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SNI: algo para recordar

El Sistema Nacional de Investigadores se creó para apoyar a las instituciones de educación superior y de investigación científica.

Enorme revuelo ha suscitado en la comunidad científica y universitaria la aparición de un documento no oficial (power point o cosa parecida) que contiene modificaciones sustanciales al Sistema Nacional de Investigadores. Aunque las autoridades directamente responsables por este Programa (Conacyt) no han confirmado su autoría, tiene, sin embargo, la marca de la casa seguida desde diciembre de 2018. Las  reacciones ampliamente mayoritarias, hasta ahora, son de cuestionamiento de la esencia de aquél documento. La alarma detonada parece justificada, tiene la apariencia de un “globo sonda” para escudriñar el terreno al cual estaría destinada una eventual propuesta oficial. En ese sentido, compartiendo buena parte de la preocupación, quisiera recordar el sentido original de esa muy relevante política pública implantada en 1984.

Desde junio de 1981, en la economía nacional  —y con ella las finanzas públicas—  había detonado una crisis derivada de la baja abrupta en los precios del petróleo, para diseminarse con gravedad en otras esferas públicas a partir de septiembre de 1982. Se inicia con ello la llamada década perdida. Entre las tantas repercusiones de esa situación, el salario real del personal académico tuvo, a su vez, una baja muy pronunciada. Fue la insistencia de Jorge Flores (a la sazón subsecretario de educación superior de la SEP) y Salvador Malo, quienes lograron que Jesús Reyes Heroles, titular de la SEP, en un día y medio aprobase la constitución de ese programa. Este inicia con un doble propósito: apoyar a las instituciones de educación superior y de investigación científica, así como  fortalecer los ingresos del personal de esas instituciones.

Gradualmente, como casi siempre es recomendable hacer las cosas en materia de políticas públicas, en ese año el naciente SNI tuvo mil 300 investigadores, 16 mil 500 en 2010 y  32 mil en 2020. También, como cualquier política pública, su implantación tuvo críticas, menores por cierto, pero luego se fueron haciendo más evidentes al paso del tiempo.

Veintiséis años después, en 2010, conscientes  de aquellas críticas, el Conacyt propició la celebración del Primer Congreso de Miembros del SNI, en Querétaro. Ahí, en un ambiente de libertad y diálogo entre pares, se expusieron pros y contras en torno al SNI. Entre los primeros sobresalían: a) se constituyó como una pieza fundamental de los sistemas de educación superior y el de ciencia y tecnología; b) permitió paliar “el efecto de la crisis en los bolsillos del personal académico”; c) para éste último, se constituyó en “un signo distintivo de la calidad de su trabajo”; d) fue un impulso esencial para el avance de la investigación, desarrollo experimental e innovación, relevantes para el avance del país, manifestado, en buena medida, en la satisfacción de necesidades sociales.

Por lo que toca a las críticas: a) fue muy difundida la relativa a la burocratización del organismo (el papeleo, real y electrónico, los plazos fatales, los facilitadores ineficientes) con las consiguientes molestias y pérdida de tiempo para los investigadores; b) la falta de transparencia en algunos de sus procesos; c) el no distinguir la investigación por disciplinas y reflejarlo en la evaluación correspondiente; d) las distorsiones en el objetivo principal, de tal modo que: “a lo único a lo que se dedican los investigadores es a juntar los puntos necesarios para permanecer en el nivel alcanzado”; e) no se garantiza la igualdad de género, etc.

El propio Jorge Flores estaba consciente de muchas de estas observaciones en 2010, indicando que: “desde la creación del SNI no ha habido otro cambio para apoyar de manera estructural a la ciencia y ya es momento de hacerlo”. Por su parte, el propio director general del Conacyt en aquél año, Juan Carlos Romero Hicks, afirmaba que: “Estamos certificando individuos, pero no trabajamos como sistema; podemos presumir logros significativos en la producción científica, pero no así en la tecnológica, las cifras nos muestran que no tenemos competitividad en ese sentido . . . (a partir de ahí, el gran reto) es ubicar dentro de las políticas públicas el tema de ciencia y tecnología”.

Nunca más hubo un segundo Congreso de Investigadores. Han pasado diez años que se cumplieron en mayo pasado. Ante el alud de críticas al documento oficioso, pero, sobretodo, por la tradición habida en ese sector, más lo previsto en la legislación vigente (Ley de Ciencia y Tecnología) en materia de consultas a la comunidad científica … ¿no sería indispensable  y oportuno desahogar las cuestiones ahora presentes en un nuevo congreso?

Acerca del autor

Carlos Pallán
Ex secretario general ejecutivo de la Anuies | capafi2@ hotmail.com

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