Paquete económico 2023: visión general/ I

Dos acontecimientos internacionales ponen en entredicho el optimismo presente en el Paquete Económico (PE2023) expuesto en este espacio la semana pasada. Por un lado, el recrudecimiento del conflicto Rusia-Ucrania, con la amenaza del uso del poderío nuclear por parte de la primera; por otro, las fuertes caídas de las bolsas de valores en varios países desarrollados acaecidas el viernes pasado, suceso mayor que agrava sensiblemente lo ocurrido en ese ámbito a lo largo del mes. Los dos acontecimientos tienen repercusión en todo el orbe y México no es la excepción. Con ello, las perspectivas de una recesión económica mundial son cada vez más tangibles. Los pronósticos más recientes de la OCDE, dados a conocer este último lunes, así lo ponen de manifiesto.

Para esa organización, y con referencia a México, el gran condicionamiento económico, el PIB, lo sitúa ya en 1.5 por ciento, exactamente la mitad de lo que prevé el PE2023. En fin, lo que acontece en el mundo repercute en nuestro querido México y el Congreso de la Unión debería estar al corriente de todas las nuevas circunstancias para, eventualmente, hacer los ajustes que la realidad ha ido modificando radicalmente en las tres semanas transcurridas desde que recibió dicho documento.

Todo esto viene a colación por los propios datos suministrados por la SHCP en cuanto se refiere a un potencial escenario B; es decir, de no darse los supuestos contenidos en el PE2023. Con un sano y pragmático ejercicio previsor, esa dependencia dio a conocer el día 20 un análisis de lo que llamó “las principales (y potenciales) desviaciones macroeconómicas”; en otras palabras: ¿cuál sería el impacto, contante y sonante, de no cumplirse las hipótesis formuladas en el Paquete? Entre ellas las referentes al PIB (impacto fiscal), el petróleo (precio y plataforma), tipo de cambio y tasas de interés.

Como podrá observarse y dada la situación que prevalece al día de hoy, de las potenciales “desviaciones” varias de ellas tendrían un signo negativo. Así: a) si el pronóstico de la OCDE se actualizara, el efecto adverso en materia de recaudación fiscal sería de 46.2 mil millones de pesos (mmp) por cada punto del PIB; b) una alteración en la paridad cambiaria peso-dólar, aplicable a la deuda externa del gobierno federal y estatal, significaría 5.1 mmp por cada 10 centavos en la variación; c) el precio del petróleo está fijado en 68.7 dólares por barril y la plataforma de producción en 1.8 millones diarios. Cada dólar de diferencia significaría, arriba o abajo, 13.1 mmp diarios, estimándose, además, muy difícil que los volúmenes actuales de extracción, situados en 1.6 millones de barriles, puedan llegar al 1.8 previsto; d) tasas de interés, por cada 100 puntos base, el gasto público se incrementaría en 31.1 mmp, debido a los intereses de la deuda fijados a tasas variables, al igual que el refinanciamiento de todo aquello que esté por vencer.

Los datos de la SHCP son pronósticos. Y estos, si efectivamente tienen los rasgos de “realistas y prudentes”, se cumplen y los resultados previstos se obtienen. Pero, de no ser así, dichos resultados pueden ser desastrosos. ¿Qué ocurrió en este 2022? Viéndolo como ejercicio, el Paquete de 2022 fijó en 4.1 y 3.4 por ciento lo referente a PIB e inflación; pero como se indicó la semana pasada, el propio Paquete 2023 ya sitúa al finalizar el presente año al PIB en 2.4 y a la inflación en 7.7 por ciento. Diferencias enormes: ¡una caída de 41 por ciento en la primera y un aumento 120 por ciento en la segunda! Así, el optimismo manifestado por la SHCP para 2023 tiene ya un antecedente adverso ¿error de los técnicos y especialistas de la dependencia, un mundo muy cambiante, la influencia política que requiere del optimismo para la propia gobernanza? ¿Cualquiera de ellos o una combinación?

Como ya se dijo, parte integrante del 2023 es el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Esto, como es entendible, está influido o motivado en su aprobación final por preferencias, prioridades o presiones. El del próximo año tiene ya un compromiso ineludible, o programas obligatorios que importan la cantidad de 6.21 billones, frente a los 8.29 billones del gasto neto previsto en el PEF, un 75 por ciento del total. Si a esto se le suman, como ya se dijo la semana pasada, los llamados programas presidenciales, insignia o “socialmente focalizados”, las cantidades disponibles para los programas restantes tienen incrementos menores. Así, significativamente, los referentes a educación (910 mmp) y salud (868 mmp) tienen un incremento real de 4.8 y 4 por ciento.

Tales incrementos pueden resultar ya artificiales en este momento dados los cambios acaecidos en las últimas semanas. Esto se debe a que dicho “incremento real” está calculado a partir de los dos supuestos de los condicionamientos generales para el 2023: el 2.4 del PIB y el 3.2 por ciento de inflación. Una mínima modificación en cualquiera de ellos transformaría ambos rubros en programas deficitarios, independientemente de que operase el Plan B de la SHCP. Sobre esto último, el subsecretario Yorio ha expresado tal eventualidad con estas palabras: “En el caso de que no se cumplan los supuestos de ingresos (lo previsible), sería reasignar el gasto o pausar inversiones, toda vez que no se puede incurrir en mayor endeudamiento que el autorizado por el Congreso” (F. Gazcón, El Financiero, 14 de septiembre). Este último, el endeudamiento, está cuantificado en 1.134 billones, el más alto en 34 años y, ciertamente, clasificado como un déficit que complementa al PEF, alteraría sobremanera una de las políticas hacendarias consistentes en lo que va del sexenio.

Conclusión: Lo sucedido en el mundo en el último mes impacta fuertemente a la economía nacional y, con ello, a las finanzas públicas. Las posibilidades de una recesión son señales que el Congreso tendría que tomar en cuenta. Tiene hasta el 15 de noviembre para actuar en consecuencia… siete semanas en que aún pueden pasar muchas cosas.

La próxima semana abordaré lo relativo a educación, ciencia y tecnología.