No cabe duda de que la movilidad estudiantil supone una gran experiencia para la formación de los alumnos, especialmente los que pertenecen a bajos niveles socioeconómicos, pero las estadísticas del rubro se mueven entre anuncios celebrados y la austera realidad
La inteligencia artificial inunda mi correo electrónico con artículos referidos a la reconformación de las políticas de internacionalización y a la instalación de medidas democratizadoras o al suministro no presencial de la enseñanza. En México, sin embargo, los heraldos de esa posición difícilmente separan las reformas duraderas de las transitorias, aun cuando, al no haber sido la internacionalización una función estabilizada en el sistema de educación superior público, antes de la covid-19, sus metamorfosis proveen un nítido ejemplo de transformación de incierto desenlace.
Indudablemente, después de los trastornos causados por el confinamiento y por el cierre de las instituciones de educación superior, la percepción de la internacionalización y movilidad al extranjero pasó de ser apreciada como una panacea a ser considerada como un riesgo de alto costo. Consecuentemente, los operadores de las políticas de internacionalización recurrieron a las tecnologías de información y comunicación (TIC), para mover mentes, conocimientos y títulos tanto como individuos, durante los episodios álgidos de la pandemia.
Esa sustitución de intercambios quedó, no obstante, inconclusa y propició mutaciones inacabadas. En relación a la redistribución focalizada de oportunidades de movilidad internacional, uno de los pilares de la retórica emergente sobre internacionalización, las políticas siguieron siendo regidas por objetivos parecidos a los de antes. No promovieron, en una escala significativa, una optimización de alcances ni un recambio de beneficiarios.
Por lo contrario, el promedio de becarios de posgrado en el extranjero, financiados por el Conahcyt, respecto del total, disminuyó del 6.4 por ciento en 2018 al 3.3. por ciento en 2022. La movilidad física fue restringida a una elite diminuta (de 3871 a 1710 estudiantes, durante el periodo) y los flujos de intercambio no se diversificaron, dirigiéndose a los mismos destinos que siempre (Colombia, España, Estados Unidos). La proporción de mujeres fue alta sólo en algunos países (Canadá, España, Portugal) pero se mantuvo baja en otros (Japón). Los alumnos, principalmente los del sector privado, preferían irse al extranjero en instituciones de mediana calidad antes que en establecimientos nacionales reconocidos. Hasta ahí, nada nuevo, más allá de las inclementes restricciones.
La estadística sobre la movilidad, además, opacas transformaciones potencialmente significativas. No permite monitorear programas o cursos compartidos, ni solicitudes para convalidar títulos y créditos obtenidos en el extranjero. Mientras, los organismos a cargo de efectuar los trámites de convalidación se aferran a su apatía en la rendición de cuentas, lo que impide calibrar las evoluciones de la política pública y de la demanda por internacionalización. Con todo, las recomendaciones del IESALC-Unesco y de otros organismos, nacionales e internacionales, sobre el necesario mejoramiento de los procedimientos de planeación, monitoreo e información cayeron pertinazmente en saco roto.
En ese escenario, ¿conviene anunciar machaconamente que las políticas de internacionalización y de movilidad se volverán más equitativas e incluyentes, para brindar una formación de calidad a los grupos vulnerables? Vale más bien advertir que, más allá de enunciaciones reiterativas, su reorientación dependerá de la asignación de insumos y recursos que faciliten la concreción de los valores propagados. Por ahora, los pronunciamientos sobre su evolución expresan deseos de dientes para afuera, conforme con un alineamiento formal sobre discursos globales políticamente correctos. No implican prioridades avaladas por inversiones y estrategias.
Para que los establecimientos, sobre todo los que proveen una respuesta total a la demanda o incursionaron débilmente en la internacionalización interioricen un modelo distinto al convencional, es indispensable transferirles financiamientos, medios, personal capacitado y asesorías ya que, por lo pronto, se ignora cómo se interconectan para superar las jerarquías divisorias de los saberes, motivar a sus estudiantes y ofrecerles las competencias, interculturales, comportamentales y cognitivas, de los intercambios.
En suma, las prácticas virtuosas identificadas no bastan para congratularse de que México inició un ciclo de internacionalización, orientado a la redistribución de oportunidades y al reconocimiento de la alteridad. La reducción de los apoyos gubernamentales, muy lesiva, dificulta asumir nuevos valores e involucrar a nuevos beneficiarios. Corrobora que urgencia no es inminencia y que palabras no son hechos.
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