones de la LGES, la rectoría de la Michoacana trazó una ruta dirigida a su reforma normativa, que incluía, entre otras posibilidades, el cambio en la forma de elegir al rector o rectora y a otras autoridades universitarias, la instauración de un nuevo régimen de pensiones y jubilaciones, así como la obligación del Estado de contribuir al financiamiento de la institución.
En mayo del 2024 se organizó el primer “Foros Nicolaita de Reforma Universitaria”, a través de mesas temáticas en tres grandes rubros: reforma administrativa, académica, justicia universitaria y derechos humanos, en los que participaron 270 personas. El mismo mes tuvo lugar la primera plenaria de consejos universitarios para el planteamiento de los ejes de la reforma. Entre octubre y noviembre de 2004, los directores de escuelas, facultades e institutos celebraron sesiones con el mismo propósito. En enero de 2025 se llevó a cabo un segundo Foro Nicolaita de Reforma Universitaria, con la participación de consejeros universitarios, representantes sindicales y estudiantes.
A finales de enero de 2025, la rectoría integró una primera propuesta de la ley orgánica de la Universidad y el 11 de febrero el Consejo Universitario se instaló en sesión permanente para revisar y enriquecer la misma. Adicionalmente, el 16 y 17 del mismo mes, operó una encuesta universitaria sobre el proyecto de nueva ley orgánica. Como resultado de lo anterior, a inicios de febrero de 2025 se contó con un proyecto avalado por la institución.
En anticipación a la aprobación de la propuesta de la universidad, el congreso local promovió una reforma a la Constitución del Estado, la que daría cobertura legal a la integración de la ley universitaria en calidad de armonización con la norma constitucional aprobada.
La reforma constitucional consistió en la adición de varias disposiciones al artículo 143, sobre la autonomía universitaria. Anteriormente, la norma refería exclusivamente al contenido de la fracción VII del artículo tercero de la Constitución Federal, el que contiene las garantías que otorga la carta magna a las universidades y otras instituciones de nivel superior autónomas por ley. La modificación de dicho artículo agregó cuatro párrafos y siete transitorios. En resumen, se reconoce la autonomía plena de la “Benemérita y Centenaria Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo”; se dispone que el subsidio local para esta debe ser equivalente, por lo menos, al 4.5 por ciento del presupuesto de egresos del estado; que la elección al cargo de rectora o rector “se realizará de forma democrática, para lo cual se deberá contar con la participación de sus órganos de gobierno y los tres sectores de comunidad: estudiantes, docentes y administrativos”. Por último, que la universidad “contará con un sistema propio de pensiones y jubilaciones para el personal docente y administrativo”. Esta reforma constitucional fue aprobada por el congreso local el 28 de noviembre de 2024 y, una vez cumplido el trámite de aprobación por la mayoría de los ayuntamientos, fue publicada en el periódico oficial el 8 de enero de 2025.
A finales de febrero de 2025, el legislativo michoacano recibió la iniciativa y la turnó a la Comisión de Gobernación con el título de “Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Benemérita y Centenaria Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo”. La norma fue aprobada, prácticamente sin modificaciones, el 5 de marzo del mismo año y publicada en el periódico oficial dos días después.
A raíz de la aprobación de la nueva ley orgánica, la universidad ha procedido a la reforma de varios de sus ordenamientos jurídicos, uno de los más recientes es el reglamento interno del Consejo Universitario, así como los procedimientos para la elección de consejeros universitarios y autoridades de escuelas, facultades e institutos. Sin embargo, todavía está pendiente la elaboración de la norma. Además, desde el 28 de febrero del 2025, el Consejo Universitario aprobó extinguir la Comisión de Rectoría de la Universidad, que deberá ser reemplazada, en su momento, por una “Comisión Especial para la Elección de la Rectora o Rector”, que no tendrá funciones electoras propiamente dichas, sino de selección de posibles aspirantes al cargo y de supervisión y calificación del proceso electoral contemplado en la nueva ley orgánica.
El relevo de rectoría va a ocurrir en noviembre o diciembre de este año, y será la prueba de fuego para apreciar si la propuesta de democratizar el nombramiento de la máxima autoridad unipersonal contribuye a la gobernabilidad universitaria o si polariza la vida institucional. Ya se verá. Por ahora sigue pendiente la formulación del reglamento para el próximo proceso electoral. Se ha anuncia que este verá la luz a más tardar en septiembre de este año.
