En vísperas de conmemorarse los primeros cinco años de la Ley General de Educación Superior (DOF 20 de abril de 2021), la SEP publicó el 14 de abril el Programa Nacional de Educación Superior 2026-2030 (Prones). Este programa fue elaborado por una comisión interinstitucional en el marco del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, Conaces. En su contenido plantea seis objetivos, 25 estrategias, 147 líneas de acción y 11 metas estratégicas.
Los objetivos del Prones son:
• Ampliar el acceso y la conclusión de los estudios de tipo superior, bajo principios de inclusión y equidad, con enfoque de justicia social y territorial.
• Consolidar un Sistema Nacional de Educación Superior articulado, eficiente e innovador, sustentado en una gobernanza democrática orientada a la mejora continua, el reconocimiento de saberes y el desarrollo regional y nacional.
• Garantizar una educación superior integral que atienda el bienestar y éxito estudiantil, fortalezca la labor docente e impulse la sostenibilidad, la justicia social, la cultura de paz y el deporte en la comunidad universitaria.
• Establecer procesos articulados para la generación y aplicación del conocimiento, investigación científica, humanidades, innovación y desarrollo tecnológico en las IES para contribuir a la solución de problemáticas locales y nacionales con impacto social.
• Impulsar una política nacional de educación superior abierta y para toda la vida, que fortalezca las oportunidades de formación continua, innovadora, flexible y pertinente para la población.
• Promover una política de financiamiento sostenible y eficiente que optimice el uso de los recursos aprobados para garantizar el cumplimiento del derecho humano a la educación superior, y contribuya a fortalecer las capacidades científicas, tecnológicas e innovadoras del país.
Para medir el logro de sus objetivos, el Prones compromete 11 metas estratégicas. La primera y sin duda la más relevante refrenda la meta del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que establece alcanzar, en 2030, una tasa de cobertura bruta de educación superior equivalente al 55 por ciento de la población de jóvenes entre 18 y 22 años, lo que implica conseguir, al finalizar el año 2030, una matrícula en programas de formación profesional de 6.1 millones de personas. Para ello, la matrícula en las IES públicas y particulares debe aumentar en poco más de un millón de lugares en total. Si solo se considera el reto cuantitativo de las IES públicas, estas tendrían que generar en torno a 650 mil lugares adicionales.
Se trata, sin duda, de un reto mayúsculo para las IES públicas, aunque viable a condición de aprovechar a plenitud las atribuciones legales y los instrumentos en materia de planeación y financiamiento que establecen la Ley General de Educación Superior y el propio Prones.
En efecto, por una parte, la LGES confiere amplias facultades al Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (Conaces) y a las Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior (Coepes) para definir las prioridades, estrategias y acciones que garanticen el derecho humano a la educación superior. Por lo tanto, es necesario que tanto las autoridades federales como las estatales asuman —ahora sí— la corresponsabilidad que la Constitución y la Ley les confieren en materia de rectoría de la política y desarrollo de la educación superior.
Es importante recordar que los seis artículos que conforman el Capítulo de Financiamiento de la LGES (artículos 62 a 67) sientan las bases jurídicas para transitar hacia un nuevo modelo de financiamiento de la educación superior, que no solo garantice el cumplimiento del mandato constitucional, sino que apoye una profunda transformación de la educación superior.
En ese sentido, el objetivo seis del Prones 2026-2030 incluye tres estrategias con 16 líneas de acción que, de cumplirse en sus términos, permitirían avanzar de manera significativa en la atención de temas cruciales y urgentes hacia una nueva política de financiamiento de la educación superior, basada en la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno y de las propias instituciones educativas. Las tres estrategias que compromete el Prones son:
Estrategia 6.1. Fortalecer el modelo de financiamiento y la corresponsabilidad entre la Federación y los gobiernos estatales para optimizar el uso de los recursos aprobados y asegurar el desarrollo sostenible y el cumplimiento de los fines de la educación superior pública.
Estrategia 6.2. Fortalecer la equidad y sostenibilidad financiera de las IES públicas y subsistemas de educación superior, mediante mecanismos de asignación y gestión que reconozcan su diversidad institucional y territorial, con el propósito de optimizar el uso de los recursos aprobados y garantizar su desarrollo equilibrado.
Estrategia 6.3. Fortalecer la transparencia y eficiencia en el ejercicio del gasto y rendición de cuentas de las IES.
Entre las líneas de acción en materia de financiamiento, que validaron la SEP y la SHCP durante el proceso de aprobación del Prones 2026-2030, destacan las siguientes, cuya relevancia ha sido planteada, de manera reiterada, por las universidades públicas:
• Creación y operación del Fondo Federal Especial para la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior;
• Construir acuerdos que fortalezcan la corresponsabilidad y permitan transitar hacia esquemas de financiamiento con aportaciones paritarias a las IES públicas;
• Promover, con pleno respeto a la autonomía universitaria, la revisión y actualización de los sistemas de pensiones y jubilaciones de las universidades públicas;
• Promover la creación de mecanismos de financiamiento sostenibles para apoyar el desarrollo y consolidación de la carrera docente del profesorado de tiempo completo y de asignatura en las IES públicas;
• Impulsar el diálogo entre autoridades hacendarias, educativas y las IES públicas para avanzar en el reconocimiento gradual de la plantilla de personal necesaria para el desarrollo de las funciones sustantivas;
• Gestionar la ministración de recursos correspondientes a la política salarial del personal de las IES públicas, mediante mecanismos de programación anual, durante el primer semestre de cada año.
• Establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo de la ministración de los recursos comprometidos en los convenios de apoyo financiero;
• Incorporar la eficiencia, transparencia y el enfoque de derechos humanos en la asignación y uso de los recursos destinados a las funciones sustantivas de las IES públicas como eje transversal en la elaboración de todos los planes y programas de educación superior.
• Fortalecer, con pleno respeto a la autonomía universitaria, la incorporación de criterios de disciplina financiera en la normativa interna de las IES públicas, bajo principios de legalidad, austeridad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, para mejorar la operación de los servicios educativos.
En suma, los objetivos, estrategias, líneas de acción y metas comprometidas en el Prones 2026-2030 abren una perspectiva factible para los actores de la educación superior y para el país, que requiere de manera urgente poner en marcha los motores del crecimiento económico y del desarrollo social y regional sobre bases más equitativas y sostenibles. Siempre y cuando, hay que repetirlo, todos los integrantes del Conaces actúen con la responsabilidad que el caso amerita. Los tiempos apremian; el reloj sexenal se acerca a su segundo tercio.
Roberto Rodríguez Gómez
