La anécdota del portafolios hallado después de 20 años, conteniendo un libro trascendental (Futuros problemas mundiales de la educación), referida aquí la semana pasada, llevó a la disyuntiva que se plantea en el título de este artículo, y a la idea de la naturaleza perenne de ciertos problemas de la educación superior. Como se dijo, Phillips Coombs, el autor de aquel texto, identificaba seis problemas críticos ya en 1981. Dos de ellos (demandas y necesidades, así como empleo de graduados) ya fueron abordados, y aquí se tratan tres más.
El tercero de los “problemas críticos” se refiere a costos y financiamiento. En aquel lejano 1981, a esa locución se le denominaba también “la creciente presión financiera”. En este 2026 significa, inequívocamente, actualidad. Sólo un dato: en el periodo 2019-26 el sector tuvo un decremento real de 32 por ciento. Esto significa la pérdida de 83 mil millones de pesos. En torno a esa “presión financiera”, Coombs sugería algunas medidas para reducir costos: “una de las posibilidades es la de exigir que los estudiantes más ricos y sus familias paguen una parte razonable de los costos reales de su educación superior y establecer, al mismo tiempo, un generoso programa de becas y préstamos a estudiantes para evitar lesionar a los más pobres”. La reforma constitucional al Artículo Tercero, en 2019, volvió inviable esta propuesta.
Las desigualdades educativas constituían un cuarto problema. En los 70 se hizo evidente “que la gran expansión educativa mundial no estaba produciendo los milagros sociales que se esperaban de ella”. A casi medio siglo de distancia, empezaba a evidenciarse que la educación ya mostraba fisuras en su propalada versión de ser el “gran compensador” en materia de desigualdad social. Empero, la idea del cambio social aparecía ya en el horizonte para incluirse en las políticas públicas. Tres tipos de desigualdades se distinguen, entonces como ahora, en países como el nuestro: el género, la geografía y lo socioeconómico. Aquí me refiero a este último. En México, la desigualdad social es muy patente cuando se examina el indicador del ingreso familiar. Así, y para resumir, en el primer decil (los hogares que perciben seis mil pesos al mes) sólo el 4.4 por ciento accede a educación superior; en contraste, en el décimo (ingreso mensual de 79 mil) más del 80 por ciento ingresan y concluyen, respectivamente.
El quinto problema se refiere a planeación, administración y gobierno. El libro fue publicado por la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior, entidad integrada por la SEP y Anuies. Previo a esto, en 1978, ambas entidades pusieron en marcha el primer Plan Nacional de Educación Superior. Además, desde el propio 78, los recursos federales habían fluido adecuadamente a las universidades para que se avanzase en todos esos campos. Esa buena marcha se trastocó en 1982 con el gravísimo problema de la economía y las finanzas públicas. Esos tres componentes se agravaron durante el sexenio, el cual se calificó como “perdido” en todas sus políticas públicas.
Comentarios
• A semejanza del “sexenio perdido” en 1982-88, los últimos siete años han significado un financiamiento decreciente a la educación superior. Una buena parte de las asignaciones presupuestales han servido para un incremento importante de becas a estudiantes. Sin embargo, esto que es relevante no se convierte directamente en un desarrollo de las instituciones y del propio Sistema de Educación Superior.
• La desigualdad social en el acceso y permanencia a la educación superior no se supera con la importante reforma al Artículo Tercero en 2019, el cual concibió a la educación superior como un derecho humano. Los principios ahí incluidos, de gratuidad para los estudiantes y, recíprocamente, obligatoriedad para el Estado mexicano de financiar ese nivel educativo, no abonan, por sí mismos, a una igualdad social. Tales principios no han adquirido realidad en la mayor parte de las instituciones, principalmente en el caso de las universidades federales y estatales, las cuales significan 62 por ciento de la matrícula de las instituciones públicas. Como el propio Coombs lo asevera: “los hijos de padres que se encuentran arriba en la escala educativa, social y ocupacional, tienen oportunidades estadísticamente mejores de ingresar a una buena escuela preparatoria y, de allí, a uno de los mejores colegios o universidades”. Paradójicamente, en México, ese tipo de alumnado ingresa mayoritariamente a las instituciones públicas de mayor prestigio. Y todo esto se amplifica cuando la reforma jurídica al Artículo Tercero continúa, ocho años después, siendo letra muerta en un buen número de instituciones.
Carlos Pallán Figueroa
Ex rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (Unidad Azcapotzalco), Ex secretario General Ejecutivo de la Anuies.
