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CIDE: ¿Hacia Una Salida?

La voluntad de las partes y la más estricta legalidad son aspectos esenciales si verdaderamente se quiere encontrar una solución a la pugna

Un mes atrás, en este espacio (Campus 930), se identificaba el conflicto que vive el CIDE: de naturaleza política, predominantemente. En esos términos se aventuraba que la posible ‘solución’ sería similar por parte del gobierno federal: medidas de fuerza o de avenimiento. Las primeras fueron evidentes desde aquellas fechas hasta el pasado fin de semana. A partir de ese momento se ha abierto un espacio – no exento de contradicciones – relativo a que una solución negociada es posible. Hay señales de ello, siendo los siguientes días decisivos para el curso que finalmente adopte dicho conflicto. Vistas las cosas con optimismo, pareciera que se ha desechado el camino de dejar que la disputa se pudriera. Repasemos todo esto.

El CIDE es uno de los 26 Centros Públicos de Investigación (CPI) que, en su carácter de entidad paraestatal de la Administración Pública Federal, debe gozar de “autonomía de decisión técnica, operativa y administrativa”, de acuerdo con la Ley de Ciencia y Tecnología (Art. 48), así como de autonomía presupuestaria. La Ley le dedica todo un capítulo (IX) a dichos entes y un amplio articulado (16) para fines de la regulación de todo el conjunto. Aparte, cada una de estas instituciones tiene su propia regulación (Estatuto General y Estatuto Académico, principalmente, en el caso del CIDE).

El conflicto vivido hasta ahora tiene como origen una buena dosis de incumplimiento de la normatividad antes señalada, pero también en los modos, dichos y actitud de sus autoridades superiores. Tal como lo prescribe el propio Estatuto General del Centro, su objeto es: “producir y difundir conocimiento a través de investigación científica sobre aspectos medulares de la realidad social contemporánea y contribuir al desarrollo del país a través de un núcleo especializado de programas de docencia y vinculación de alta calidad, prioridad e impacto” (Art. 5). Pretender ahora alterar radicalmente su ethos institucional (“conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o identidad de una persona o una comunidad”, Real Academia Española), colgándole etiquetas ideológicas por parte de dichas autoridades superiores, ha llevado el conflicto a una situación límite.

Como si hubiera habido un previo entendimiento, implícito o discreto, el estado de cosas cambió radicalmente el pasado fin de semana. Los alumnos (que habían extendido sus movilizaciones ante la amenaza de modificación radical del Estatuto General y la verificación de una sesión extraordinaria de la Asamblea General para ese propósito) resolvieron dejar libres las instalaciones del CIDE ante los riesgos de salud por la extensión de la pandemia, indicando además que “transitarían hacia otras formas de resistencia”. Por su parte, las autoridades dieron acuse positivo de recibo de aquellas decisiones. El Dr. Romero se apresuró a declarar que no habría represalias, que la sesión extraordinaria se verificaría unos días más tarde, así como que la institución retomaría actividades presenciales en febrero próximo, “de acuerdo con las condiciones que imponga la pandemia”.

La titular del Conacyt, a través de un comunicado y de manera inmediata, fijó su posición: a) “celebra el desalojo pacífico de las instalaciones”; b) se trató, según califica, de “un acto significativo y positivo que celebramos pues abona para el mutuo entendimiento y la conciliación de las controversias”; c) al mismo tiempo, “reitera su compromiso con la legalidad y el respeto a la libertad de expresión y manifestación”; d) confía, según concluye, con que “se restablezca un diálogo, profundo y constructivo, que abra las puertas para el renacimiento de un CIDE más plural, diverso e incluyente”; e) se aprovecha el espacio para un anuncio trascendental para los 26 CPI: dejarán de existir las cuotas y colegiaturas para estudiantes, además de que se podrá acceder a las becas de manutención que favorezcan “la inclusión social de jóvenes talentosos que, por razones económicas, encontraban obstáculos para poder acceder a una formación de excelencia académica”.
La situación actual del conflicto tiene dos vertientes: a) la antigua, definida básicamente por un proceso de designación poco aseado jurídicamente y las actitudes del nuevo director repudiadas por la comunidad; así como por la conflictiva interlocución con la titular del Conacyt. b) La nueva, consistente en la iniciativa de reforma al Estatuto General, la cual se distancia jurídicamente con lo previsto en ese mismo dispositivo, así como un contenido de la reforma que privilegia las decisiones individuales frente a las colegiadas, vigentes estas últimas desde la fundación del Centro, 47 años atrás.

El procedimiento utilizado para la reforma subvierte la propia normatividad del CIDE. Cualquier iniciativa formal en ese sentido debe gestionarse inicialmente en el Consejo Académico de la institución y no en la Asamblea General. De acuerdo con lo previsto en el propio Estatuto General (Art. 42, Fr. 5): “son facultades y obligaciones del Consejo Académico . . . conocer y aprobar toda modificación a los estatutos de la Asociación, previo a su sometimiento por el director general al Consejo Directivo y a la Asamblea General”

Conclusión: Las señales recibidas para la resolución del conflicto, emitidas en el fin de semana, sólo son un principio. Para un avance sustancial en ese sentido se requeriría:

• Que la sesión de la Asamblea General que aborde la modificación del Estatuto General fuese, efectivamente, su instancia final.

• Que la pretensión relativa a que, con la resolución del conflicto “se abran las puertas para el ‘renacimiento de un CIDE más plural, diverso e incluyente”, resulta infundada. Se persiste, por parte de las autoridades, en la descalificación ideológica, contradictoria con la otra expresión contenida en el comunicado del Conacyt, referente a “la libertad de expresión y manifestación”. Las tres cualidades allí mencionadas son ya, en buena medida, la realidad actual de la institución.

• Que efectivamente, como se afirma también en el comunicado (“El Conacyt reitera su compromiso con la legalidad . . .”), el cumplimiento de la normatividad sea una condición ineludible para un eventual arreglo político.

Los 26 CTI conforman un subsistema estratégico para la producción y aplicación de conocimientos, así como para la formación de buena parte del personal especializado para el desarrollo del país. Lo que ahora se juega en el CIDE tiene en expectativa a los 25 restantes. Como lo mencionaba unos días atrás Rodolfo de la Torre, colaborador en el Centro en distintas posiciones desde hace 35 años: “hay pocos lugares como el CIDE donde la excelencia académica se pone al servicio de la movilidad social”. La voluntad de las partes, la más estricta legalidad y el respeto al ethos institucional son aspectos esenciales que deberán estar presentes, si verdaderamente se quiere encontrar una salida a la pugna que se extiende ya por medio año.

Carlos Pallán
Ex secretario general ejecutivo de la Anuies | capafi2@ hotmail.com

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