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Nueva ley de ciencia y tecnología: un analisis / III

Continuamos la revisión a fondo de este anteproyecto con sus aristas más polémicas

“La norma no transforma la realidad”. La frase constituye un principio elemental de la sociología jurídica, disciplina que estudia la relacion entre la ley y su relación con los fenómenos sociales. Viene a colación por algunas críticas recibidas al abordar la semana pasada los siete aspectos positivos  que identifiqué en el Anteproyecto de la nueva ley, no obstante haber avisado que en la siguiente semana abordaría algunas de sus cuestiones polémicas. Veo tal manifestación como interés temático y constructivo de los lectores.  Sin más preámbulo voy al tema.

Aunque son varios dichos aspectos, aquí resalto cuatro que tienen aquella característica (polémicos), tal como a continuación se expone.

Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti). Según el Anteproyecto (Art. 16), este instrumento del actual Sistema Científico y Tecnológico (SCyT) “tendrá una vigencia que no excederá del periodo constitucional de la Presidencia de la República y su contenido deberá ser actualizado cada tres años”. Está propuesta contrasta vivamente con la actual Ley de Ciencia y Tecnología, misma que indica (Art. 20 y 21) que dicho instrumento debe contener una visión de largo plazo y proyección de hasta veinticinco años . . . así como que “sera actualizado cada tres años . . . coincidiendo con el inicio de cada nueva Legislatura del Congreso de la Unión”.

Transcurridos casi dos años y medio del presente sexenio no se ha cumplido con la legalidad vigente en la materia. No existe tal “proyección” ni la “actualización” correspondiente. El último Peciti tuvo un horizonte de cuatro años (2014-2018). La presente legislatura concluirá su último periodo  ordinario dentro de dos semanas y no dispuso de ese marco para orientar sus acciones. Agréguese a esto otro punto de legalidad infringido: la Ley de Planeación (Art. 30) indica que los programas especiales (como es el caso del Peciti) “deben publicarse dentro de los seis meses posteriores a   la publicación del Plan” (PND). Esto último sucedió en mayo del 2019.

         Financiamiento. La Ley de Ciencia y Tecnología indica (Art. 9 bis) que el monto anual que el Estado. . . “destine a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al 1% del Producto Interno Bruto del país. . . .”.  El Anteproyecto en este renglón no consigna nada parecido. Hace referencia a facultades y atribuciones de los distintos órganos que componen el SCyT, pero omitiendo cualquier referencia a cifras y proporciones. Constituye, evidentemente, un retroceso histórico en esta materia.

Ambigüedad en tratamiento de autonomía. Lo que se consideró la semana pasada como uno de los aspectos positivos constituye, sin embargo, solo una cara de la moneda. La opuesta está relacionada con tres disposiciones que deberían ser materia de armonización en el momento en que los legisladores reciban la iniciativa de ley correspondiente. Dichas disposiciones son: a) en su parte positiva, “el Estado garantiza la libertad  de investigación,  y,  en consecuencia, promueve y respeta (Art. 6) “ la autonomia de las universidades autónomas por ley”;  b) en el mismo tenor (Art. 13), se ratifica lo anterior, cuando se afirma que “los mecanismos e instrumentos públicos de fomento y apoyo se destinaran preponderantemente a su cumplimiento (de la agenda de Estado) sin menoscabo de la libertad de investigación así como la autonomia de las universidades e instituciones públicas de educación superior autónomas por ley”; c)  limitando la prerrogativa inscrita en ambos incisos, se afirma que (Art.7)  “El Estado fomentará que las actividades de investigación apoyadas  con recursos públicos se realicen sobre la base de parámetros . . .”. De no aclararse esta disposición sobre gasto público, los “parámetros”, cualquiera que sean estos, constituyen una limitación al ejercicio de la autonomía, en lo que corresponde a las universidades públicas, contradiciendo lo previsto en a) y b).

Colaboración Universitaria. Según se establece (Art. 117), la SEP, en coordinación con el Consejo Nacional, “definirá los mecanismos de colaboración adecuados para impulsar programas de investigación . . . en las universidades e instituciones de educación superior”. Una vez más, la ambigüedad reside en que no se establece mecanismo alguno que permita que éstas últimas instituciones puedan opinar, ofreciendo puntos de vista que promuevan que dicha coordinación sea más eficaz.

Conclusiones

A las dudas ya vertidas en torno a la gobernanza del SCyT, relativas a la creación de nuevas estructuras y desaparición de otras que aún están vigentes (Campus 891), se suman ahora las relativas al cambio radical en materia de financiamiento, así como el de la integración del Peciti. Particularmente este último que debe estar en consonancia con el PND y con las leyes de Planeación y la de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

De ahí derivado, el Anteproyecto tiene una enorme contradicción con la Ley General de Educación. Ambas constituyen la normatividad específica para cada uno de los respectivos sectores. Por ello, parece insólito que la primera haga referencia específica al financiamiento del SCyT (El Estado debe destinar 8% del PIB al financiamiento de la educación pública, “de ese monto, se destinará al menos el 1% del PIB al gasto para la educación superior y la investigación científica y humanística, así como el desarrollo tecnológico y la innovación en las instituciones públicas de educación superior”, Art. 119) mientras que la segunda excluya el tema de manera absoluta.

Aunque de menor jerarquía, ya que se trata de un aspecto formal, algunas definiciones resultan tautológicas y escasamente explicativas al definir alguno de los términos ahí contenidos. Así por ejemplo, por Agenda de Estado se entiende a “la Agenda del Estado en materia de humanidades, ciencias tecnología e innovación” (el nombre específico de la ley); presupuesto consolidado, “se trata del presupuesto consolidado de humanidades . . .”; programa sectorial: “el programa sectorial de humanidades . . .”. 

Cualquier política pública requiere normas claras y precisas que permitan una implantación adecuada de lo propuesto por los legisladores. Perogrullo diría que la nueva ley requerirá de un trabajo arduo en las comisiones de ambas Cámaras antes de que se discuta en los respectivos Plenos.

Acerca del autor

Carlos Pallán
Ex secretario general ejecutivo de la Anuies | capafi2@ hotmail.com

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