Igualdad de oportunidades: el gran desafío

La educación, concebida como la gran igualadora de la condición social de las personas y factor esencial de movilidad ascendente, ha tenido resultados relevantes en nuestro país, siendo justa la frase de Solana. Sin embargo, la sociedad mexicana actual sigue siendo calificada de “injusta”, como lo hizo el Barón de Humboldt desde 250 años atrás. El ingreso económico de las personas, y su reflejo en la distribución de la escolaridad de las mismas, aún constituyen una ominosa realidad.

Todo esto podría ser el preámbulo necesario para dar a conocer en este espacio la muy reciente aparición de un libro que, con toda seguridad, será tomado en cuenta en las actuales campañas políticas. Se trata de Por una Cancha Pareja. Igualdad de Oportunidades para Lograr un México Más Justo (Centro de Estudios Espinoza Yglesias y Editorial Granito de Sal), elaborado por dos especialistas con una vasta experiencia en esa temática, no obstante su relativa juventud: Roberto Vélez Grajales y Luis Monroy-Gómez-Franco.

Los autores parten de una idea sencilla pero central: en México “las desigualdades están, en buena medida, determinadas por factores fuera del control de las personas”. Con ello, se desvendan, de entrada, varias de las más comunes interpretaciones sobre el destino y trayectoria de las personas en cualquier campo de la vida nacional. Entre ellas: a) la gente pobre se encuentra en esa situación “porque así lo quiere”; b) una forma de salir de esa condición es “echarle ganas” a todo lo que se enfrente; c) por consiguiente, y de acuerdo con eso, “el éxito en la escuela y en el trabajo no es más que la cosecha del esfuerzo y el talento sembrados durante la vida” (M. E. Jaramillo-Molina).

En función de lo anterior, el libro se estructura en torno a una idea que serviría como tesis central de la obra: “en la sociedad mexicana de hoy, el acceso a bienes y servicios fundamentales se encuentra mediado no sólo por el grado de esfuerzo, sino también por las condiciones de origen de las personas. En la provisión de esos bienes y servicios, las desigualdades se preservan de generación
en generación”.

Esa desigualdad tiene tres principales causas: a) recursos económicos y educativos de los hogares de origen; b) territorio; c) características personales (género, adscripción étnica y tono de piel). Los dos primeros factores son altamente significativos para la desigualdad de oportunidades. El económico explica la mitad del fenómeno y el educativo aporta un 25 por ciento adicional. Sobre este último, la evidencia empírica muestra, desde hace muchos años, que los grados escolares, a partir de la educación media superior (preparatoria), “comienza a recompensar salarialmente, de manera diferenciada”, inclusive de manera similar, a las personas que tienen licenciaturas incompletas. Como lo expresan los autores: “en el mercado laboral mexicano no se premian los grados incompletos, una persona con dos años de carrera, en promedio, gana lo mismo que una persona con preparatoria”. Llegar a concluir la licenciatura es un camino que pasa por la condición económica y de escolaridad de las familias. Así, sólo cinco de cada 100 personas con padres sin estudios formales lograron alcanzar estudios profesionales; por otro lado, en la condición opuesta, de padres con estudios profesionales, el número llega a 64 de cada 100 personas ¡un factor 13 veces mayor!

Por lo que se refiere al territorio, relacionado con igualdad de oportunidades, existe una enorme diferencia entre nacer y crecer en la parte sur y norte del país. Así, la media nacional, de 49 de cada 100 personas en la parte más baja del ingreso familiar, no logran salir de esa condición social; 51, en cambio, tuvieron una movilidad ascendente. En el sur (Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo), el número de personas que no logran salir de dicha condición se eleva a 67, consiguiéndolo 33 de ellas. Mientras en el norte (todos los estados limítrofes con Estados Unidos), el número medio es de 23, una diferencia enorme en materia de movilidad social, 77 tuvieron un ascenso ¡Tres veces mayor en el norte!

Llevado todo lo anterior al campo de la educación superior, un autor citado por Vélez y Monroy es Jaramillo-Molina, ya referido aquí. Con planteamientos semejantes y con referencia específica a la CdMx, afirma que “la cúspide de la desigualdad en términos educativos se encuentra en el nivel de educación superior”. De tal forma que: a) nueve de cada 10 que pertenecen al 20 por ciento más pobre no llegan a la universidad, contrario a lo que sucede con el nivel de “más ricos”, donde la proporción es cuatro de cada 10; b) Por lo que toca a la UNAM, nueve de cada 10 alumnos no es aceptado, por el examen de admisión, para ingresar en la institución. De los ingresantes, siete de cada 10 pertenecen a los deciles comprendidos entre el 7 y el 10, un “40 por ciento de la población más rica”.

En función de lo ya expresado, faltaría referir el papel que le corresponde al Estado (ojo: no sólo al gobierno, o a los gobiernos federal, estatal y municipal) en la tarea de combatir la desigualdad de oportunidades. De acuerdo con la teoría política, pero plasmado en nuestra Constitución, el papel que le corresponde al Estado mexicano es el de un “mecanismo nivelador de oportunidades y la confianza que este agente despierta entre la población como la mejor opción para igualar oportunidades”.

