La Comisión Económica para América Latina y el Caribe presentó el Panorama Social de América Latina, el cual muestra el grave efecto de la pandemia en la zona

El pasado 24 de noviembre, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe presentó el Panorama Social de América Latina, su informe anual, con un subtítulo: “La transformación de la educación como base para el desarrollo sostenible”. Como organismo especializado, integrante de la ONU, y al igual que la Unesco o la Unicef, la Cepal está interesada y comprometida con los llamados Objetivos del Milenio, aquellos adoptados por los miembros de la ONU para reducir la pobreza y sus efectos negativos, entre ellos los relacionados con la situación educativa en el mundo. De ahí que la dedicatoria de la Cepal en esa temática resulte ahora (tras los tres años de pandemia) sumamente pertinente.
La idea central del Informe es la siguiente: el deterioro en los niveles de bienestar de la población en América Latina, el estancamiento en logros educativos y el alza en los índices de pobreza, observados desde 2015, se han incrementado con la pandemia del covid-19. Esta última, que está por entrar en su cuarto año, aunada a los factores anteriores, ha generado ya lo que el documento califica como una crisis social. Esta última, tal como se está viviendo en el mundo y en la región puede identificarse por varios aspectos, entre ellos: a) la guerra en Ucrania; b) la baja en el crecimiento económico; c) la lenta recuperación en el empleo (particularmente en empleos de calidad); d) la inflación, sobre todo en los precios de alimentos y energía; e) una caída importante en la inversión, la pública y la privada. De acuerdo con todo ello, el Panorama Social se dedica en sus 275 páginas (con sus decenas de cuadros, gráficas y anexos) a documentar detalladamente todas esas variables, llegando en varias de las situaciones descritas hasta el nivel de los países de la región.
Esa crisis social tiene su particular reflejo en la esfera educativa. De ahí que en la reciente Cumbre sobre la Transformación de la Educación, celebrada dos meses atrás en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU, el propio secretario general de esa entidad, Antonio Guterres, haya expresado que “la crisis educativa hace necesario repensar el propósito y los contenidos de la educación en el siglo XXI”. En particular para América Latina, en dicha Conferencia se propusieron cuatro áreas clave en las cuales sería indispensable trabajar: a) contar con escuelas inclusivas, equitativas, seguras y saludables; b) desarrollar, dentro del ámbito del aprendizaje, las competencias indispensables “para la vida, el trabajo y el desarrollo sustentable”; c) invertir y mejorar todo lo relacionado con los docentes, la enseñanza y su profesionalización; d) cualquier transformación en el ámbito educativo actual presupone, y debe centrarse, en lo que concierne al aprendizaje y la transformación digital.
Cada una de esas áreas clave hace referencia a diferentes acciones o programas que responderían a la pregunta elemental de “cómo hacerlo”. Dichas áreas adoptan en el documento una nueva nomenclatura: “vías de acción”, jugando el mismo papel. Así, por ejemplo, se alude o incluyen las siguientes vías: a) ampliar la cobertura escolar para la primera infancia, acelerar los avances en la universalización de la enseñanza secundaria, articular la educación con otros sectores de política pública para reducir las brechas de inclusión; b) retomar los procesos de evaluación relacionados con la desaparición de instituciones y con la operación de la educación a distancia, aprovechar las lecciones de innovación derivadas de la pandemia, potenciar el desarrollo de las competencias cognitivas y socioemocionales; c) incorporar las estrategias exitosas para renovar las formas de enseñar así como para alcanzar mayores coberturas, revalorizar y profesionalizar a los docentes; d) aprovechar las tecnologías digitales para la recuperación de aprendizajes y la calidad de los mismos, fortalecer la gestión educativa y las instancias de inclusión, contar con un sistema de información para integrar a las comunidades educativas frente a cualquier crisis; e) mejorar el financiamiento de la educación para que sea posible la inclusión laboral dentro de un trabajo docente dirigido a un mundo en transformación.
El Informe de la Cepal tiene una amplia y detallada referencia a la educación en la región así como en los diferentes países que la integran. Todo ello con una relación constante con las diferentes variables que le dan dimensión al tema de pobreza, antes de la pandemia y en los tres años siguientes. Esto se abordará la próxima semana.
Posdata: En el marco de los festejos por los 290 años de su raíz primigenia, el pasado 15 de noviembre, la Universidad de Guanajuato ha recibido un reconocimiento que culmina tras una ardua y sistemática tarea, realizada durante los últimos siete años. Los Comités Institucionales para la Evaluación de la Educación Superior (Ciees) le otorgaron el Reconocimiento de Acreditación Institucional, una distinción que se concede por primera ocasión a una institución de educación superior en los 40 años de existencia de ese organismo dedicado a impulsar “la calidad de las instituciones de educación superior y otorgar reconocimientos de acreditación”. De ese modo, los Ciees evaluaron y acreditaron tanto a la institución por entero como a varios de sus programas educativos.
El proceso que llevó a la obtención de ese galardón se basó en la autoevaluación (con una agenda o guía preestablecida, operada por equipos de la propia UG) como paso inicial, para luego, con los Ciees, emprender un trabajo conjunto de validación de resultados, culminando con los juicios de los expertos de esa agencia externa. El resultado: ésta última reconoce y valora todo lo efectuado, confiriendo una acreditación por siete años. En estas líneas se califica como un “arduo trabajo” ya que todo ese proceso llevó la participación de 500 personas de la comunidad académica, cien más dedicadas exclusivamente a la autoevaluación en una treintena de unidades académicas y, al final, la actividad de dos comités de expertos de los Ciees (uno conformado por doce evaluadores y el otro por catorce dictaminadores).
El acontecimiento es trascendente para la UG y para los Ciees. Un año y medio después de la entrada en vigor de la Ley General de Educación Superior, y con ello el establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación, pieza clave del Sistema Nacional de Educación Superior, ambas instituciones obtienen resultados tangibles para lo que, como efecto de demostración, pueda impulsar decisivamente el mejoramiento de ese tipo educativo en el país. Una entusiasta felicitación para ambas instituciones y sus directivos.
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