Campañas Políticas VII / Reunión en Anuies

Por la representación de la precandidata Sheinbaum estuvieron presentes, haciendo sendas intervenciones, la Dra. Rosaura Ruiz, el Dr. Axel Didrikson y la Dra. Alma Herrera. Un resumen de lo más relevante ahí expresado sería el siguiente. La Dra. Rosaura, antigua directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM y exsecretaria de educación, ciencia y tecnología de la CDMX, expuso lo que ella misma definió como “la síntesis de las políticas que hemos venido planteando”. Así, expuso doce de estas últimas, entre las cuales podríamos destacar como más significativas algunas que resultan novedosas y otras que podrían ser un avance del diagnóstico correspondiente sobre el sector. Entre las primeras, las novedosas, merecen destacarse: a) el desarrollo de licenciaturas y posgrados compartidos entre las diversas IES a escala nacional; b) algo similar a lo anterior pero en materia de proyectos de investigación; c) consolidación de las universidades interculturales, instituciones que tuvieron un cierto grado de abandono en el sexenio anterior y en el presente, pero que ahora parecería revalorizarse su papel, no obstante que su creación se haya efectuado por parte de la propia Xóchitl Gálvez, con la dirección de una académica prestigiada como Sylvia Schmelkes; d) impulso de carreras o áreas prioritarias, por parte de las IES, para el desarrollo local y nacional.

Por lo que se refiere a los diagnósticos ahí esbozados, sobresalen dos: a) el reconocimiento relativo a que en muchas de las instituciones públicas de educación superior (el caso del Tecnológico Nacional, mencionado expresamente) los alumnos pagan cuotas, no obstante la gran reforma constitucional en la que se consignaba, desde 2019, la obligación del Estado Mexicano para que ese tipo educativo se considere gratuito, como un derecho para que el estudiantes acceda y permanezca en dichas instituciones; (b) impulsar la educación dual y a distancia. La primera, propuesta desde casi medio siglo atrás y que ahora es retomada por el equipo de la candidata Sheinbaum. Algo similar ocurre en lo que se refiere a la educación a distancia, (propuesta impulsada con gran interés desde el año 2000, teniendo un impacto trascendental en 2012, cuando se crea la Universidad Nacional a Distancia de México) pero que no ha sido favorecida con los recursos y medios suficientes para su cabal desarrollo) c) la necesidad de establecer políticas claras de financiamiento.

La segunda intervención fue la del Dr. Didrikson, prestigiado académico de la UNAM, quien resaltó lo siguiente: a) la educación privada es un bien público, circunstancia que debiera ser suficiente para que las IES que pertenecen a este segmento no actúen como si se tratara sólo de una empresa; b) informar que algunas instituciones, como el Tecnológico Nacional, ya están incorporando materias prácticas dentro de un esquema que permite avanzar en materia de aprendizaje, considerando problemas y proyectos específicos; c) la necesidad de modificar, o enfatizar, el papel que deben tener las IES en materia de “resolución de problemas”, locales o nacionales, ubicados en los tres órdenes de gobierno, y alejándose de las concepciones que asimilan a aquellas a una “torre de marfil”. A este respecto mencionó varios ejemplos en los cuales algunas IES colaboran en proyectos relacionados con la producción de Litio, la relocalización industrial o nearshoring, las cuestiones de migración y algunas otras. Todo esto desde lo que debe ser, tal como está anunciado en la Ley General de Educación Superior (LGES, 2020) por parte del Espacio Común de la Educación Superior del país / ECOES (instancia que tiene el objetivo de facilitar la libre movilidad de estudiantes y personal académico así como el establecimiento de redes y alianzas entre IES nacionales y extranjeras).

La Dra. Herrera, rectora de la Universidad Rosario Castellanos, recordó que esta institución, fundada por el gobierno de la CDMX, en mayo de 2019, cuenta ya con once unidades distribuidas en esta entidad y con una matrícula de casi 50 mil alumnos atendida por mil profesores de tiempo completo. Entre las principales características ahí destacadas están las siguiente: a) el punto de partida para la puesta en marcha de la universidad, en materia de planes y programas de estudio, fue la “digitalización aplicada al proceso de aprendizaje”, misma que supuso un cambio radical en las tareas a realizar. Así, por ejemplo, se dejó de pensar en aulas para pasa a “espacios digitales”, de muy diversa naturaleza y dimensión; b) la institución no tiene procesos de selección tradicionales vía un examen. La admisión inicial se realiza con base en un curso propedéutico que consta de cuatro módulos, cursados aproximadamente en un año de duración, e impartiéndose en línea, de tal modo que el alumnado que termina satisfactoriamente se incorpora ya como alumno regular; c) cada una de las licenciaturas se desarrolla en ocho semestres; d) derivado de esa característica de digitalización, se informa que ya está próxima a inaugurarse una unidad modelo arquitectónica que permita, de manera integral, facilitar el proceso de aprendizaje.

