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Pre-criterios SHCP (2021) y pandemia/ I

Tal y como lo prescribe el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el 1º de abril el Ejecutivo Federal envió al Congreso este documento, etapa inicial de un proceso que culminará el 8 de septiembre, cuando se remita a ese Poder el llamado Paquete Económico y los proyectos de Ley de Ingresos (LI) y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). En esos términos, los Pre-C deben contener: a) los objetivos de la LI y el PEF para 2021; b) previsiones sobre las principales variables macroeconómicas; c) el posible monto del PEF, con expresión de déficit o superávit; d) los programas prioritarios y posibles montos.

Las 78 páginas de texto tienen, como una especie de diagnóstico condicionante del conjunto, dos elementos principales. Por un lado, el compromiso del Gobierno con la llamada disciplina fiscal y, simultáneamente, la responsabilidad de mostrar una posición en las finanzas públicas que contribuya a mitigar los efectos económicos de la pandemia. Por otro, identifica ya los efectos negativos que se están generando con aquella: la disminución de la actividad económica; b) la disrupción en las cadenas productivas; y c) la incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros.

Como contrapeso a esa situación, que ya mostraba perfiles críticos, se mencionan también los factores que, con el nombre de “amortiguadores”, podrían disminuir o paliar aquella situación. Entre ellos: a) los fondos y reservas del sector salud para enfrentar contingencias; b) los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP, 158 mil millones de pesos al cierre de 2019); c) las reservas internacionales del Banco de México por 186 mil millones de dólares (mmd), la línea de crédito del FMI por 61 mmd, más las divisas disponibles en la Reserva Federal de los EE.UU. por casi 70 mmd. En suma, 475 mmd.

Ante ese panorama, de necesidad y disponibilidad, el documento define una estrategia: “buscar un balance entre la necesidad de apoyar e impulsar la economía y la disciplina fiscal”. Para lograr lo anterior, se desarrollan acciones encaminadas a: a) que las finanzas públicas no contribuyan a agravar la situación macroeconómica”; b) hacer más eficiente la recaudación fiscal; c) generar ahorros presupuestales; d) utilizar los activos financieros del sector público como fuente adicional del presupuesto, con la finalidad de minimizar el eventual endeudamiento.

Independientemente del juicio que se formule en torno a la oportunidad, profundidad y pertinencia del camino adoptado, habría que resaltar la celeridad con que ya se han instrumentado algunas de las medidas enunciadas. Así: a) la recaudación de marzo tuvo un incremento de 30 por ciento respecto al mes anterior (375 mmdp, en total); b) se determinó (erróneamente por la Secretaría de la Función Pública y no por SHCP) una reducción de 50 por ciento en el gasto corriente por parte de las secretarías y dependencias del gobierno federal, medida que significaría alrededor de 70 mmdp; c)  a lo anterior se agregaría una reducción del 8 por ciento en las participaciones a las entidades federativas; d) el FEIP se reduciría, quedando con un saldo de 30 mmdp; e) se cancelarían, por considerarlos “ociosos”, 182 de los 335 fideicomisos públicos, mismos que podrían alcanzar un monto que rondaría entre los 110 o 180 mmdp, de los 740 mmdp que representa el total de los mismos.

El anexo IV del documento consigna 81 programas prioritarios  para el próximo año. Casi la totalidad de ellos prevén aumentos que rondan el porcentaje de inflación previsto para el próximo año (3.2 por ciento). Las excepciones notables con incremento  son dos: la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior (SEP), que pasa de 28.9 a 34.8 mmdp, para un incremento superior al 20 por ciento; y el de Vigilancia Epidemiológica (Salud) que pasa de 532 a 650 millones para un incremento de 22 por ciento. Pero también están las excepciones a la baja: el Programa Nacional de Reconstrucción (SEDATU), se queda en 1,500 millones frente a los 2,168 de este año, una disminución de 31 por ciento.

Con las excepciones anotadas, los sectores de Salud y Educación están en la generalidad: un incremento que ronda la inflación prevista. Algunas obligaciones de orden constitucional, en el caso de ese último, como sería la obligatoriedad de la educación superior, no se contiene en ese cuadro de prioridades para el próximo año. Por lo pronto, en las reducciones que ya se están implantando en estos días, la SEP contribuirá con 22.6 mmdp y el Conacyt con 1.6 mmdp, un total de 24.2 mmdp, representando ambos  el 35 por ciento del total.

Acerca del autor

Carlos Pallán
Ex secretario general ejecutivo de la Anuies | capafi2@ hotmail.com

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