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A semejanza de un thriller político, como los propios autores lo clasifican, el nuevo libro sobre esta temática desenvuelve una narrativa que pareciera llevar de la mano al lector sobre el origen, desarrollo y estado actual de ese conjunto de acciones calificadas como “atracos planeados y sistemáticos” contra la hacienda pública. De acuerdo con ello, y a diferencia del Watergate, no fueron los reporteros quienes detectaron que tras lo que parecía un fraude menor y aislado dentro de la Administración Pública Federal se escondía una trama que envolvía lo que técnicamente fue llamado después un “fraude de Estado”. Lo que destapó la Estafa Maestra fue la visión anticipatoria del director de Animal Político, Daniel Moreno, quien, con base en los trabajos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la denuncia penal que ésta interpuso por primera vez en 2015 en la Procuraduría General de la República, comisionó a dos de sus reporteros (Nayeli Roldán y Manuel Ureste) para que revisaran las auditorías a dos de las universidades públicas autónomas estatales que habían celebrado convenios en 2013 con dependencias del gobierno federal.

A partir de ahí, y con un intensísimo trabajo, la madeja empezó a desenredarse hasta llegar a una docena de instituciones de educación superior (IES) involucradas (cuatro universidades públicas estatales autónomas, una estatal, tres tecnológicas, dos politécnicas y dos institutos tecnológicos) y 14 dependencias del sector público (las principales: Pemex, Sedesol y Banobras).

Conforme se fue avanzando en el conocimiento del modus operandi en ambos casos, la pareja de reporteros detectó que lo mismo sucedía en otras IES y dependencias federales. Cuando se llega al descubrimiento de muchos otros casos se vuelve indispensable la participación de más personas en esa ardua tarea. Así, Animal Político comparte esfuerzos con Mexicanos Contra la Corrupción (se suma Miriam Castillo), emprendiendo una tarea titánica que se resume en la detección de 173 convenios irregulares entre IES y dependencias, 186 empresas participantes en ese proceso fraudulento, de las cuales 128 resultaron “fantasmas” o con un cúmulo enorme de anomalías. Todo ese volumen implicaba la disposición ilegal de 3,870 millones de pesos. Como se afirma en el libro: todo el esquema y la trama implicaban “un fraude de Estado”.

Parte principal o dominante en el libro son los cientos de entrevistas que se emprendieron para documentar ese fraude en varias partes del país. Actividad indispensable para descubrir o identificar a los “socios” de las empresas, quienes, casi en su totalidad eran personas de condición humilde. Todas esas personas reciben cantidades de mil o dos mil pesos y, en esa calidad de testaferros, aportan la documentación personal que, sin advertirlo, los convertía en dueños formales de empresas que obtenían millones provenientes de la trama. Nunca alteraron o se beneficiaron de dicha condición.

Cuando se tuvo un avance significativo por parte del equipo de trabajo (a mediados de 2019), ya con el primer libro publicado y los dos destacados premios obtenidos en España y México que reconocían la valía del trabajo realizado, fue necesario recapitular todo lo ya elaborado y retomar el camino para corregir y esclarecer situaciones que se expondrían de modo narrativo en el nuevo libro. Uniendo partes de lo asentado en éste, aquí se resume la ruta seguida: a) se partió de las auditorías realizadas por la ASF y particularmente de las primeras 30 denuncias penales que aquella interpuso ante la PGR en 2017; b) esta última, desde el sexenio pasado, resolvió que no se trataba de actos que se encuadraran dentro del tipo penal de delincuencia organizada (se enmarcó en una acusación de tipo administrativo de mucho menor relieve: “ejercicio indebido de la función pública”), generándose sanciones administrativas para autoridades menores en algunas de las dependencias públicas involucradas; c) en 2019, con el nuevo gobierno federal se llega a afirmar por el Fiscal General de la República que se procedería de manera diferente. Sin embargo, y como lo había indicado él mismo meses atrás, a guisa de crítica, según los autores: “no se siguió la línea de responsabilidades y no investigó… un saqueo orquestado y encubierto por el Estado”. Empero, ahora, en los nuevos tiempos, las carpetas de investigación integradas no se radicaron en la Fiscalía Anticorrupción, yendo a dar a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales. Ese tratamiento del caso lleva a los autores a afirmar que se está en presencia de “un proceso de venganza” en contra de una sola persona (R. Robles), a quien se le imputan los desvíos de recursos del erario.

Como en el elenco de una película de suspenso, el libro distingue a los personajes de la trama entre buenos y malos. Desde R. Robles en un doble papel de principal responsable y víctima, pasando por varios de sus colaboradores cercanos (E. Zebadúa como participante estelar). Ahí se incluye a quien le sucede en la Sedesol y que luego se convierte en candidato presidencial, J. A. Meade, así como A. del Mazo, E. Lozoya , entre otros, así como a varios rectores y directores de las IES involucradas. Del otro lado están dos personajes estelares: Daniel Moreno, el director de Animal Político, motor inicial y orientador permanente de todo el reportaje; y Juan Manuel Portal, titular de la ASF, quien, con su equipo (encabezado por Muna Dora Buchaín) da los elementos esenciales para la investigación emprendida a partir de las auditorías realizadas. Además, Portal porfió hasta el último momento para convencer a Robles de que las cosas estaban mal hechas y que había la posibilidad de enderezarlas.

Un último elemento se suma al “suspenso” que pretendían darle los autores a su texto. La Estafa Maestra se enlaza temporalmente con acontecimientos nacionales relevantes en los cuales participan algunos de los personajes ya mencionados. Entre estos acontecimientos sobresalen: la sucesión presidencial de 2018 y el debate entre los candidatos (Meade llega a afirmar: “en mi gobierno no habrá estafas maestras”, así de fuerte era ya la percepción social sobre ese asunto); la división del gabinete presidencial en dos bandos, en torno a la sucesión; la sorprendente visita del candidato Trump a la presidencia de la República; la elección del jefe de gobierno de la CDMX en 2000 y el importante papel ahí desempeñado por Robles; los videoescándalos de 2004, cuyos protagonistas principales formaban parte del primer círculo del jefe de gobierno de aquella; y muchas más.

Postdata: signo de los tiempos. El próximo domingo habrá una manifestación en la Ciudad de México bajo la consigna “El INE no se toca”. En 1996, cuando se aprobó la trascendental reforma electoral, y el Senado designó a los Consejeros del ya totalmente ciudadanizado Instituto Federal Electoral, el presidente del PRD de la época, Andrés Manuel López Obrador, declaró: “Como quedó integrado el Instituto Federal Electoral se garantiza su independencia e imparcialidad (Reforma, 31 de octubre de 1996).