Sistema Nacional de Posgrado: un debate sin fin

Los criterios de admisión están simplificados en comparación con los utilizados en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC). El acuerdo sobre el SNP y los lineamientos sobre los posgrados profesionalizantes, en vigor desde el día siguiente de su aprobación, el 26 de julio 2023, remiten al número de profesores activos en cada programa (10 como mínimo) y en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) (60 por ciento de la plantilla). Regulan la dirección de alumnos, estableciendo un tope en el número de estudiantes por profesores (5 por nivel) so pretexto de garantizar la calidad de la atención. Generalizan la obligación de la tutoría (artículo 8-SNP).

Los 2942 posgrados incluidos en el SNP se reparten en 4 categorías. En el sector público, la 1 reúne a 542 programas con orientación a la investigación y la 3 a 2272 con orientación profesional. La 2 y la 4 agrupan 21 y 107 posgrados ofertados por instituciones privadas. Los estatus conferidos a los programas son elegibles, en revisión y no elegibles. Las IES con posgrados en revisión deberán comprometerse a “eximir a las personas becarias del pago de colegiaturas o de conceptos equivalentes” (artículo 8, IV-SNP), conforme con lo indicado en el asterisco al final de la página electrónica del SNP. Sin embargo, las interpretaciones sobre propósitos y desenlace de esas revisiones son contradictorias y múltiples, indicando un punto a esclarecer por parte del Conahcyt.

Al 11 de agosto 2023, solo una veintena de los 128 posgrados brindados por instituciones privadas eran elegibles, en congruencia con la decisión de asignar prioritariamente los recursos públicos a las instituciones públicas, expresada por el Conahcyt anteriormente (revisión del reglamento del S.N.I). En cambio, de los programas orientados a la investigación, suministrados por instituciones públicas, 78 por ciento era elegible y, entre los profesionalizantes, 36 por ciento. 22 por ciento y 41 por ciento, respectivamente, estaban en revisión. 0 por ciento y 23 por ciento eran no elegibles. Los calendarios para cerciorarse de los apoyos efectivamente otorgados dependen del estatus logrado.

La respuesta
Aunque varias instituciones públicas están en receso vacacional, todas reaccionaron rápidamente ante los resultados. Aunque el sector privado no se ha pronunciado todavía respecto de la evaluación, en contraste varias universidades públicas agendaron ya citas en el Conahcyt para abogar a favor de una reconsideración o de una migración de categoría o bien, solicitaron amparo. Ante las movilizaciones incipientes, es probable que Conahcyt reclasifique los posgrados, aprovechando la oportunidad de reconsiderar sus dictámenes frente a apelaciones, en aras de “la información que le proporcione la coordinación del programa” (artículo 10 -SNP).

Cuántos, dónde, con qué estatus y en que rangos de prioridad estarán ubicados los posgrados son, de hecho, cuestiones trascendentes, habida cuenta de las circunstancias sociales, políticas e intrínsecas al campo educativo. El SNP es cuanto más relevante que representa un antecedente normativo en un momento en el que diversos órganos de planeación están revisando, en paralelo, las políticas públicas de evaluación y de acreditación en la educación superior.

Ser parte del SNP, al igual que haberlo sido del PNPC, condiciona, como lo sabemos todos, el otorgamiento de becas a los estudiantes. En posgrado, como en niveles anteriores, muchos aspirantes sólo se inscriben si obtienen ese apoyo, debido a su precariedad socioeconómica. La incertidumbre sobre el estatus conferido a los posgrados a los que candidatean los estudiantes es, por tanto, riesgosa para la inclusión efectiva en el nivel superior de los alumnos vulnerables y contradictoria con la garantía universal de becas.

Inquieta, además, con relación a posibles quiebres en la cobertura. Ciertas instituciones alertaron que la demanda por sus posgrados disminuyó, en disciplinas en las que un gran número de programas fue abierto en la pasada década y/o debido a procesos de selección y de titulación exigentes. Provoca, también, dudas sobre la capacidad del SNP de enderezar los efectos perversos del PNPC y sus sesgos sectoriales, institucionales y territoriales.

Habrá, en consecuencia, que verificar, con base en la lista final de admisión, si los “nuevos” criterios de inclusión bastan para reducir los desequilibrios constatados en el padrón del PNPV y, ahora, en el del SNP. A mediano plazo, habrá que monitorear cuántos posgrados estarán considerados elegibles y se mantendrán como tales, a sabiendas que el requisito de “estancias inmersivas” en los sectores público, social o privado será de difícil cumplimiento para muchos (artículo 12-SNP).

Aunque son comprensibles tanto el desconcierto de académicos y autoridades como la premura por resolver expeditamente la crisis, en vísperas del inicio del ciclo escolar 2023-2024, los disensos van para largo. Las reclasificaciones no desactivarán, en efecto, previsibles desacuerdos sobre, primero, el número de becas que cada institución obtendrá del Conahcyt respecto de su matrícula (artículo 12- SNP). Segundo, sobre la desinversión bianual del organismo en el financiamiento de las becas, conforme con un esquema de reducción progresiva de su aporte, del 100 por ciento en 2023-2024 al 80 por ciento en 2025-2026 para bajar al 20 por ciento en 2031 y 2032 (artículo transitorio tercero, SNP). Tercero, sobre la vinculación de los posgrados con las prioridades del desarrollo nacional.

Los motivos de conflicto abundan pues, en medio de un debate que no tardará en subir de intensidad, mientras se acrecienta la austeridad presupuestaria y se acercan las elecciones presidenciales.