Ley de Educación Superior: un objetivo largamente buscado

En mayo de 1971, un joven universitario presentaba su tesis de licenciatura con un título que sonaba extraño en el medio en el que se desenvolvía: Educación superior, desarrollo económico y legislación. Nunca imaginó que por esa senda temática iba a transitar buena parte de su trayectoria profesional. Las últimas cuatro líneas de ese texto reiteraban la necesidad para que en el país “operaran cambios sustanciales en la economía y en la política”. Pero que para ello, se requería también de “una planeación de la educación en general, apoyándose, a su vez, en una ley de la enseñanza superior que (sirva) como vehículo de cambio social y, en última instancia, del desarrollo del país”. Con esa ‘elocuencia’, ya lo adivinaron, aquel tesista es el autor de estas líneas.

Al cumplirse casi medio siglo de aquel episodio, la Cámara de Diputados ha aprobado el proyecto de Ley General de Educación Superior que, en calidad de minuta, le fuese remitido a la de Senadores desde el 10 de diciembre. En dos artículos previos (880 y 881) abordé ese acontecimiento. En ellos destaqué los antecedentes de dicha normatividad, sus aspectos positivos, así como las posibles contradicciones respecto a lo que, un año y medio antes, había sido la reforma al Artículo 3º Constitucional, la fuente de esta actividad legislativa. Por ello, no insistiré en esos puntos. Aquí reitero que se trata de un hito parlamentario, toda vez que se respondía a una inquietud planteada formalmente por la Anuies desde abril de 1968, así como el insólito caso de una iniciativa de ley aprobada por unanimidad.

Entre diciembre 9 y marzo 9 se rompió el consenso que, no obstante algunas discrepancias concretas, se había obtenido en la Cámara de Diputados. La hábil conducción del Senador Rocha Moya, el apoyo discreto pero efectivo del secretario Moctezuma y la determinación del subsecretario Concheiro fueron elementos clave para que, unidos a los buenos modos y mejores argumentos de los coordinadores de los grupos parlamentarios, todo el conjunto fuese determinante en el resultado obtenido. El papel decisivo lo tuvo ahora la diputada Adela Piña. Según trascendidos, el pragmatismo fiscal de la SHCP fue el freno para que lo estelar de la reforma quedase incompleta. Me refiero con ello a la gratuidad y obligatoriedad, características que darían prominencia al sistema de educación superior del país como una entidad muy avanzada en el concierto internacional.

La gran expectativa que abrió la reforma al Artículo 3º, para que gratuidad y obligatoriedad estuviesen pronto al alcance de cualquier demandante del servicio correspondiente, quedó condicionado ahora con la nueva ley. Así, mientras en la Carta Magna enfáticamente se asevera que: “Toda persona tiene derecho a la Educación” y que “El Estado impartirá y garantizará a la educación superior” (primer párrafo), o que “La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado” (Fracción X); en la LGES las expresiones condicionantes tienen frases sinónimas: “eliminar progresivamente los cobros” (Art. 5, VIII), “de conformidad con la disponibilidad presupuestal” (Art. 62), “de manera gradual” (sobre el Fondo Federal Especial, Art. 64), más otras expresiones en los Arts. 63,66 y Transitorio II. En fin, se impuso el realismo fiscal. No existen, de momento, recursos que suplan lo que aportan las magras y, a veces, simbólicas cuotas que pagan los estudiantes en los establecimientos públicos de educación superior.

De ahí la novedad que en la Cámara de Diputados reapareciesen las palabras del senador Morenista, Martí Batres, de “No supeditar los derechos sociales a la disponibilidad presupuestal”. Con otras palabras, pero expresando la misma idea, ocurrió una sorprendente coincidencia de pareceres entre diputadas y diputados de las varias fracciones partidarias, algunas no solo diferentes sino antagónicas. De las más representativas de este fenómeno, dos ejemplos: Cinthya López Castro del PRI (“El principal pendiente es la asignación presupuestal. No se puede supeditar a que no haya dinero”) o Gerardo Fernández Noroña del PT (“No puede haber compromiso con la educación de nuestro pueblo sin el presupuesto correspondiente”).

Conclusión. No todos los legisladores quedaron satisfechos con la nueva Ley. Pero se logró una coincidencia en lo esencial para lo que era una gran expectativa desde medio siglo atrás. La Ley, cualquiera, es perfectible. Como aseveró el diputado Romero Hicks: “A los que votaron en contra los invito a que revisemos el proyecto y que construyamos la siguiente etapa”.