Políticas sexenales en educación superior

Al mismo tiempo, se ubicó el momento en que se generaron ya las políticas formales en esta materia a partir de lo que fueron las reformas constitucionales a los artículos 25 y 26, en 1982-1983. En estos dispositivos se estableció la llamada “rectoría del desarrollo nacional” a cargo del Estado, y se determinó la organización de un Sistema de Planeación Democrática que se apoyaría en un Plan General de Desarrollo, mismo que sería el sustento de todos los programas de la Administración Pública Federal. En función de todo lo anterior, correspondería ahora hacer una retrospectiva que permita situar los orígenes de las políticas en esta materia a partir de lo que fueron algunas políticas sexenales.

El Artículo Tercero emanado del Constituyente de Querétaro, en 1917, no incluyó mención alguna a la educación superior. Lo mismo sucedió con la primera gran reforma, la de 1934, que consignó acciones estratégicas para el Sistema Educativo Nacional (SEN) de esa época, aunque incluyó la fundación del Instituto Politécnico Nacional en 1936 como una trascendental acción sexenal. La segunda reforma al Artículo Tercero, impulsada por Jaime Torres Bodet y Manuel Ávila Camacho, en 1946, puso bases muy firmes para el SEN, particularmente para el desarrollo de la educación básica y media de la época; sin embargo, fue omiso también en lo tocante a la educación superior. Para 1950, este nivel educativo (nomenclatura de la época) contaba con una docena de instituciones y una matrícula de 32 mil estudiantes. De ahí quizá, la poca atención que mereció la educación superior en la elaboración que el propio Torres Bodet realizó de su puño y letra.

A partir de 1950, año en que se funda la Anuies, los rectores y directores de las instituciones asociadas sugirieron propuestas que les permitieran un mayor desarrollo, en concordancia con lo que ya estaba sucediendo en el país en materia económica y social. Eran los años de un crecimiento anual de la economía del seis por ciento (los del milagro mexicano) y una dinámica demográfica explosiva de 3.4 anual. Fuera de la UNAM y el IPN, las pocas instituciones restantes dependían de las entidades federativas, tanto en su normatividad como en su financiamiento mayoritario. De allí que las preocupaciones de rectores y directores de aquellas tomasen cuerpo en sugerencias concretas como: establecer una ley de la enseñanza superior, la creación o transformación de más IES públicas y la asignación de mayores financiamientos provenientes de la federación, ante la parquedad de los recursos estatales (En esa época las universidades estatales integraban su presupuesto con 60, 20 y 20 por ciento, provenientes de la entidad federativa, el presupuesta federal y los ingresos propios, respetivamente)

Ya en 1970, el gobierno de Luis Echeverría implanta un conjunto de medidas destinadas a fortalecer la educación nacional. Entre otras, se expide la Ley General de Educación (ya en consonancia con lo que había sido la reforma constitucional del 1946), se abre una segunda etapa para los libros de texto gratuitos, se incrementa notablemente el número de instituciones de educación superior (nuevas universidades estatales y la duplicación de los tecnológicos federales), se otorgan financiamientos ordinarios y extraordinarios que transforman los presupuestos de las instituciones y muchos más. Se trataba, como ejemplo, de políticas de un sexenio.

Esas políticas fueron continuadas a partir de 1976 por el gobierno de López Portillo, con la importante gestión que tuvieron los secretarios Muñoz Ledo y Solana. Son años de un gran crecimiento de la educación superior, pero basado todo esto en la decisión presidencial. No había aún políticas de Estado, con la excepción de tres muy importantes: a) la Ley para la Coordinación de la Educación Superior (1979); b) la fijación de la autonomía universitaria como una garantía orgánica constitucional (1980); c) la adición a la Ley Federal del Trabajo, con un Título Sexto, correspondiente al trabajo universitario (1980).