En enero 2025, fue presentado el Plan México (versión 1: https://dev-plan-mexico.infotec.mx/). Ese documento rector formuló que, en el quinquenio próximo, el sistema de educación superior y su matricula entrarían en una fase de expansión. En las siguientes semanas, el anuncio fue complementado por declaraciones sobre las metas de crecimiento y los subsectores afectados. Las estimaciones presentadas fueron criticadas por especialistas, debido a su irrealismo.
No obstante, siguen en pie los objetivos principales, a saber “ampliar el acceso y estrechar el vínculo con el plan de desarrollo” en educación superior para 2030 e incorporar entre 33 mil y 30 mil estudiantes. Algunas estrategias han avanzado ya, por ejemplo la de reforzar el carácter nacional de la Universidad Rosario Castellanos y de la Universidad de la Salud, identificando las entidades federativas y los municipios donde ubicar unidades. Ante ello, urge detectar qué consecuencias tendrá la acción publica en las responsabilidades atribuidas a un sistema de educación superior (SES) fragilizado por carencias económicas y por la extensión de herramientas lesivas de supervisión burocrática . Un interrogante central concierne, por lo tanto, la factibilidad de alcanzar esas finalidades, más allá de su enunciación obsesiva.
Un primer objetivo a alcanzar consiste en instalar una red de colaboración para la formación técnica, curricular y continua, mediante la participación de las Secretarías de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y de Economía, del Tecnológico Nacional de México, del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Nacional Autónoma de México y del sector empresarial. En un plazo mayor (2030), se identificó como un objetivo deseable el mejorar la vinculación entre la educación superior y una economía fundamentada en polígonos de bienestar y en sectores estratégicos de desarrollo. ¿De donde partirán las autoridades para cumplir esos compromisos?
Por ahora, el aumento del número de primo-ingresantes al SES se ha traduido en la incorporación, en 2023-2024, de apenas 9 mil 404 estudiantes más que el año anterior al grupo, según cifras preliminares. En su mayoría, esos eligieron instituciones tradicionales. Pocos ingresaron a los establecimientos abiertos durante el sexenio anterior, aun cuando algunos reportaron inscripciones al alza. De los 907 mil 960 admitidos en el sistema público (sobre un total nacional de 1 millón 418 mil 565), casi 41 mil se matricularon en universidades, unos 150 mil en establecimientos tecnológicos, 33mil 225 en escuelas normales, 10726 en universidades interculturales y 21606 en la Universidad Pedagógica Nacional, en contradicción con lo planeado para expandir y redistribuir la matrícula. Incidir en las preferencias y en los valores de los colectivos sociales de donde proceden los candidatos a la admisión es una tarea de largo aliento. Implicaría, como primer paso, mejorar sustancialmente el sistema de orientación al finalizar los alumnos su educación media superior y personalizarlo.
Adicionalmente, en un contexto en el que la tasa de suspensión de estudios, por decisión o por reprobación, es preocupante, el egreso y la titulación aumentaron a ritmos más pausados que la matricula, principalmente en las áreas STEM. Su distribución por sector y por área disciplinaría indica la insuficiencia de las condiciones instaladas para implementar el programa de crecimiento del sistema y de la cobertura y para capacitar el personal en las áreas prioritarias para el desarrollo nacional.
Revelan desequilibrios entre las distintas categorías de establecimientos y entre las instituciones nuevas y las convencionales, que dificultarán estrechar sus vinculaciones con el entorno.
Esa situación se agrava en estados en los que la cobertura del SES es baja, en un contexto donde, además, los sesgos de atractividad entre los establecimientos son pronunciados. Dicha situación no data de ayer y se mantiene, pese a esfuerzos para incentivar la ocupación de los cupos vacantes.
Por el lado positivo pero con altibajos, durante el pasado sexenio, el SES reportó un alza en las cifras de estudiantes vulnerables atendidos, sobre todo de los con discapacidades. y consolidó su oferta a distancia y asincrónica de formación. En 2023-2024, muchos establecimientos se regían por esquemas “todo virtual” o proponían mecanismos híbridos de enseñanza. Reportaban la inscripcion de 16875 estudiantes en modalidades no escolarizadas, siendo esas las con mayor expansión en el SES, con un porcentaje de incremento de su matricula del 16.72 por ciento respecto del ciclo anterior
Ante esas dinámicas, no queda más que señalar que será posible alcanzar las metas delineadas si, por una parte, el gobierno lanza una reforma integral del sistema de educación superior, y, por la otra, establece pactos reales de co-participación en torno al cambio educativo, que permitan sacudir las camisolas de fuerzas que paralizan actualmente las IES, sobre todo las que no gozan de autonomia.
A la luz de las declaraciones sobre la operacionalización del programa del gobierno para la educación superior y pese a su áridez, las cifras presentadas en ese articulo evidencian la gravedad de los obstaculos a enfrentar, cuya superación será imposible sin acciones públicas focalizadas en la erradicación de problemas. Se requieren unas en materia de acreditación de calidad de los diplomas que certifican la obtención de una formación en modo no presencial; se necesitan otras para lograr una racionalización académica de procedimientos asfixiantes de gestión administrativa por lineamientos, incompatibles con las lógicas postpandemicas de flexibilización del trabajo. Son indispensables las de fomento a una redefinicion en los equilibrios de fuerza instaurados entre actores indispensables para el cambio educativo, entre los que destacan los académicos. Crecer es la punta del iceberg pero reformar estructuras viciadas de funcionamiento, de gobierno y de decisión en el sistema de educación superior público y sus instituciones es lo urgente.
