Política Educativa: La Propuesta de Anuies

La Asociación Nacional de Universidades e instituciones de Educación Superior (Anuies)se fundó en 1950. Su propósito: el estudio de los problemas de la educación superior y la sugerencia de políticas y recomendaciones al gobierno de la República. Esto en un México de 25 millones de habitantes, una veintena de instituciones de educación superior y con una matrícula de 32 mil estudiantes (12 por ciento de mujeres). Desde entonces, y bajo diferentes formas y mecanismos, esa organización ha venido cumpliendo con dicho mandato. A mediados de los años setenta — y en un país en que las políticas públicas han adoptado el sistema métrico sexenal— fue sistematizada la elaboración de esas sugerencias en un documento que reflejara el sentir de todas sus instituciones afiliadas no obstante su distinta naturaleza jurídica (federales, estatales, autónomas, particulares). En este 2024 la Asociación ratifica ese propósito, dando a conocer su propuesta para el gobierno federal que recién inicia. Esta se contiene en un documento de 135 pp., el cual toma el carácter de “propuesta en construcción”, toda vez que como ahí mismo se expresa “una vez concluido el proceso electoral, la Anuies buscará mantener un diálogo permanente con los distintos órganos de gobierno… con el fin de construir una propuesta más completa… “. Las siguientes líneas tienen el objetivo de resumir ese documento, ofreciendo un punto de vista al respecto.

La propuesta de Anuies se titula Compromiso común por el futuro de la educación superior mexicana: trazando una ruta a 2030. Con la frase inicial, como ahí se explica, se alude a la diversidad que es propia de una organización compleja como esa, pero, al mismo tiempo, a la unidad que la singulariza. El gran objetivo de la propuesta es el de contribuir a “crear un sistema de educación superior que garantice la universalidad, obligatoriedad y gratuidad de la educación superior conforme lo establece nuestra Constitución”.

Bajo los términos de avances y desafíos se establece un diagnóstico como punto de partida. Entre los primeros se destacan siete acciones emprendidas en el sexenio pasado, con diferentes grados de adelanto, y a las cuales habría que darles continuidad. Estas son: a) el desarrollo del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (Conaces) como órgano colegiado de interlocución entre autoridades educativas, IES y actores fundamentales de ese sector; b) la reactivación plena de las Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior (Coepes); c) la implantación del Sistema de Evaluación y Acreditación de ese sector; d) la operación del Registro Nacional de opciones de educación superior; e) la puesta en marcha del Sistema Integral de Información; f) la instrumentación del Marco Nacional de Qualificaciones y el Sistema de Créditos; g) la continuidad con las becas estudiantiles para todo el sector.

Por lo que se refiere a los desafíos, se identifican nueve, contando entre los cinco principales: a) establecer el Fondo Federal Especial para la obligatoriedad de la educación superior por parte del Estado Mexicano; b) articular las acciones entre la SEP y el nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología; c) regular de mejor manera a las IES particulares; d) establecer un modelo de financiamiento de las instituciones públicas de educación superior; e) concluir con la armonización de la Ley General de Educación Superior con las leyes correspondientes de las entidades federativas.

A partir de ese diagnóstico inicial, el documento se estructura a partir de once ejes estratégicos. Estos tienen el propósito de describir el estado actual de cada uno de los temas abordados, así como señalar los objetivos que, idealmente, deberían cumplirse al finalizar el actual sexenio. En esa descripción se formula un análisis detallado de cada tema, obrando como una valoración o un segundo diagnóstico cuando se refiere a lo que ahora se continúa. Para efectos de síntesis, aquí se agrupan los once ejes en una denominación común de cinco categorías, tal como se expone a continuación:

Cobertura (ejes: políticas públicas transversales que garanticen el acceso universal y gratuito a la educación superior; ampliación de la cobertura como medio estratégico para el bienestar social y el progreso del país; fortalecimiento de la infraestructura física, tecnológica y digital). En los tres se hace referencia a la cobertura, la participación de los grupos vulnerables, los efectos que tuvo la pandemia y la necesidad de la renovación en la infraestructura como condición para el mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Calidad (ejes: armonización del modelo educativo como plan principal para lograr la formación integral del estudiante; revalorización del talento humano docente de investigación y de administración en las IES; aseguramiento de estándares y mejora continua para la excelencia). En estos se trata de promover el humanismo, el compromiso social y el pensamiento crítico, así como se incluye un plan para la “renovación generacional” de las plantas académicas. De igual manera contiene la parte correspondiente a un mejoramiento en la colaboración entre autoridades educativas federales, estatales e institucionales. Lo anterior abarca también la transformación de planes de estudio y el mejoramiento de competencias en el personal docente.