Las tres intervenciones anteriores, que parecieran resumirse en una de las frases expresadas por la Dra. Rosaura (“La educación superior como derecho y no privilegio”), suscitaron un buen número de comentarios y propuestas (una veintena) por parte de los asistentes. Aquí se incluye un apretado resumen de las mismas. En primer lugar, las provenientes de las instituciones públicas de educación superior:
“Debe garantizarse la autonomía”, propuesta y comentario que fueron reiterados por varios rectores

El recordatorio de que la reforma constitucional de 2019, y la Ley General de Educación Superior, aún esperan el cumplimiento en varios aspectos: a ) el Fondo Federal Especial para la Obligatoriedad y la Gratuidad; b) el establecimiento de presupuestos multianuales; c) la obligatoriedad en el financiamiento por parte del gobierno federal y entidades federativas; d) la puesta en marcha del Sistema Nacional de Evaluación; e) las relaciones indispensables entre los sectores de educación superior y el de ciencia y tecnología; f) la instalación completa y consolidación de las Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior (COEPES).

Reconocer lo positivo que resulta enunciar que la educación superior debe considerarse como una política o visión de Estado. A esto se suman algunas observaciones: La duda sobre si ya se cuenta, más allá de lo jurídico, con un auténtico Sistema de Educación Superior; b) la indispensable interacción entre instituciones será un elemento fundamental para ello; c) la necesidad de que tanto en la obligatoriedad del Estado Mexicano respecto al nivel medio superior y superior, “debe asegurarse su cumplimiento”; d) la trascendencia de que en todas las políticas que se vienen planteando para la campaña electoral pueda insertarse la visión de la Anuies.

La importancia de incrementar la cobertura, ilustrándose con el ejemplo del estado de Guerrero, donde en la región de la Montaña se ha pasado en unos cuantos años de dos mil a catorce mil estudiantes matriculados. Al igual que la simplificación de trámites escolares vía la digitalización de procesos administrativos.

La interacción entre universidades y empresas como parte de una política de Estado, haciéndose mención de clústers como forma específica y, junto con ello, la necesidad de reconfigurar el presupuesto, con mayor certidumbre y suficiencia, tal como se prescribe en la LGES.

Los avances habidos en el Tecnológico Nacional (integrado por 259 institutos: 126 federales y 123 descentralizados), mismo que cuenta con un 42 por ciento de programas de licenciatura reconocidos como de buena calidad, así como 45 posgrados.

Por lo que corresponde a las instituciones privadas, algunos puntos significativos ahí expresados fueron: a) el reconocimiento de que este tipo de instituciones constituyen, efectivamente, un bien público; b) la necesidad de definir, con base en “el modelo de país que queremos… cuál es el modelo de profesional que se requiere”; c) lo trascendente que resulta reducir la disparidad entre cobertura y oferta educativa, a partir de una visión estratégica que conduzca a una formación integral y equitativa; d) derivado de esto último, la importancia de establecer programas compensatorios en la política educativa; e) avanzar en la modernización del Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE), tal como se consigna en el artículo 72 de la LGES.

Comentarios:
Reuniones como estas tienen o tendrán, finalmente, una expresión electoral. Deberán incluirse en la plataforma que se presente al INE en el registro de las candidaturas. De ahí que los diagnósticos expresados sean leves y, en su lugar, puntos relacionados con este se expresen más bien como propuestas. Así por ejemplo, él no haber cumplido cabalmente con la promesa de apoyo que tendría la educación superior, a partir de lo que fue la reforma del Artículo Tercero y su expresión de la Ley General de Educación, se conviertan en propuestas específicas destinadas a corregir lo que no se hizo. Tal sería el caso de la ampliación de la cobertura, la consolidación de las universidades interculturales, el mejoramiento de la infraestructura y el Fondo Federal Especial.

Un aspecto positivo es el rescate de iniciativas valiosas en su diseño en tiempos pasados, pero que no fueron implantadas o, por lo menos, no adecuadamente. Tal es el caso de las universidades interculturales, la educación dual y la educación a distancia.

El conjunto de temas y comentarios ahí vertidos integran una agenda que pareciera común en algunos puntos ya esbozados en la precampaña de Xóchitl Gálvez. Difícilmente se podría discrepar en las propuestas, aunque sí en los diagnósticos como ya se ha expresado. Pero, recuerde el lector, aún no se está propiamente en la campaña electoral; faltan reuniones, pronunciamientos y, sobre todo, los debates entre los candidatos.