Hacen falta estudios sobre los resultados reales de las políticas en el rubro en grupos vulnerables
Mejorar las oportunidades de ingreso a la educación superior, de poblaciones “vulnerables” fue presentado como una elección toral por los representantes de la administración pública vigente. La Ley General de Educación Superior la enunció en 2021 y la reiteró el Programa Nacional de Educación Superior, 2023-2024. A diferencia de lo que ocurrió antes, cuando la equidad era un objetivo de alcance general, ahora, el afán por democratizar los servicios educativos se plasmó en programas dirigidos a sujetos privilegiados de apoyo. Incidió en un crecimiento de la matricula, procedente de grupos vulnerables, conforme con una tendencia al aumento global de la cobertura, de distinta intensidad por subsistemas y establecimientos.
En 2022-2023, las instituciones de educación superior en México registraban 130 mil alumnos más que en 2020-2021. Esa cifra denotaba una reanudación de la expansión después del cierre institucional acarreado por la gestión oficial de la pandemia de covid-19. En ese marco, creció el número total de estudiantes con discapacidad (o bien, mejoró el interés institucional en su identificación). En 2022-2023, eran 71 mil 20, equivalente a 1.4 por ciento de la matrícula en lugar de1.1 por ciento, dos años antes. Las IES registraban 65 mil 231 estudiantes «hablantes de lenguaje indígena-HLI» – 1.3 por ciento de la matricula (0.1 por ciento más).
La representatividad en la educación superior de ambos grupos vulnerables se afianzó. Sin embargo, no porque se incrementó su visibilidad, hay que echar las campanas al vuelo. Primero, porque siguen desconocidas las tasas de participación de otros colectivos significativos (afrodescendientes, migrantes y ciertas categorías de mujeres). Segundo, porque sus porcentajes de representatividad en la matricula no reflejan el peso de los grupos vulnerables, constituidos legalmente como tales, en la población mexicana. Tercero, porque su ingreso no significa su egreso, debido a carencias de recursos presupuestales y pedagógicos para garantizar la retención de los sujetos en riesgo. Cuarto, porque los primo ingresantes en condición de fragilidad académica no siempre se inscriben en los establecimientos y programas de su interés, factores que limitan ulteriormente sus oportunidades de éxito escolar.
Vale entonces investigar dónde se incrementó la matricula. Conforme con compromisos de apoyo a las universidades interculturales (UI), la SEP abrió dos establecimientos adicionales, en Baja California (2021) y en Colima (2022) y tiene programada la apertura de otros 5, próximamente. Las 11 unidades en servicio incorporaron
5 mil estudiantes más en el pasado bienio. Su matrícula subió de 16 mil a 21 mil, después de una prolongada fase de funcionamiento inercial. Es HLI en 31.5 por ciento.
En forma similar, pese a numerosas críticas sobre su sustentabilidad y la calidad de sus servicios de enseñanza, alimentadas por su opacidad, las universidades Benito Juárez para el Bienestar (UBJB) alcanzaron una matrícula de 45 mil 581 estudiantes en 145 sedes.
Pese a que va viento en popa la apertura de campus (el número de UBJB rebasa ya la meta programada de 100 establecimientos en funcionamiento, al finalizar el sexenio), las instituciones alternas reúnen bajos porcentajes de la matrícula (0.8 por ciento) y del personal académico y docente (mil 168 docentes sobre un total de 450, 344 – 0.2 por ciento). Su precariedad organizacional les dificulta cumplir los objetivos enunciados y apropiarse del capital de legitimidad social, indispensable para robustecerse.
Aunque brinde servicios de proximidad en México desde hace décadas y a pesar de los programas gubernamentales de respaldo destinados a consolidarla, la educación superior tecnológica, por su parte, perdió relevancia en cuanto a captación de estudiantes. Su número bajó de 950 mil 677 a 904 mil 554 (17.4 por ciento de la matricula total, en vez del 19.1 por ciento, en 2020-2021). Por sector, los establecimientos más afectados por esa caída fueron los institutos tecnológicos federales (ITF) y descentralizados (ITD). Agrupan solo el 10,5 por ciento de la matrícula total en comparación con un12,2 por ciento anterior.
Los ITF perdieron 18 mil alumnos (341 mil 652 contra 359 mil 375) y los ITD 14,000 (229 mil 268 contra 243 mil 577) Por su parte, las UT redujeron su matrícula en 13,000 estudiantes (229 mil 692 en lugar de 242 mil 766), representando el 4,42 por ciento de la matricula total (-0.45 por ciento). Las UP tuvieron un comportamiento similar, pero menos acentuado. Perdieron mil estudiantes sobre 103 mil 942, con una tasa de participación en la matricula nacional de 2 por ciento.
Cualitativamente, los ITF mejoraron la captación de estudiantes con discapacidad (8 mil 255, el 2,4 por ciento) y de HLI (4 mil 615, el 1.3 por ciento). Los ITD estabilizaron el porcentaje de los primeros y aumentaron ligeramente el de los segundos. Las UT incluyeron más personas con discapacidad, cuyo promedio sectorial de participación rebasa el nacional (2.2 por ciento). El de los HLI se elevó al 1.9 por ciento.
Urge detectar las causas de esos reacomodos (incremento de la presencia de colectivos marginados o abatimiento de sus tasas de deserción, por ejemplo) y monitorear los giros en las políticas de admisión y egreso, federales e institucionales. Interpretativamente, dadas la diferenciación de los establecimientos y las apuestas a favor de las instituciones innovadoras y/o de cercanía, es preciso documentar costos y resultados, indagar los grados de satisfacción de los docentes, alumnos y actores del entorno y conocer los motivos de ingreso/permanencia de los estudiantes. Lo es analizar las repercusiones en su atractividad (medida por una relación demanda/cupos, extremadamente heterogénea) de su localización y de sus servicios, para medir sus capacidades de cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sustentable 4 de la Unesco. La tarea apremia ante el compromiso de suministrar a todos una atención de calidad y para evitar que el sistema de educación superior reproduzca, en su interior, las desigualdades sociales y económicas que afectan el país.
