Podcast CAMPUS
Al aire

Estado de Derecho: Ciencia y Tecnología / 1

La APF no tiene una política pública para el sector de ciencia y tecnología, por lo que operan en un ambiente de incertidumbre

Una de las causas tras el conflicto de la querella contra los científicos del Conacyt y FFCyT podría seruna falla sistémica ocasionada en el peculiar Estado de Derecho: La falta de una política pública para el sector científico

Una lectura de la Constitución: “Toda persona se presume inocente mientras no se demuestre (ante un juez) lo contrario”. La frase, con algunas pequeñas modificaciones, es un principio general presente en el derecho penal de cualquier Estado democrático. Los acontecimientos de la semana pasada, relacionados con los 31 científicos y exfuncionarios federales acusados de delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilegal de atribuciones y facultades, distan mucho de lo que debería prevalecer en el orden jurídico nacional. Los 31 han sido exhibidos por autoridades federales diversas (empezando por el espacio de las “mañaneras”) y algunos miembros del Congreso de la Unión.

En ese sentido, pareciera que la Constitución, y no se diga las leyes penales, son letra muerta. Aquel principio general tiene su correlato en el Artículo 20 de nuestra Carta Magna: toda persona tiene derecho “A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”. En el caso de los 31, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha logrado, en dos intentos ante el poder judicial, que se les atribuya el carácter de indiciados y, por tanto, queden judicialmente sujetos a proceso.

Si tal fuese la situación, y como lo marca ese mismo dispositivo constitucional: “el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente . . .” . Por sus dichos, esas autoridades y legisladores ya dan por sentado que los hechos están suficientemente esclarecidos y hasta han ‘dictado sentencia’. Por supuesto, indican que lo presentado por la FGR tiene el carácter de prueba contundente, sin tomar en cuenta el principio básico inscrito en aquél mismo artículo, referente a que: “sólo se considerarán como prueba, aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de un juicio”. Lo aseverado por autoridades y legisladores ha penetrado, inclusive, al ámbito de los datos personales, espacio también garantizado por la Constitución en sus Artículos 6 y 16.

De las cuatro acusaciones, la más nefanda es la de delincuencia organizada. Tal como se define en ese último artículo, por ella se entiende: “una organización de hecho, de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada”. Por la gravedad de los cargos, y las reacciones habidas a lo largo de la semana, la FGR y el gobierno Federal (a través del Conacyt, el acusador original) parecieran encontrarse en una disyuntiva límite: a) insistir por tercera ocasión para que un juez dicte el auto de vinculación a proceso a los 31; b) desistirse de la acción. En la primera situación, y si la nueva intentona no aporta elementos adicionales y pertinentes, el ludibrio político caería sobre esa “dependencia autónoma” y las autoridades propiciadoras. En la segunda, como control de daños, se trataría de una amnesia política que no parece estar ahora en el ánimo de sus promotores.

El origen: la explicación de todo este desaguisado reside, a mi entender, en una falla sistémica ocasionada en el peculiar Estado de Derecho que prevalece en el país, desde tres años atrás, y más específicamente, en la Administración Pública Federal (APF). Esquemáticamente: a) el Plan Nacional de Desarrollo no cumplió con lo previsto en el Artículo 26 de la Constitución ni en las leyes que lo desenvuelven (principalmente, Ley de Planeación y Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria); b) no se ha expedido el Programa del Sector de Ciencia, Tecnología e Innovación, tal como lo prescribe la Ley de Ciencia y Tecnología, actualmente vigente; c) en función de lo anterior, la APF no tiene una política pública para el sector; d) en consecuencia, la ciencia y tecnología nacionales operan en un ambiente de incertidumbre, incrementado por decisiones casuísticas (tal fue el caso de la cancelación de los fideicomisos y el Foro Consultivo). A tratar estos cuatro aspectos en detalle se dedicará la próxima semana.

Conclusión: los 31 involucrados por la FGR están siendo objeto de acusaciones cuyo sustento proviene de la alta investidura de quien las formula y no de la única instancia legalmente autorizada para ello: el Poder Judicial. Cada uno de ellos está siendo “molestado” sin que haya un “mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento” (Artículo 16 Constitucional). Se trata, como lo resumió el rector Graue: “de un despropósito y una acusación inconcebible”.

Acerca del autor

Carlos Pallán
Ex secretario general ejecutivo de la Anuies | capafi2@ hotmail.com

Deja un comentario


newsletter
campus

Recibe directamente en tu correo electrónico la edición semanal de Campus con los artículos de opinión más destacados sobre el sector educativo y los temas de coyuntura nacional e internacional.

Bienvenido

Contenido exclusivo para suscriptores

CAMPUS

Ingresa a tu cuenta

Regístrate a Campus

Contenido exclusivo suscriptores

Modalidad en línea

  • Examen de Habilidades y Conocimientos Básicos

ESTAMOS PARA SERVIRTE

Mándanos un mensaje para atender cualquier apoyo que necesites sobre el sitio Campus, el suplemento semanal, nuestros productos y servicios.

25 años de experiencia realizando evaluaciones computarizadas

Examen de Competencias Básicas de Egreso
(Excoba/Egreso)

Evalúa con precisión aprendizajes que son esenciales al término de la educación básica y de la Educación Media Superior

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on pinterest
A %d blogueros les gusta esto: