La nueva Ley de Ciencia y Tecnología: lo general / I

“Abril es el mes más cruel”. Así tituló Cabrera Infante al más conocido y sorprendente de sus cuentos. Se refiere a un acontecimiento en un día determinado en que todo apuntaba hacia la felicidad pero que, súbitamente, se convierte en tragedia. Legislativamente algo parecido sucedió con varias de las 20 reformas o leyes procesadas en el Congreso de la Unión, en los últimos 30 días, aunque sin el aura de la primera de las situaciones.

Lo anterior viene al caso por la heterodoxa y maratónica sesión en la cámara de Senadores en que fue aprobada la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI). Heterodoxa, ya que la nueva normatividad del sector borró o redujo algunos aspectos que se estimaban como avances y, por tanto, en una línea de continuidad y progreso permanentes. Tal sería el caso del financiamiento público del sector: desde la Ley de 2004 se estableció que el uno por ciento del PIB sería el compromiso del Estado Mexicano. Ahora, este último desaparece y lo que queda es una disposición según la cual la asignación anual en el Presupuesto de Egresos Federal (PEF) debe ser mayor al del año anterior. Suena bien, pero todo eso a precios corrientes e independiente de la inflación (la de 2022 fue de 6.85 por ciento según Inegi).

Maratónica, toda vez que en la sesión de la Cámara de Diputados (el 25-26 pasados) el proceso se llevó 23 horas. La oposición presentó decenas de reservas, aunque no prosperó ninguna. El oficialismo presentó dos y estas se aprobaron. Una de ellas, precisamente la que desaparecía de la Iniciativa, era el acuerdo relativo a que el crecimiento anual en la asignación debería ser a precios reales (descontando la inflación). En contraste, el debate y la aprobación en el Senado se realizó ¡en 18 minutos)!

Dos diputadas de Morena (Tania Cruz y María Eugenia Hernández) fundamentaron la Iniciativa de Ley presentada por el Presidente en diciembre pasado. Así, indicaron que: a) “contiene mecanismos claros para orientar el fortalecimiento de la comunidad científica, la generación de conocimiento y la búsqueda de soluciones a los grandes problemas nacionales …”; b) incorpora una perspectiva de género; c) se trata de una “ley democrática que consolida la cuarta transformación en ese sector …”.

Comparativamente con la ley anterior, resulta difícil precisar los avances que tiene la nueva. Inclusive, a la inversa, fácilmente son observables los retrocesos e imprecisiones que ahí se consignan (para diletantes: compárese el artículo 64 de la Ley, con el comunicado 363, p.8, del Conacyt y la afirmación errática ahí contenida). Esto se ilustraría con tres de los más relevantes.

• Se trata de una ley general. Esto quiere decir que su ámbito de aplicación debe darse en los tres órdenes de gobierno. Tal como se aprobó, se aparta de una visión federalista, aproximándose a una de característica “concentradora y centralizadora”, como aseveró el diputado Loyola del PAN. Aunque se dice que hay facultades concurrentes, la intervención de las entidades federativas en la estructura de gobierno es prácticamente nula. Además, se contradice al Artículo 3º Constitucional cuando éste establece que el apoyo por parte del Estado a la investigación y a la innovación debe darse “conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación …”

• Gobernanza. El anterior defecto se incrementa y explica cuando se observa que el máximo órgano de gobierno del sector, el Consejo Nacional, no consigna de manera integral cómo se estructura y de cuántos miembros se compone. El Consejo tiene dos atribuciones principales: fijar la agenda nacional en la materia (prioridades), así como elaborar el programa especial del sector. Además, el Consejo se apoyaría en una Junta Directiva presidida por el / la titular del Conacyt y 14 secretarios de la Administración Pública Federal.

Ni entidades federativas ni organismos no gubernamentales ni instituciones académicas participan en esas estructuras, como sucedía con la Ley anterior. Consecuencia: desaparecen con ello los representantes de organizaciones académicas y expertos contemplados en la antigua ley.

• Gasto. Desaparecer el compromiso del uno por ciento significa justificar la escasa atención que se le ha dado al sector. Lo que llegó a ser 0.49 por ciento del PIB en 2010 (muy alejado del mandato legal), se redujo a 0.33 en 2022. Las palabras del candidato López Obrador de agosto de 2018 resuenan fuertemente en estos días dentro del sector: “que nunca haya en el país asignaciones por debajo de la inflación”.

Sólo falta que la “crueldad de abril” se reitere en septiembre cuando la SHCP presente al Congreso de la Unión el PEF 2024. En las próximas semanas intentaré desmenuzar y analizar el contenido específico de la nueva Ley.