Libros de Texto: Ser y Deber Ser / II

Como se expuso la semana pasada, la reforma constitucional al Artículo 3º y la Ley General de Educación (LGE), puestas en vigor en 2019, trajeron trascendentes cambios en la política educativa del país. Específicamente en la educación básica, que en el capítulo sobre la Nueva Escuela Mexicana condensa la filosofía, modelo educativo o marco curricular a que estará sujeto todo ese tipo educativo en sus diferentes niveles. Además, en ambos ordenamientos se contienen los pasos y requisitos para la elaboración de los libros de texto, tal y como ya se ha descrito en este espacio (Campus 1007 y 1009).

El escueto anuncio de que habría nuevos libros sólo se dio hasta 2021. El primer acto formal al respecto fue en marzo, cuando se publicó una convocatoria sui géneris por la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP, para que un grupo de alrededor de 2,500 personas, sustituyendo a autores y diseñadores especializados, elaborasen los libros en un periodo de 50 días y que esto se hiciese de manera voluntaria u honorífica. Pronto se abandonó ese camino y se inició otro que corregía radicalmente lo anterior. Como se ha dado a conocer, o es ya evidente, los libros fueron elaborados para todos los grados de preescolar, primaria y secundaria (un total de 70, con 20 mil páginas), habiendo sido impresos desde finales de 2020 hasta el presente. Todo ello sin que se dispusiese de planes y programas de estudio vigentes, base ineludible de cualquier texto escolar, tal como lo marca la legislación. Pero además, sin ofrecer información alguna de ese proceso, aspecto que fue el detonante de varios de los amparos interpuestos.

Como también se dijo la semana pasada, se trataba de un proceso complejo (“un modelo educativo que desaparece materias y disciplinas y establece campos formativos y ejes articuladores”) y tardío para el volumen y diversidad de las tareas que confluirían en la elaboración de esos textos escolares, los cuales se distribuirían dos años después. En resumen: se trataba de un cambio del paradigma que había prevalecido desde la fundación de la SEP (1921), reiterado y fortalecido en 1959 cuando se fundó la Comisión Nacional para la Elaboración de los Libros de Texto (Conaliteg).

Una vez iniciado ese proceso, y por razón de tiempo, la única forma de seguir adelante y contar con libros para el ciclo escolar 2023-2024 fue distorsionar lo marcado en los dos ordenamientos jurídicos ya citados, o simplemente no cumplir con ellos. Una muestra de que se trataba de un proceso tardío (no considerado antes) es que en el Programa Sectorial de Educación 2020-2024 (expedido en julio de 2020), derivado constitucionalmente del Plan Nacional de Desarrollo, no consignó un solo planteamiento sobre la enorme modificación que tendrían los planes de estudio, pero tampoco hubo mención a que esto implicaba un cambio radical en el contenido de los libros. Así, en el glosario de dicho documento se afirma que el plan de estudios se refiere a: “contenidos fundamentales de estudio, organizados en asignaturas y otras unidades de aprendizaje que, como mínimo, el estudiante debe acreditar para cumplir los propósitos de cada nivel educativo; secuencias indispensables que deben respetarse entre las asignaturas o unidades de aprendizaje y que constituyen un nivel educativo”. Se mantiene con este concepto el paradigma vigente desde 1921, que presupone asignaturas y disciplinas, ahora ya desaparecidas por el Acuerdo de la SEP del pasado 15 de agosto.

Lo anterior indica que en el Programa Sectorial de Educación (vigente hasta 2024) se conserva la idea y el concepto de la organización del conocimiento por disciplinas como orientación básica del plan de estudios y, por ende, de la necesidad de libros de texto con esas características. Dos preguntas saltan de inmediato: a) ¿Cómo, ¿cuándo y quien (autoridad) adoptó la decisión de impulsar una transformación de tal magnitud, al margen de las reglas establecidas? b) ¿Por qué todo el proceso quedó en manos de una dirección (la de Materiales Educativos) sin que la titular de la SEP y la subsecretaria de Educación Básica tuviesen injerencia ni responsabilidad alguna?

La secretaria Delfina Gómez emitió un Acuerdo (agosto 2022) en que el asunto de la reforma del plan de estudios y la confección de libros de texto se limitaba gradualmente: los nuevos planes y programas serían para cada uno de los tres grados iniciales en los tres niveles de la educación básica y, consecuente con ello, sólo habría nuevos libros para esos tres grados. Como se leía en ese documento oficial: en todos los demás grados de esos tres niveles, “las y los estudiantes que en el ciclo escolar 2023-2024 deban cursar segundo y tercer grado de preescolar, de segundo a sexto grado de primaria, y segundo y tercer grado de secundaria, concluirán el nivel educativo correspondiente conforme a lo dispuesto en el Acuerdo 12 / 10 / 17 por el que se establece el plan y los programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria: aprendizajes claves para la educación integral”.

Como puede observarse, el texto es farragoso pero claro en la intención si el lector se arma de paciencia: los nuevos planes de estudio, en ese anuncio de 2022, sólo serían para los primeros grados de los tres niveles de la educación básica del país. Todo ello “en concordancia con las autoridades educativas de los gobiernos de los estados”. También se indicaba en qué tipo de escuelas debía realizarse dicho “piloteo”, así como lo relativo a que se emprenderían tareas de “formación y actualización” (Transitorio 5º) del magisterio que estuviese involucrado en esa responsabilidad, respecto al Plan de Estudios.