Gobernanza (ejes: salvaguarda de la autonomía universitaria; gobernanza institucional; el cumplimiento efectivo del marco constitucional y de la LGES). La necesidad de estimular el cumplimiento de las dos caras de la autonomía: el respeto a sus funciones y actividades básicas por parte de los poderes públicos, así como el respectivo cumplimiento de obligaciones, responsabilidades y compromisos de las IES. Considerar a la educación superior como un bien común, “cuya rectoría principal corresponde al Estado”, y la obligación por parte de este último de otorgarle un tratamiento de derecho humano salvaguardado por la Carta Magna y la Ley General de Educación Superior, desde hace ya, casi, cinco años.

Financiamiento. Bajo el rubro de “certeza financiera”, se incluye la necesidad de contar con una seguridad en esta materia, de tal forma que la gratuidad de la educación superior sea efectiva. Esto presupone el acuerdo e integración de los tres órdenes de gobierno “para asegurar el financiamiento de la educación superior con equidad, transparencia y rendición de cuentas. . . .”

Alianzas Estratégicas. En este eje se intentan desarrollar acciones bajo la idea de “internacionalización solidaria”, misma que presupone “una forma de cooperación horizontal entre universidades que fomenten el pensamiento crítico en beneficio de los sectores más vulnerables . . .”.

La propuesta de Anuies tiene una cualidad adicional. Los ejes estratégicos, aparte de estar orientados a la formulación de políticas públicas del gobierno de la República, coadyuvan al compromiso internacional de México para el 2030. Alcanzar las metas previstas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados en la ONU.

Además, todo lo anterior sobre los ejes estratégicos, que constituye la parte principal del documento (60 pp.), debe sustentarse en tres principios básicos que los orienten. Estos son: a) garantizar el carácter universal y gratuito de la educación superior como un derecho humano; b) las instituciones deben guiarse conforme a valores como la inclusión, el respeto a los derechos humanos, una cultura de paz y la cohesión social; c) el Estado debe priorizar los recursos gubernamentales para “el diseño participativo y democrático de las políticas públicas destinadas a garantizar, hacia el 2030, la educación que el pueblo mexicano necesita . . .”

Comentarios:
El Compromiso Común se inscribe plenamente en el mandato perenne de una organización como la Anuies. Este, como lo resumía en su momento el Dr. Juan Casillas (Secretario General Ejecutivo entre 1985-1993): “Es importante que exista un órgano de representación de las IES que tenga como objetivo plantearles, no solamente al Estado, sino a la sociedad en general, lo que hace la educación superior, qué condiciones requiere para poder funcionar, y, de alguna manera, mostrar a esta lo que se logra con los recursos que se otorgan a las instituciones”. De lo expuesto pormenorizadamente en el documento, se identifican dos obstáculos que, si no se remueven en el presente sexenio, comprometerán el objetivo de la propuesta de Anuies: “Un sistema de educación superior que garantice la universalidad, obligatoriedad y gratuidad . . .”.

Un primer obstáculo es el relativo a no haberse alcanzado la meta de 50 por ciento de cobertura en el sexenio recién concluido. Lo obtenido, 44 por ciento, quedó lejano de lo que fueron las expectativas abiertas en esa materia cuando se reformó la Constitución, en 2019, o se formuló el Programa Sectorial de Educación, en 2020. El rezago, explicado en cierta medida por los efectos disgregadores de la pandemia, exigirán redoblar esfuerzos si verdaderamente la educación y, en específico su nivel superior, constituye objetivos prioritarios del régimen.

El segundo obstáculo va de la mano o condiciona severamente al anterior. Se refiere a los dineros, al financiamiento de la educación superior por parte del Estado. En las explicaciones ofrecidas por el Dr. Ramírez de la O —secretario de Hacienda—, para justificar el gasto social, estuvo siempre el argumento de que se trataba de un mandato derivado de la Constitución. Los términos de “progresividad” o “gradualidad”, que han retrasado que la educación superior adquiera la categoría efectiva de derecho humano, y este sea plenamente disfrutable, pueden ser justificables jurídicamente (aunque hasta ahora la inmensa mayoría de amparos interpuestos han prosperado), pero no de manera política. En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que se presente en unos meses se debería considerar esta circunstancia, tarea a cargo del Ejecutivo y Legislativo federales, como actividad que no debiera admitir demora, aún dentro de una “gradualidad” y “progresividad operativas”, porque así lo prescribe también la Carta Magna.

El compromiso común se inscribe desde este momento como una aportación muy relevante para los procedimientos y consultas que deben preceder, según la Constitución y la Ley de Planeación, a la elaboración del PND en el próximo año. En suma: se está en presencia de una buena propuesta.