El Prones 2026-2030, puesto en vigor el pasado 14 de abril, es un buen documento, tal y como se expresó aquí la semana pasada. Los seis objetivos definidos para el fin del sexenio, así como para el 2045, son pertinentes para el avance de la educación superior en su conjunto. Empero, como también se señaló, el sexto objetivo (“promover una política de financiamiento sostenible y eficiente…”) juega el papel de condicionante para los cinco restantes. El problema no reside en el documento, sino que se localiza en las finanzas públicas de la Federación, las cuales han sido insuficientes para permitir la “sostenibilidad” fijada en dicho objetivo. La realidad de las asignaciones financieras al sector de educación superior, en los últimos años, ha sido de reducciones reales (a precios constantes).
Una de las pocas fallas del Prones, como documento, es la de elaboración de un diagnóstico que no cumple con su función plena —“determinar el estado actual de una organización, identificando problemas y necesidades”—, al referirse específicamente al tema de financiamiento, en la sección correspondiente. Sin embargo, en las restantes (estrategia, líneas de acción, indicadores y metas) asume implícitamente aquella realidad y obra en consecuencia. A esto se dedican las siguientes líneas.
Por lo que se refiere a la Estrategia y Líneas de Acción, dos de ellas son relevantes. La primera consiste en “fortalecer el modelo de financiamiento y la corresponsabilidad entre la Federación y los gobiernos estatales”. Esto incluye, como línea de acción, la correspondiente a la creación y operación del Fondo Federal Especial para la Obligatoriedad y Gratuidad de la Educación Superior. Este fondo federal, incluido en el Artículo tercero constitucional desde 2019, no se ha establecido hasta ahora. El Congreso de la Unión, desde aquella fecha, determinó priorizar las políticas públicas sexenales, antes que los compromisos de orden constitucional.
La segunda estrategia pretende “fortalecer la equidad y sostenibilidad financiera de las IES públicas y subsistemas de educación superior”. Entre las líneas de acción sobresale la correspondiente a la revisión y actualización de los sistemas de pensiones y jubilaciones de las universidades públicas, problema que amenaza no sólo con la sostenibilidad institucional en términos económicos, sino con la propia gobernabilidad de las casas de estudio.
En lo que toca a indicadores y metas, son dos los principales ahí incluidos. El primero se refiere al “porcentaje de IES públicas con gratuidad en sus servicios educativos”. Esto significa que las instituciones no deben cobrar por ninguno de dichos servicios del nivel profesional, comprendiendo este último los de técnico superior y licenciatura. Ante lo anterior, la meta que se establece constituye una sorpresa, toda vez que, implícitamente, se reconoce lo que se omitió en el diagnóstico relacionado con “problemas y necesidades”. La meta de gratuidad para 2030 se establece en ¡un 11 por ciento! Con ello se reconoce que la educación superior, como un derecho humano, queda pospuesta, por lo menos, en lo que resta del sexenio.
El segundo indicador, “porcentaje de IES públicas estatales cuyo financiamiento estatal es de 50 por ciento o más del subsidio ordinario”. Esto permite medir el financiamiento que se recibe por parte de la entidad federativa, debiendo ser por lo menos el correspondiente a un 50 por ciento. La meta que se establece para 2030 es de 70 por ciento de dichas instituciones, frente a lo que ahora existe, sólo media docena de ellas con ese porcentaje. Esto significa que varias de las entidades federativas tendrán que incrementar, algunas significativamente, sus aportaciones.
Comentarios
• El entorno económico y fiscal del país no es favorable para el conjunto de propuestas incluidas en el Prones. Dentro de esto, las perspectivas del crecimiento económico son poco optimistas hasta 2028, en que pueda alcanzarse un PIB de 2 por ciento. A esto se suman aspectos como el elevado déficit público (consolidación fiscal), la situación financiera y operativa de Pemex, así como la incertidumbre sobre la economía interna, reflejada en la reducción de la condición crediticia del país por diversas agencias calificadoras internacionales.
• La corresponsabilidad de financiamiento entre federación y entidades federativas marcada por el Prones se ubica dentro de un ámbito más amplio: el de las participaciones y aportaciones por parte de la primera a los segundos. Las dos conferencias fiscales que se han realizado en años pasados no han logrado una solución al respecto. De ahí la dificultad para que esto se consiga aisladamente en los terrenos del sector de la educación superior.
Carlos Pallán Figueroa
Ex rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (Unidad Azcapotzalco), Ex secretario General Ejecutivo de la Anuies.