El Acuerdo fue cuestionado de inmediato por varias organizaciones (principalmente por la Unión Nacional de Padres de Familia, entre otras). Se interpusieron amparos ante jueces de distrito y sobrevinieron suspensiones de los actos reclamados. Por las fechas ahora conocidas, ya se habían iniciado, en sigilo, las tareas de edición de algunos de los libros. A partir de marzo-abril de este año algunas filtraciones daban a conocer que buena parte de los textos ya estaban listos, ofreciendo alguna información fragmentaria sobre sus contenidos.

Nuevamente se interponen amparos e inclusive se llega al planteamiento de sendas controversias constitucionales (por los gobiernos de Chihuahua y Coahuila), mismas que fueron admitidas para su tratamiento por el ministro Aguilar de la Suprema Corte de Justicia. Estas resoluciones suspenden “la orden y / o autorización para elaborar, editar, imprimir y distribuir los libros… del nivel educativo de la educación básica”. Como allí mismo se indica: la medida cautelar sólo durará el tiempo que la SCJN tarde en resolver el fondo de estas controversias (C. Arellano García / La Jornada. 26 de agosto). La resolución es semejante a las que han adoptado varios jueces y tribunales en la “lluvia de amparos” que se han interpuesto en los meses recientes. Inclusive, lo que se pedía por el juez de distrito en uno de los amparos es que la SEP acreditase que se recabaron las opiniones y puntos de vista de los diferentes “gobiernos y actores sociales involucrados”, tal como lo prescribe el Artículo 3º Constitucional. La SEP no lo hizo o, por lo menos, no lo presentó.

Ante esos cuestionamientos, un nuevo Acuerdo de la SEP (15 de agosto), emitido ahora por la maestra Leticia Ramírez, tuvo el propósito de legitimar lo que ya se había revelado con los libros: se establecen nuevos planes y programas de estudio, sólo que ahora para todos los grados de los tres niveles de la educación básica. Todo ello al margen de los principios inscritos en el Artículo 3º y en la Ley General de Educación, eliminando tareas esenciales como el llamado pilotaje, así como la consulta obligada a las entidades federativas. Pero también restringiendo la parte de “formación y capacitación continua” para el magisterio, limitándose estas actividades a un Taller Intensivo de Actualización y a la sesión del Consejo Técnico Escolar, de agosto, en cada plantel.

El 3 de junio, en respuesta a los amparos, la SEP dio a conocer que esa dependencia “se apegará a la orden judicial emitida por la juez Yadira Medina, misma que establece un plazo de 24 horas para frenar la impresión de los mismos libros de texto”. Sin embargo, desde varias semanas antes, y en respuesta a esas acciones judiciales, el gobierno federal ya había reservado la información relativa a estos procesos por cinco años. La desactivación del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), por decisión de la Cámara de Diputados (ya corregida hace unos cuantos días por la SCJN), produjo el efecto de mantener impune tal negativa. Mientras tanto, la SEP ha reiterado que ha cumplido con todo lo previsto en la legislación y el presidente de la República ha afirmado, apenas el sábado pasado, que salvo tres o cuatro estados de la República “en todas las escuelas van a estar lo libros de texto, lo quieran o no lo quieran” (A. Urrutia, La Jornada 26 de agosto).

Comentarios Finales:
Un analista proclive a la esfera oficial, Jorge Zepeda Patterson (aunque también frecuentemente crítico de aquella), hace un balance del momento que se vive en el conflicto de los libros. Algunos de sus puntos de vista son muy relevantes, tal como a continuación se consigna: a) los libros tienen que estar “pedagógicamente bien hechos”. Esto significa que “los aspectos técnicos del aprendizaje deben respetarse, sin importar el énfasis ideológico”; b) dejar la tarea de vocero y dirigente de los libros de texto al titular de la Dirección de Materiales Educativos de la SEP “sobre politizó innecesariamente la divulgación de los contenidos”; c) “tampoco ayuda la decisión de reservar durante cinco años la información de cómo se hicieron los libros”; d) los nuevos libros “merecen un análisis más profundo y mesurado de lo que hasta ahora hemos escuchado” (“Pensándolo bien”, Milenio, jueves 10 de agosto).

Por los tiempos que corren, el año escolar ya iniciado, la distribución de los libros de texto constituye ya un hecho consumado. Buena parte de lo asentado en estas líneas son acontecimientos parecidos a los que el Poder Judicial, en cualquiera de sus ámbitos, seguramente valorará para resolver lo conducente. Una pregunta esencial será: ¿se acató o no lo establecido en la legislación correspondiente?

El año escolar transcurrirá con plan de estudio y libros nuevos, ambos implican una profunda transformación. Sería muy importante hacer un seguimiento preciso de todo ese proceso, así como una evaluación que permitiera conocer los aprendizajes obtenidos por el alumnado, así como la importante valoración de todo ello por parte del profesorado… ¿Lo haría la SEP?