Por lo que corresponde específicamente a la educación superior, durante el gobierno de Luis Echeverría la Federación asumió el peso en el financiamiento correspondiente a las universidades y demás instituciones públicas, alrededor de dos terceras partes de los respectivos presupuestos de las primeras, independientemente de su naturaleza jurídica (federal, estatal, autónoma). De ahí el gran crecimiento experimentado en el último medio siglo. Empero, desde 2015 (y salvo los periodos críticos en las finanzas públicas, como en el sexenio 82-88), las asignaciones presupuestales han sido, en el mejor de los casos, para contender con la inflación anual. La gran promesa en materia de financiamiento, plasmada en la reforma constitucional de 2019 y reflejada en la Ley General de Educación Superior, ha quedado en eso: una promesa.

En fin, los autores consignan algunas medidas de política pública en general que serían recomendables para establecer una “cancha pareja” para la población mexicana en materia de igualdad de oportunidades. Como una especie de precondición para la implantación de dichas políticas, los autores afirman que: “todas las circunstancias que componen la igualdad de oportunidades en México interactúan entre sí, de tal manera que cada una por separado, pero todavía más en su conjunto, erige barreras infranqueables para que las personas ejerzan su libertad de manera efectiva”. Por tal razón, los autores abogan por una política pública integral en esta materia, esto es: “abarcar todos los factores que atentan contra la igualdad de oportunidades”. Esto significa que deberían concentrarse esfuerzos que eliminen las barreras que impidan la movilidad social. De ese modo, algunas de las recomendaciones que formulan incluyen las siguientes:
• Inversión en infraestructura física y conectividad en las unidades territoriales. Tales inversiones deben resolver cuellos de botella en transporte y energía, así como promover un desarrollo incluyente que permita el acceso a una infraestructura social de calidad que atienda las necesidades del ciclo de la vida: educación, salud y protección social.
• Tal infraestructura debe tener un enfoque progresivo, de forma que otorgue prioridad a la región sur del país.
• Ese enfoque progresivo debe también mantenerse en materia laboral, dando trato diferencial en función de las características personales (género, adscripción étnica y tono de piel), al igual que abordar las políticas laborales conjuntamente con otras acciones gubernamentales.
• Impulsar, en esa línea, las acciones afirmativas.

Por lo que toca estrictamente a la educación pública, los autores consideran que ésta constituye “uno de los instrumentos con mayor potencial para igualar oportunidades entre la población”. Algunas políticas específicas serían:
• Eliminar algunos de los cuellos de botella entre los diferentes tipos del Sistema Educativo Nacional (SEN), particularmente el desajuste existente entre la demanda del nivel medio superior y la oferta del superior.
• Reconocer que el SEN tiene fallas severas y que el acceso a la educación superior no puede justificarse con el argumento de los exámenes de admisión, de tal modo que se parta del hecho de “insuficiencia de plazas para cubrir toda la demanda de espacios en la formación profesional”. Aquí se agregaría lo importante que sería resolver, por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales, lo relativo a la promesa constitucional de 2019: educación superior gratuita para el estudiantado y obligatoria para el Estado mexicano.
• El problema de fondo, para alcanzar niveles más altos en el mejoramiento de la educación superior, consiste en la necesidad de mejorar e igualar la calidad de los niveles educativos previos.
• El rechazo en educación superior, debido a los exámenes de admisión, se concentra en la población con menores niveles educativos de origen. Cuatro años después de la reforma constitucional es necesario que esta adquiera operatividad.

Comentario Final: el tema de la igualdad de oportunidades tiene varias dimensiones y frentes que atender. El crecimiento del Sistema de Educación Superior (SES), como se ha visto, ha sido espectacular: más de 160 veces en siete décadas. Esto ha significado un gran esfuerzo de financiamiento en un país que, como México, va a la zaga internacional en esa materia: un 14 por ciento del PIB en ingresos fiscales. Como asignaturas pendientes del SES se encuentran dos materias: la calidad del propio sistema y los temas de equidad, entre los cuales sobresale el relativo a la igualdad de oportunidades para cualquier persona que lo demande.

Por supuesto, no se trata de una materia sencilla. Como es sabido, la universidad pública, y en general las instituciones de educación superior, reflejan en su estructura contradicciones de orden social semejantes a las que se expresan en su entorno. El libro de Vélez y Monroy, como se afirma en su prólogo, consigue “poner sobre la mesa herramientas conceptuales muy valiosas para que esta perspectiva sea bandera de quienes aspiran a una sociedad más justa”. Un conocimiento más preciso de la complejidad presente en el enfoque de igualdad de oportunidades será un poderoso medio para que aquél se convierta en políticas públicas que permitan modificar la realidad hasta ahora existente.