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CTI: Nueva Ley y Palabras Presidenciales

Hace dos años, el presidente aseguró que habría crecimiento presupuestal y participación universitaria para la legislación en el sector de ciencia y tecnología.

El pasado jueves 18, cuatro titulares de otras tantas universidades abordaron el tema del anteproyecto de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que está en la presidencia de la República y que podría presentarse como iniciativa en el Congreso de la Unión, en el actual periodo de sesiones. En varias redes sociales, las rectoras Sara Ladrón de Guevara (Universidad Veracruzana) y Teresa García Gasca (Universidad Autónoma de Querétaro), así como los rectores Rodrigo Díaz (UAM-Iztapalapa) y Bernardo González Aréchiga (Universidad del Valle de México/UVM), presentaron diversos análisis y comentarios respecto a ese dispositivo. De lo ahí expuesto se puede extraer un diagnóstico, una distinción de pros y contras, y algunas propuestas. A reserva de abordar lo anterior en otra entrega, paso a una de las partes centrales del diagnóstico vinculada con la propuesta principal ahí manifestada, todo ello en medio del antecedente que dio pie a la “palabra presidencial”.

Las dos rectoras aludieron a una fecha y un documento. El 22 de agosto de 2018, día en que en el Palacio de Minería de la UNAM se verificó una reunión de representantes de la comunidad científica nacional, con el presidente electo de la República. El anfitrión fue Enrique Graue, quien se encargó de explicar el sentido de este encuentro, así como entregarle al Lic. López Obrador un documento titulado “Hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación”. Este documento contiene el resultado final de la colaboración de ochenta instituciones del país y más de dos centenas de investigadores, tecnólogos y especialistas reconocidos. Por lo que toca solo a la UNAM,  en el grupo de  colaboradores estuvo una decena de ganadores del Premio Nacional de Ciencias y Artes. De esa calidad fueron también las aportaciones.

El grupo trabajó durante siete meses y el documento significaba, en palabras del rector: “hacer del conocimiento, la tecnología y la innovación una palanca fundamental para el crecimiento económico sustentable de México, que favorezca el desarrollo humano, posibilite una mayor justicia social, consolide la democracia y la paz, y fortalezca la soberanía nacional. Se pretendía, con ello, “elaborar una auténtica política de Estado que trascienda los ciclos sexenales para que se convierta en importante patrimonio para fortalecer a la nación”.

A la intervención del rector le sucedieron nueve más. Todas representativas de los sectores de la comunidad de CTI del país. Al final tomó la palabra el Lic. López Obrador, ya con el carácter de presidente electo, declaración que había emitido dos semanas atrás el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la República.  Corrían los días de la llamada “transición de terciopelo” y, con esa  investidura, AMLO dio un mensaje, mismo que puede condensarse en los siguientes puntos: a) el sector tendrá un crecimiento presupuestal en términos reales; b) el documento que ahora se recibe será tomado en cuenta para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo; c) se trabajará de la mano con las universidades, respetando su autonomía.

Han pasado dos años y medio desde entonces. El anteproyecto de ley difiere de las palabras presidenciales, y aún pareciera ir en contra de ellas en ciertos aspectos, una vez que se examina su contenido específico.  En cuanto a lo expresado en la reunión:

  • a) el sector sigue con una baja proporción presupuestal en general en 2021 (0.5% del PIB) y al margen de las disposiciones legales vigentes; b) en cuanto a las cantidades específicas de recursos federales, incluidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se tiene lo siguiente: en 2018, 2019 y 2020, tales proporciones fueron de 0.20, 0.22 y 0.20 por ciento del PIB, respectivamente. c) Por lo que corresponde a los incrementos presupuestales en la función de ciencia, tecnología e innovación, en el mismo PEF, se observa que: en 2019 se tuvo un retroceso respecto al año anterior de 4,500 millones (a precios corrientes), para una disminución de 8%; para hacer más difícil la situación, la inflación de 2018 cerró en 4.83% ; 2020, el incremento fue de 8.49% mientras la inflación del año anterior alcanzó un 2.83% . Para este 2021, el incremento presupuestal fue de 4.05%, mientras que la inflación del año pasado se situó en 3.15%. d) Conclusión: el cumplimiento de lo expresado por el presidente  es parcial, pero también sus palabras nunca entrañaron un compromiso firme: “vamos a procurar un aumento en términos reales”; en los dos últimos años así ha sido.
  • a) El documento presentado por el Dr. Graue no fue tomado en cuenta para el PND. Todo lo allí expresado bajo el rubro de “ciencia y tecnología” se contiene en cuatro líneas y media, abordando dos tópicos: la promoción de la investigación, apoyando a estudiantes y académicos con becas y estímulos, así como que el Conacyt “coordinará el plan nacional para la innovación. . .”; b) conclusión: el ofrecimiento  del presidente no se cumplió
  • c) “Trabajar de la mano con las universidades autónomas”, no es la dominante en el anteproyecto. Más bien, como lo expresaban ambas rectoras el viernes pasado, pareciera que, tanto por los principios que se enuncian, como por el órgano rector de CTI que ahí se propone (Consejo de Estado, cuya cabeza es el presidente de la República y la mayoría de integrantes son secretarios del Poder Ejecutivo Federal). Además, “la libertad de investigación está en entredicho” (a este Consejo le correspondería “definir prioridades y criterios para la asignación del gasto público . . . la investigación que realice directamente el Estado se hará conforme a la agenda del Estado”, Art. 13).

A las dudas y cuestionamientos anteriores se suma el dato insólito relativo a que, a casi dos años de haberse aprobado el PND, el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti) aún no se  ha expedido,  contraviniendo lo previsto en la Ley de Planeación (“seis meses posteriores a la publicación del Plan . . .”, según el Artículo 30).

El tratamiento del anteproyecto en el Congreso de la Unión es posible que se dé en el actual periodo de sesiones. Es una oportunidad para que los legisladores, examinando antecedentes y análisis ya efectuados, contribuyan a que la palabra presidencial (¿olvidada?) prevalezca, así como se le hicieren los ajustes correspondientes que se han venido sugiriendo en distintos foros por la comunidad de CTI.

Por lo pronto, las dos rectoras coincidieron en la propuesta principal emanada de aquella reunión del pasado viernes: el anteproyecto debe revisarse, según la doctora Ladrón de Guevara; o “que el proyecto se destruya y crear uno nuevo”, como afirma la doctora García Gasca.

Acerca del autor

Carlos Pallán
Ex secretario general ejecutivo de la Anuies | capafi2@ hotmail.com

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