El plan fue presentado en un momento extrañamente tardío. ¿Para qué sirvió su puesta en circulación?
A principios de 2023, la subsecretaría de educación superior (SES) publicó una versión preliminar del programa nacional de educación superior 2023– 2024 (Prones), derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en su sitio web. La sometió a consideración del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (Conaces) el 23 de febrero. El 8 de junio, dio a conocer la segunda versión, con las observaciones del Conaces incorporadas. No sé si esa versión es la definitiva, pero, independientemente de ello, su timing es anómalo: la SES no suele divulgar un documento de esa índole en el cuarto año de un sexenio, sino en su primer tercio, para que sirva de hoja de ruta al proyecto gubernamental en turno para la educación superior.
¿A qué obedece entonces esa tardía publicación? ¿cumplir un compromiso anunciado en reiteradas ocasiones y recurrentemente aplazado? ¿colmar un vacío referencial sobre zonas de no-políticas, haya sido este circunstancial o deliberado? ¿lanzar un balón de ensayo acerca de la continuidad transexenal de las reformas emprendidas? No me queda claro pero el señalamiento, en el fraseado de la primera versión, de que el Prones se actualizará quinquenalmente parece apuntar a la tercera motivación.
Mal se haría, no obstante, en interpretar su extemporaneidad sólo como prueba de una deficiente planeación. Más bien, se tendría que preguntar por qué, pese a su tempo desafortunado, fue difundido. En suma, ¿para qué sirvió su puesta en circulación?
Una finalidad fue, probablemente, justificar que la coyuntura (principalmente la pandemia) limitó la expansión de la cobertura, la reducción de las brechas de atención en las entidades federativas y el mejoramiento de la equidad. Como pistas para revertir esos efectos, el documento recomienda medidas tendientes a robustecer el subsistema tecnológico, continuar con el uso intensivo de las TIC y revalorizar las universidades interculturales como núcleos a partir de los que impulsar una economía social y solidaria. Esas ya están en curso de implementación.
Otra finalidad fue, seguramente, reiterar que las prioridades de política, incluyendo la austeridad, expresadas en pronunciamientos oficiales previos, seguirán vigentes hasta finales del sexenio.
En ese sentido, el Prones no informa sobre una política pública volcada hacia delante. Por lo contrario, refrenda explícitamente los compromisos consistentes en: 1. Ampliar la cobertura con equidad. 2. Integrar el Sistema Nacional de Educación Superior mediante la coordinación de sus actores, instituciones y procesos. 3. Auspiciar la formación de excelencia 4. Impulsar la vinculación y el compromiso social de las IES con perspectiva territorial y, 5. Promover una política de financiamiento que garantice el cumplimiento de los fines de la educación superior (Prones, p. 21 y ss).
No proporciona, sin embargo, orientación sobre el punto 5, más allá de enunciar la urgencia de desarrollar una cultura financiera menos dispendiosa. Eso no basta para disipar el fastidio producido, entre muchos actores universitarios, por la insuficiencia de recursos para la educación superior, en un ámbito percibido como de incumplimiento de las promesas relativas al apoyo suministrado al nivel. Conforme con una lógica declarativa antes que instrumental, el documento no aclara mucho sobre cómo financiar un posible incremento de la demanda, fomentar la interculturalidad para todos y revalorizar la profesión académica. Sólo recalca que el esquema de asignación de recursos extraordinarios, por productividad, se ha agotado e insiste en la observancia de los principios de obligatoriedad y gratuidad, conforme con la Ley General de Educación Superior y el artículo 3ero Constitucional.
Esencialmente, el Prones confirma entonces que, en lo que resta del sexenio, las autoridades seguirán la misma senda que antes. Aunque es prolijo respecto del qué hacer, es escueto con relación al cómo, cuándo y con quienes lograrlo. No explicita cómo concretar el propósito de transitar hacia una educación superior eficiente, inclusiva y sostenible, negociar pactos de cofinanciación plurianual, diversificar los patrocinadores y garantizar la participación social. No precisa cómo inducir a los actores a respaldar el modelo de gobernanza. No cuantifica los indicadores de desempeño a alcanzar (¿al 100 por ciento?) en 2024, en todos los rubros, aun cuando enlista numerosas estrategias, metas y ejes de intervención. Menos define el monto de las inversiones y los medios indispensables para alcanzar objetivos, sean éticos, presupuestales o administrativos.
Mientras no dirima esas cuestiones, difícilmente, el Prones dejará de ser una prescindible narración programática más sobre “visión y misión”. Tampoco inspirará una transformación radical de la educación superior pública. Por demostrar que es “políticamente correcto”, evitó problematizar una situación degradada cuya superación requiere urgentemente inventividad, dinero, capacidades técnico-operativas y, sobre todo, una voluntad de desactivar tensiones en aumento. Perdió así en relevancia lo que ganó en alineamiento.
