Recientemente la SEP comisionó a expertos para reflexionar sobre bases normativas y las estrategias para establecer un nuevo Espacio común de educación superior. Para que esto sea posible las instituciones necesitarán resolver algunos desafíos.
Desde hace tres décadas, construir un espacio común de educación superior (Ecoes) ha dado pie a sucesivos proyectos de integración en México. A partir de 1992, la Trilateral Task Force in Higher Education impulsó un mercado norteamericano de educación superior entre Canadá, Estados Unidos y México. La idea se desvaneció, porque no fluyeron los recursos, debido a una combinación entre el alto costo, financiero y organizativo, implicados por su concreción y la falta de interés de los gobiernos, más allá de lo declarativo.
Posteriormente, intentos similares fueron auspiciados por distintos patrocinadores. La UNAM apoyó, a partir de 2002, una red de macro-universidades y, desde 2004, un Ecoes, en una región en donde, ritualmente, los tomadores de decisión y organismos de representación ensayan la creación de zonas o subzonas de educación superior para facilitar el libre tránsito de profesionistas, en forma infructuosa la mayoría de las veces.
Recientemente, en México, la Secretaría de Educación Pública (SEP) encargó a expertos reflexionar sobre las bases normativas y las estrategias para establecer un nuevo Ecoes. En un entorno de disrupción aguda, los especialistas dieron a conocer un plan preliminar de acción, conforme con una lógica de continuidad. En consecuencia, sometieron a consideración instrumentos tradicionales antes que innovadores. Consideraron como los principales la movilidad de las personas, enmarcada en convenios y la simplificación de los procedimientos de validación de los grados y de los periodos de estudios. Se alinearon así sobre los mecanismos contemplados por el acuerdo 286 para superar los estragos causados por la potencial remoción del programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) en Estados Unidos y por el riesgo de deportación de los dreamers, estudiantes indocumentados inscritos en las universidades de ese país.
No obstante, la situación y el contexto de la educación superior han cambiado drásticamente, si comparamos la situación actual con la existente hace un quinquenio. Primero, porque los perfiles de las instituciones de educación superior (IES) se han diversificado. Segundo, porque la creciente segmentación del sistema de educación superior y una mayor sensibilidad social y política a los temas de dominación dan relieve a una pregunta cuya relevancia era menor, algunos años atrás: ¿quién colabora con quién?
Dado que, históricamente, la cooperación universitaria asoció establecimientos con rasgos similares (por acreditación, perfiles de alumnos atendidos, estatuto institucional, tamaño, etc.) y los relacionó conforme con esquemas de dependencia jerárquico-geográfica Sur-Norte, surge otra pregunta obligada ¿Cuáles herramientas movilizará la SEP para revertir esas dinámicas y concretar una cooperación, solidaria y decolonial?
Segundo, porque, durante el confinamiento ordenado ante la diseminación de la Covid-19, al incorporarse a gran escala los TIC en la enseñanza y al suspenderse muchos programas de movilidad, la de las personas fue sustituida parcialmente por una de créditos o de títulos. Esa transformación incidirá, de múltiples maneras, en la integración de espacios, intra- o transnacionales, en educación superior.
Un factor agravante de lo anterior es que, de continuar la falta de datos sobre objetos y sujetos de movilidad, por ciclo de estudios, área disciplinaria y rutas de intercambio interinstitucional, seguirá faltando una base firme para edificar el Ecoes. Dada esa carencia de estadísticas, mejorar la distribución de sus ventajas, conforme con criterios de equidad e inclusión, requerirá no sólo reanudar la movilidad, nacional e internacional, sino planear su reconfiguración social, territorial y funcional.
Eficientizar el Ecoes implicará obligatoriamente contar con mayores y mejores registros. Además de la actualización del Marco nacional de cualificaciones, supondrá documentar otras cuestiones: ¿cuántos grados y programas en alianza hay en México?, ¿cuántos académicos de tiempo completo obtuvieron su máximo grado de estudio en el país y el extranjero? ¿cuántos convenios o redes interinstitucionales están registrados por las IES? ¿cuántas solicitudes de revalidación de periodos de estudios fueron dictaminadas positivamente por la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR-SEP), las 34 instituciones privadas autorizadas y las dependencias estatales facultadas?
Finalmente, un último reparo. Considerando la crisis de recursos en las IES y el desmedido optimismo de las proyecciones de robustecimiento del Ecoes, conviene interrogarse sobre la pertinencia de lanzar un proyecto con esas características, en un periodo preelectoral, en vista de los disfuncionamientos del sistema y de una insuficiencia presupuestal, urgentes de resolver sin dilación ni distractores.
